La decisión de Guillermo Lasso de acudir al mecanismo de “muerte cruzada” que dio lugar a la disoluión de la Asamblea Nacional desató en el país una fuerte andanada de críticas por parte de diversas organizaciones sociales y representantes de los partidos políticos.
El común denominador de dichas críticas es que califican la decisión del mandatario como “ilegal”, ya que la misma no se sustenta en las causales previstas en la ley que la define.
Según reseña Prensa Latina, la constitución ecuatoriana señala que “la muerte cruzada se puede aplicar si la Asamblea Nacional se arroga funciones, si el órgano legislativo obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna”.
Dentro de los principales críticos de la medida adoptada por Lasso se encuentran los exasambleístas Esteban Torres, del Partido Social Cristiano; y Yeseña Guamaní, de Izquierda Democrática, quienes ya “presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional”.
“Si el decreto carece de legalidad”, declaró Torres al momento de la entrega formal,del documento a la Corte Constitucional, “la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos estos dos años, pero si por el contrario el documento tiene la validez por parte de la CC, nos iremos a elecciones”.
La decisión que adopte la CC, afirmó el expresidente del Parlamento Virgilio Saquicela, “es un tema de urgencia nacional porque el poder Legislativo quedó disuelto sin existir la conmoción social de la cual habló el jefe del Ejecutivo”.
En ese mismo sentido, agrega la agencia de prensa, “el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, reiteró que pese a que el decreto de muerte cruzada es un mecanismo establecido en la Constitución, en este contexto no es justificada su aplicación pues no demuestra la existencia de la causal de conmoción social y crisis política”
Como respuesta al accionar presidencial, “la Conaie se declaró en vigilia permanente” y sus miembros subrayaron “que estarán atentos ante las decisiones del gobierno de Lasso y en defensa permanente de los intereses del pueblo ecuatoriano”.
De acuerdo a lo comunicado por el Consejo Nacional Electoral, las elecciones generales anticipadas serñan convocadas para antes del 24 de mayo, tal y como se dispone en la normativa nacional.
Todos los pedidos de declaración de inconstitucionalidad, serán revisados por los jueces Enrique Herrería y Jhoel Escudero.
El órgano informó “que Herrería estará a cargo de examinar la demanda de inconstitucionalidad presentada por los exasambleístas de una facción del movimiento Pachakutik”, en tanto corresponderá a Escudero estudiar y resolver sobre la demanda entregada por la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Izquierda Democrática (ID).
Al ser entrevistado por CNN, luego de resolver la aplicación de la muerte cruzada, Lasso reconoció que el decreto tenía como objetivo “impedir el retorno al país del expresidente Rafael Correa”.
“Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir de varios meses”, afirmó Lasso, quien subrayó que había sido una decisión en la que juó un papel fundamental lo que calificó como la “actitud belicosa de los opositores”, quienes promovieron “un juicio político acusándome de un delito que no existe”.
En este escenario, señala PL todo el Ecuador espera la respuestas de la Corte Constituciona respecto a la legitimidad, o no, de la medida adoptada por Guillermo Lasso.
