Los canales cables de Montevideo, propiedad de los canales 4, 10 y 12, comenzaron a brindar servicio de internet aprovechando cambio en la Ley de Medios.
Fabricio Mato
Esta semana se conoció que las tres empresas de televisión de cable de Montevideo comenzaron a ofrecer servicio de conexión a internet luego de recibir del Poder Ejecutivo la licencia que los habilita para esto en junio del año pasado.
Montecable, TCC y Nuevo Siglo (que pertenecen respectivamente a los canales 4, 10 y 12) comenzaron a prestar su servicio en una parte del barrio La Blanqueada.
Los tres canales son propietarios de la empresa Equital, que es la que instala y mantiene la red, lo que hace que las tres empresas de cable están en las mismas condiciones, ofreciendo los mismos planes y a los mismos precios, lo que hace pensar en mecanismos contrarios a la tan invocada competencia.
El precio y las condiciones de servicio que ofrecen estas empresas es también el mismo que brinda ANTEL, por lo que la habilitación de la licencia clase B (la que permite brindar servicio de datos fijos) no ha tenido tampoco ningún impacto para los clientes, en tanto no hay ninguna innovación en la oferta de los cableoperadores.
En contra de lo que se señaló reiteradamente por parte del gobierno cuando defendió esta norma, la zona en la que se está realizando el tendido inicial no es la que tenía algún tipo de dificultades de servicio por parte de la empresa estatal y pública de telecomunicaciones, sino que, los cables van a brindar el servicio en una zona de 100% de cobertura de fibra óptica por ANTEL.
Pero llama la atención que la propia ANTEL paga a estas empresas (que compiten con ella) tres millones de dólares por año, en un servicio que Daniel Larrosa, director frenteamplista de ANTEL, considera que ha generado importantes pérdidas para la empresa estatal.
Estos mismos canales y sus empresas de cable han disfrutado de exoneraciones de impuestos a la importación de herramientas, materiales y equipamiento requeridos para brindar su servicio.
Pero si esto no fuera suficiente, el gobierno de Lacalle Pou ha exonerado a estas mismas empresas del pago de las tasas establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por el uso del espectro radioeléctrico (para radio y TV) y por la cantidad de contratos (en caso de la TV para abonados).
Y si con esto no alcanzara, el Poder Ejecutivo otorgó un millón y medio de dólares a estos canales para financiar las producciones de La Voz (canal 10), La Máscara (canal 12) y Bake Off (canal 4), a través de un fondo para difundir la producción cultural nacional, en una adjudicación que, de tan burda, fue objetada por el Tribunal de Cuentas.
El director frenteamplista de la URSEC, Pablo Siris, ubicó en cerca de 19 millones de dólares la cifra transferida en estos tres años a los canales de televisión privados y eso sin contar la reducción en los controles de los excesos de tanda, el nulo control de la titularidad de los medios a efectos de evitar las concentraciones indebidas, entre otros favores que se les ha otorgado a los medios.
La nueva redacción que le dio la coalición de derecha en el gobierno al artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que fuera aprobada con el voto en contra del Frente Amplio, en la pasada Rendición de Cuentas, señala: “los titulares de servicios de comunicación audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet, a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia”.
En la discusión en el Parlamento el Frente Amplio argumentó que lo único que se buscaba con este cambio en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era abrir el estratégico y cada vez más relevante negocio de la transmisión de datos a las trasnacionales y al oligopolio mediático nacional. La derecha dijo que hacía esto para beneficiar “a los pequeños cableros del interior del país que estaban enfrentando una situación difícil”. A las pruebas nos remitimos.
Para más claridad, las empresas DirecTV y Cablevisión, así como Claro y Movistar también están solicitando las licencias para brindar datos, de manera que el golpe a ANTEL será de una enorme magnitud.
El argumento de la gerencia jurídica de la URSEC para recibir esos pedidos es que la Constitución de la República garantiza que “todas las personas tienen derecho a hacer peticiones”, según informó también La Diaria esta semana.
En la nota se señala también que la URSEC menciona el artículo 7 de la Constitución, que consagra, “entre otros, los derechos a la libertad y al trabajo”, y el artículo 36 de la carta magna, que dispone que “toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes”.
El mismo medio recordó que el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, había señalado en una rueda de prensa que la norma indica “quien sí puede hacerlo, pero no dice quien no puede hacerlo”. Agregó también que “es discrecionalidad del Estado discutir cada caso”, y agregó que habrá que analizarlo, puesto que “hay unos que tienen derecho positivo, mientras que otros hay que analizarlos”.
El director Siris, dijo también a La Diaria que las modificaciones en el artículo 56 establecieron que quienes podrán solicitar licencias clase B son los operadores de televisión para abonados por la modalidad de cable, no satelital. “Al señalar que es para los abonados de la modalidad para cable, obviamente se señala que esto no es para otros operadores de televisión”, indicó, y agregó que entiende que “la interpretación que hace el Poder Ejecutivo y que acompaña ahora la URSEC es una interpretación equivocada”.
Siris sostuvo también que la interpretación que hace la URSEC del artículo 36 de la Constitución incorpora un “gigantesco nivel de discrecionalidad escudado en una supuesta libertad de comercio-empresa”.
Por su parte, el Director Nacional de Telecomunicaciones, Acosta y Lara afirmó: “Estamos en una libre competencia donde el mercado no lo podemos segmentar, no podemos decir ‘este compite, este no compite’. Estamos en una posición de libre mercado, más allá de los posicionamientos que puede tener la empresa pública”.
Según el director de Telecomunicaciones, ANTEL no necesita “ningún tipo de protección” para esto porque 97% del acceso a internet lo tiene la empresa pública. “¿Quién va a competir en estas situaciones? No es tan fácil. Bienvenidos todos los que quieran venir a competir con la empresa pública si compiten contra alguien que tiene 97% de la fibra de Uruguay. Es a su costo y riesgo. No veo ningún tipo de problema en ese sentido”, reflexionó el jerarca, y aclaró que “no porque pueda ser un fuerte competidor le vamos a decir que no, porque ahí estaríamos generando un perjuicio a una empresa y obviamente tendríamos responsabilidades”, concluye la nota de La Diaria.
En la nota que publicaba El Popular el 22 de julio de este año denunciábamos que no es esta la única medida que se ha tomado contra ANTEL en este período.
“La decisión que se adopta ahora va en línea con otras que se han tomado previamente por parte de este gobierno, como sacar a ANTEL del mercado de contenidos y destrozar toda la infraestructura que el organismo tenía alrededor de Vera TV, entregando la producción nacional de contenidos a las plataformas de streaming y a los grandes capitales de los medios.
Al mismo tiempo, son criminales los cinco años de demora en brindar el servicio 5G (para esperar a los privados, según explicó Paganini) y no aprovechar las ventajas competitivas que implicaban el elevado nivel de inversión que se había realizado para este rubro en ANTEL durante los gobiernos del Frente Amplio.
Por otra parte, se implementó la portabilidad numérica que solamente ha perjudicado a Antel de manera consistente, porque no podía ser de otra manera, porque para eso fue implementada, porque eso es lo que mandan los CEO de Movistar y Telefónica, a pesar de la falta de interés que este mecanismo ha provocado en los clientes.
Pero eso sigue sin ser todo. Se redujeron las tarifas que pagan Claro y Movistar a Antel por las llamadas que se hacen de celulares a los teléfonos fijos y así mismo se redujo el precio de las llamadas a teléfonos celulares, lo que no tuvo impacto en las tarifas a los consumidores y, en cambio, sí produjo importantes perjuicios a Antel y pingües ganancias a las multinacionales”.
El gobierno de Lacalle hijo intenta lograr lo que no pudo el gobierno de Lacalle padre: liquidar a ANTEL y al resto de las empresas públicas para quitar la influencia de las políticas públicas y del Estado en áreas que ellos (con el acompañamiento de sus amigos en las multinacionales y los grupos de medios) entienden que deberían quedar en mano del mercado para beneficio de unos pocos y en desmedro de nuestro pueblo.
Foto de portada:
Foto: Ricardo Antúnez, adhocfotos.
