Gonzalo Perera
A veces, por la alta fidelidad de las cámaras y micrófonos que cubren la cancha en un partido de fútbol, puede apreciarse como el jugador de un equipo le da un descomunal patadón a un rival, para luego ir junto a algún compañero “pesado” a “apalabrar” al juez, el que finalmente toma medidas insignificantes en relación a la falta cometida. Cuando eso ocurre, es una clara injusticia, que da bronca, pena o vergüenza y parte del fútbol, del espíritu del deporte como sana disputa sujeta a reglas, muere ahí mismo. Por lo pronto al juez en cuestión se le pierde confianza, pero, además, el aficionado sano pierde interés en el juego mismo, porque se da cuenta que no importan ni méritos ni reglas, sino la capacidad de “apriete”, dentro o fuera de la cancha. Ahora bien, puesto a elegir el menor de dos males, una circunstancia como la anterior, si es aislada, si es básicamente ese patadón, es menos grave que la masacre, es decir, cuando un equipo lisa y llanamente mata a patadas a otro sistemáticamente, quizás sin la violencia del patadón, pero de forma permanente y planificada, con un juez mirando para otro lado. La sistematicidad, la obvia complicidad entre una parte y quien se supone neutral e impartiendo justicia, hace profundamente indignante un tal partido, porque si un horror aislado, aunque cueste, podría intentar explicarse de algún modo, la reiteración permanente y coordinada de violaciones a las reglas, no hay cortina que la tape ni excusa que la explique. Pero el extremo del asco es cuando se unen la práctica sistemática de la agresión del adversario y apriete del árbitro y dando cada tanta patada criminal. Aquí la conclusión es que el fútbol, sus reglas, el espíritu deportivo, el otro y sus derechos, no importan un reverendo bledo para quienes cometen esos abusos, y degradan la actividad, la destruyen. Pero, sobre todo, alejan la gente honesta, esa que se siente tomada por idiota ante el “vale todo” que ampara a pocos.
A menudo usamos el fútbol como alegoría. Lo haremos una vez más. Cuando a fines de la semana pasada leíamos el intercambio de mensajes vía chat realizado en los últimos días de marzo del 2023 entre el entonces Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde y Gustavo Penadés (ya bajo acusación de delitos de abuso sexual de menores), lo que sentimos fue una mezcla de vergüenza e indignación bastante más grave que la que produce ver a un futbolista patear la cabeza de un adversario frente a un juez que dice “siga, siga”. En el nada honorable intercambio, Iturralde tilda de “cagón” (sic) al fiscal de corte subrogante Juan Gómez, le explica a Penadés como presionó con sus dichos para que el caso no fuera tomado por la fiscal Mariana Alfaro, a quien catalogó, por su accionar en casos muy notorios de delitos sexuales, como “una HDP” (sic). Anunciando, además, y posteriormente confirmando, que la responsabilidad recaería sobre la fiscal Alicia Ghione, sobre la cual dijo que es “nuestra” y calificó como “crack” (sic) y “monstrua” (sic, adjetivo usado coloquialmente, como gran elogio, no de forma literal), por archivar varias causas, con carátulas vinculadas a corrupción y delitos sexuales, que afectaban a dirigentes y militantes blancos. La fiscal Ghione, en un claro ejercicio del “no aclare que oscurece”, manifestó que conocía personalmente a Iturralde, pero que su militancia política se limitaba a sus épocas de estudiante, en la CGU (Corriente Gremial Universitaria, afín al Partido Nacional, de presencia significativa en algunas facultades como Derecho). Omitió en sus recuerdos que en las elecciones de 1994 integró como primera suplente del puesto 41, la lista 97 del Partido Nacional, llamada “Nuestro Compromiso”, que postulaba al Dr. Juan Andrés Ramírez a la Presidencia y que en el tercer lugar, como titular, aparecía Pablo Iturralde. La renuncia de Iturralde, comunicada primero por redes sociales, reconoce expresamente que los chats son suyos, aunque los pretende amparar en su carácter privado y personal, iniciando un canto seguido por toda la derecha para centrar el problema en cómo se “filtraron” los mensajes. Vale mencionar que para el presidente del segundo partido (de manera sistemática) del Uruguay desde el 2004, lo privado y personal es recomendar una película, mandar saludos en alguna fecha especial, o compartir las dichas o penas de la vida propias a todo ser humano, por asuntos de salud, familiares, etc., pero nunca puede ser ni privado ni personal el relato de cómo se apretó al Poder Judicial para que le abriera espacio en determinada causa a una fiscal que “es nuestra”, haciendo primera persona del plural con el imputado por delitos gravísimos que deberían ser objeto de decisión judicial sin interferencia alguna. El hecho puntual es absolutamente asqueante, y es ridículo que se catalogue la inevitable renuncia de Iturralde a su cargo como un acto “valiente’, cuando debe ser investigado a nivel judicial y político, por alevoso condicionamiento real al Poder Judicial desde el partido que ocupa el Poder Ejecutivo.
Pero más allá de este tremendo patadón a la democracia misma, hay que ver todo el partido.
Hay que ver todos los discursos de le derecha contra la Justicia, clamando por contemplación hacia los “viejitos” recluidos en Domingo Arenas (terroristas de Estado), o los reiterados ataques a Jorge Díaz cuando era fiscal de corte, atribuyéndole permanentemente operaciones partidarias como intento de escapatoria ante los múltiples escándalos que ha generado este gobierno que como te protege un Marset, te transforma en poderoso criminal a un Astesiano y cada tanto “pasa a saludar”. Hay que ver el constante ataque a la “ideología de género” y la intención de hacer aún más difícil el proceso de denuncias de violencia o abusos relacionados a género, cuando el país vive una auténtica emergencia nacional en materia de femicidios y delitos relacionados. Hay que ver como se criminaliza la protesta, incluso más allá del Poder Judicial, como la delirante sanción aplicada por las autoridades educativas, desoyendo la sugerida por el análisis jurídico del caso del director del IAVA.
Todos sabemos que el artículo 8 de la Constitución es utópico, que es falso que sólo nos distinguimos por nuestros talentos y virtudes. Todos sabemos que no es igual la severidad para el ladrón de alto vuelo que para el pobre que delinque. Pero una cosa son las fallas de la realidad respecto al “deber ser” normativo, generado por una sociedad atravesada por flagrantes desigualdades de clase en todo tema, y otra, muy distinta, es prender fuego con soplete la Constitución y las leyes.
La derecha en el gobierno está atacando los pilares de la Democracia, como la Libertad de Expresión, criminalizando la disidencia y haciendo leyes de medios a la medida de sus socios hegemónicos, o con el autoritarismo de la LUC, con el apalancamiento del narco país, con el vaciamiento de contenido de la Educación y también con un feroz ataque al Poder Judicial, cuya independencia se ha intentado quebrar por completo.
Obviamente hay funcionarios muy dignos en todo el Estado y en particular en el Poder Judicial, y habrá que ir hasta el fondo para frenar el atropello.
Porque esto no se trata del patadón antidemocrático de Iturralde, sino de la masacre, la guerra a los pilares democráticos que ha sostenido la derecha en el gobierno, con mayor o menor perfil, de manera permanente, con una intención clara de domesticar a la Justicia.
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Fiscalía de Delitos Sexuales en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
