Amparado en la nueva Ley Especial de Reestructuración Municipal, el gobierno de Nayib Bukele se encamina a transformar el mapa administrativo de El Salvador.
La intención del gobierno es reducir los actuales 262 municipios que quedarían agrupados en 44.
La nueva ley fue ratificada el miércoles por el presidente Nayib Bukele, luego que la misma fuera aprobada con el voto favorable de 67 de los 84 diputados del Congreso,
La nueva normativa entrará en vigor el 1 de mayo de 2024, cuando comience la próxima legislatura, tres meses después de las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales, consignó la BBC.
A partir de ese momento solo habrán “44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales: en total 460 ediles en todo el país”, lo que constituye “una cifra considerablemente menor que los 3.000 actuales”
En contraposición a la defensa que realiza el presidente salvadoreño de la nueva norma, desde la oposición se afirma que se trata de una regresión que solo tiene carácter e intención electoralista.
Consultada por la BBC la analista política, Bessy Rios afirmó que la reestructuración era necesaria, sin embargo criticó “la falta de diálogo a la hora de elaborar el plan”.
«Se pedía desde sociedad civil que éste fuese consultado en el territorio (…) no hay un estudio técnico con el que se haya explicado a la población los motivos por los que habría que hacer 30, 20, 100 o 44 municipios», puntualizó.
Por su parte los que apoyaron la ley indican que esta permite reducir la burocracia, lo que redundará en una mejor atención a los ciudadanos, fomentando, además “la transparencia y la rendición de cuentas”.
El argumento ha sido rechazado por la oposición que señala que no se trata de «reducir la burocracia, sino aumentarla».
En ese sentido la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos declaró al medio de prensa que «si antes el ciudadano podía dirigirse directamente a su alcalde, ahora tendrá que recurrir primero al jefe de su distrito; éste, al alcalde del municipio; y el alcalde trasladará la petición a la Dirección de Obras Municipales».
Más allá de las argumentaciones de Bukele y sus aliados en el Congreso, el escepticismo sobre la transformación administrativa persiste.
«Con las nuevas alcaldías de 5 o 6 distritos los proyectos serán más grandes y las posibilidades de corrupción siguen existiendo. No se reducen, ya que la corrupción depende de las personas que pongas al frente», afirmó la analista política Bessy Ríos.
El cambio, desde el punto de vista económico, de la estructura administrativa del país significará de acuerdo al Ministerio de Hacienda “un ahorro de US$250 millones anuales para las arcas del Estado salvadoreño”.
Un excedente que, de acuerdo a un comunicado emitido por la Asamblea Legislativa “podrá destinarse a una mayor y mejor inversión en obras y servicios de calidad para la población».
En ese sentido la analista Ríos, insistió en que «el principal problema de la reestructuración es que no garantiza que el desarrollo llegue a las comunidades que lo necesitan, porque falta un plan estratégico que la complemente”, crítica esta que es acompañada por la diputada de la oposición Claudia Ortíz que denunció que «los mismos diputados oficialistas que hablan de ahorro con la reducción de municipios aprueban millones de dólares de incremento presupuestario para los rubros de comunicaciones y prensa del ejecutivo».
«No, no es el ahorro lo que motiva la reducción de municipios. Es el cálculo electoral», sentenció Ortiz, quien añadió que en el país “el poder se está concentrando cada vez más. Nadie tiene ya capacidad de decisión. Ni alcaldes, ni concejales, ni los mismos diputados (…) el único que verdaderamente toma decisiones es el grupo de poder que está en el ejecutivo. Han ido eliminando funcionarios, modificando leyes y creando instituciones para este esquema vertical y central».
