“Estamos ante un problema de política pública”, afirma Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario

Este viernes 10 de Setiembre, en Sala 15 del edificio anexo del Palacio Legislativo, la oficina del Comisionado Parlamentario, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República y la Fundación Zelmar Michelini firmarán un acuerdo para iniciar talleres de promoción de derechos humanos en varias cárceles del país.

Por Rolando Arbesún
La información publicada en la página web del Parlamento nacional destaca que la firma de este acuerdo tiene como eje central la promoción de los derechos humanos en las prisiones del país
Previa a la firma de este acuerdo, el Comisionado Parlamentario presentará, en horas de la tarde de este jueves, ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario una nueva propuesta que lleva como título: “Plan de combate de la reincidencia y en favor de la rehabilitación”.
Para Juan Miguel Petit, nuestro sistema penitenciario es “gigante, desproporcionado, débil en su intervención técnica, con enorme reincidencia, violento y explosivo”.
El Comisionado reconoce, según aparece consignado en la página de la institución, que se han realizado grandes esfuerzos por parte de “la mayoría de sus funcionarios”, pero que la realidad del sistema “los supera”.
Para Petit, estamos ante un “problema de política pública que involucra a los tres poderes del Estado. ¿Qué hacemos ante este macroproblema?”, se pregunta al tiempo que señala que la propuesta que será presentada es el aporte de la Oficina del Comisionado ante esta situación.
La propuesta del Comisionado ha sido presentada a diversas autoridades y organismos, entre las que se destacan, el Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación, a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Ministerio de Desarrollo Social.
En el marco de esta iniciativa, se añade, el funcionario cuya tarea es el asesoramiento técnico al Parlamento en esta materia, se reunió con “el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa” y desarrolla diálogos “con legisladores de todas las bancadas”.
El “plan”, añade el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, “se inspira en la evidencia y programas realizados en otros países, que tenían sistemas penitenciarios gigantes e ineficientes y buscaron una alternativa a la millonaria e inabordable construcción de más cárceles”.
“El plan propuesto se base en cuatro pilares: fortalecer el sistema de medidas alternativas y la Oficina de Libertad Asistida, reforzar la gestión de la Dirección Nacional del Liberado pasándola al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, aumentar significativamente la presencia de ASSE en las cárceles con tratamiento de adicciones y salud mental y proceder a la reestructura del Instituto Nacional de Rehabilitación aumentando su capacidad técnica para hacer realidad el “derecho al tratamiento de todas las personas”, se señala en la publicación de la Oficina del Comisionado.
En declaraciones a la prensa, Juan Miguel Petit, enfatizó que “las medidas alternativas, hechas de manera sólida, permiten atender los delitos leves y las personas que no son de riesgo penal, evitando que se agrave su situación en la cárcel con penas cortas que son solo simbólicas pero que generan más delitos” y que “la presencia de ASSE, en todas las cárceles, con salud mental y tratamiento de adicciones, es tan ineludible como urgente, si queremos hacer frente en serio al delito, a las drogas y a la exclusión social. Y el trabajo post penitenciario, que es la clave para bajar la reincidencia”.
Para ello, agregó, se “requiere de herramientas de política social que no cumple la Dirección Nacional del Liberado, que casi no tiene presencia en buena parte del país, por lo que creemos debe ser asumida por la cartera especializada justamente en eso, en lo social, o sea el Ministerio de Desarrollo Social”.
Desde el pasado año y en ocasión de las discusiones sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), el especialista del Parlamento ya había alertado, como las modificaciones que se introducirían impactarían de forma negativa y dramática al sistema penitenciario.
Sus palabras no fueron escuchadas y en la actualidad el país tiene unos 13.880 prisioneros y se encamina a tener 14.000 personas privadas de libertad, lo que constituye un “récord histórico”.
Los aumentos de la población carcelaria, no se han visto acompañados de aumentos en “los recursos técnicos, de vigilancia o logísticos para asegurar el derecho al tratamiento, base constitucional de la justicia penal y la convivencia. El aumento poblacional fue de un 10% en los últimos 12 meses”.
En la actualidad, el hacinamiento en las prisiones uruguayas ha vuelto a ser crítico, porque “si bien se han instalado nuevos cupos o camas”, no se trata de un crecimiento habitacional planificado ni diseñado para tal fin.
Con una de las mayores “tasas de prisionización“, nuestro país exhibe la espeluznante cifra de 390 personas privadas de su libertad cada 100.000 habitantes, “una cifra que supera largamente a todos los países de América del Sur y Europa, por encima incluso de países de alta prisionización como Brasil, que ahora tiene 381, o Rusia con 327 prisioneros por cada 100. 000 habitantes.

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