Los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, presentaron este miércoles una ampliación de la denuncia penal por la ilegal concesión del Puerto de Montevideo por 60 años a la trasnacional belga Katoen Natie.
El 29 de septiembre de 2020, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) había presentado ante la Fiscalía de delitos Económicos y Complejos una denuncia penal contra el en ese momento ministro de Transporte, Luis Alberto Heber; el subsecretario, Juan José Olaizola; el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, por “irregularidades y hechos de apariencia delictiva”, por la concesión de la operativa del puerto de Montevideo y la terminal de Contenedores, por 60 años a la trasnacional belga.
Los dos senadores, en declaraciones de prensa, señalaron que el punto central de la ampliación de la denuncia es que con el plan de negocios de la empresa belga “queda demostrado que la tesis de la exclusividad o monopolio a favor de Katoen Natie era una mentira que se utilizó para justificar un beneficio arbitrario”.
Este jueves la bancada de senadores del FA emitió una declaración en respaldo a esta nueva acción en el caso. La declaración sostiene que “es nuestro deber legal, en tanto funcionarios públicos, como legisladores y es nuestro deber moral, denunciar ante la justicia hechos que, como hemos fundamentado, configuran graves delitos contra el patrimonio público”.
“Rechazamos la acusación de defender los intereses de empresas privadas, lo que constituye una agresión no sólo contra los Senadores, integrantes de la principal fuerza política del país, que presentamos, confirmamos y ampliamos la denuncia judicial, sino contra el Parlamento del que formamos parte”, indica.
La declaración agrega que “nuestro profundo desacuerdo y nuestra confrontación es con el gobierno, que es quien ha propiciado esta entrega de la soberanía nacional por un período que excede largamente su mandato, al punto de comprometer, con toda clase derivaciones económicas e institucionales, los próximos 60 años del devenir del Puerto de Montevideo. El gobierno guarda un llamativo silencio, amparándose en los argumentos de la empresa beneficiaria de tan nociva e ilegal entrega.
“Seguiremos haciendo los máximos esfuerzos políticos, institucionales y legales para impedir la entrega del Puerto de Montevideo, que incluye al propio Reglamento General de Atraque de Buques, lo que despoja a la Administración Nacional de Puertos de un instrumento fundamental para cumplir sus funciones reguladoras y la soberanía sobre el Puerto”, indican.
