Un informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), documenta que América Latina y el Caribe, a pesar de contar con apenas el 8% de la población mundial, es la región donde se reporta un tercio de los homicidios que se producen en el mundo.
En el reporte se señala que tanto la violencia como la inseguridad, constituyen la precupación central de los ciudadanos de la región, una preocupación que indica que los problemas relacionados a la seguridad y la violencia provocan, además de pérdidas de vida; una merma importante en el área económica por su impacto en las posibles “inversiones, la productividad y el crecimiento, al tiempo que deteriora la confianza en las instituciones”.
“Los costos directos de la delincuencia”, se afirma en el informe del FMI, “alcanzan el 3,4% del PIB de Latinoamérica, lo que equivale al 78% del presupuesto público para educación, al doble de lo destinado a asistencia social y a 12 veces del gasto en investigación y desarrollo”.
Otro estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dado a conocer el lunes coincide con las conclusiones del producido por el FMI al señalar “que cada acto de violencia genera un efecto dominó que impacta más allá de las víctimas, trastocando la vida de comunidades enteras, desde la actividad turística o la migración, hasta la productividad empresarial”.
En la región, afirma el reporte, se encuentran ocho de los diez países más violentos del mundo, siendo las tasad de homicidios en América Latina superiores a los 30 homicidios por 100.000 habitantes.
Chile y Perú, son países, se lee en el estudio, cuyas tasas de homicidios son inferiores al guarismo regional, en tanto en “Brasil, Colombia y México, donde vive alrededor del 60% de la población de la región, concentran el 70% de los homicidios”.
El estudio del BID titulado “Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de estimaciones para América Latina y el Caribe”, describe “que el gasto público para responder y prevenir el crimen promediaron entre 3 y 3,5% del PIB en 17 países de la región en 2014”.
En dicho cálculo se toman en consideración tres áreas: “pérdida de capital humano (tiempo productivo perdido por delitos no letales, homicidios y encarcelamientos), equivalente al 22%; el gasto de las empresas privadas en mitigación, un 47%; y el gasto público en prevención del crimen y justicia penal, que representa un 31%”.
“Los grupos criminales organizados”, se advierte en el Informe, “que cometen la mitad de los homicidios en las Américas, están aumentando su presencia e influencia, especialmente en las ciudades y territorios cercanos a puertos y rutas comerciales o zonas de industrialización” y sus dinámicas “están evolucionando de manera preocupante”.
El próximo mes de diciembre, cuando se realice la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, el BID reiterará su postura de estimular políticas públicas “para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad”, haciendo foco “en intervenciones basadas en evidencia”.
La Cumbre, se propone facilitar la coordinación regional para la implementación de las medidas, así como la promoción de la movilización de recursos.
De acuerdo a la investigación del FMI si se “reduce la tasa de homicidios en América Latina al promedio mundial (disminuir un 60%) aumentaría el crecimiento anual en un 0,5%, lo que implicaría ganancias del 5% del PIB en 10 años”.
Dicha disminución, se aclara en el estudio, es costoso si se focaliza solamente en el aumento del “gasto en orden público y seguridad”, ya que lo que se requiere es “un enfoque más integrado, que mejore la eficacia de los fondos e incluya inversiones sociales para abordar problemas de larga data, como el acceso al trabajo y mejoras en el Estado de derecho”.
