Rodrigo Gorga y Federico Penino (*)
Más allá de los elementos estratégicos, globales y de largo plazo que se ponen a consideración en la discusión programática y que fueron desarrollados en el artículo de Bruno Casartelli de esta misma edición de EL POPULAR, el programa no puede ser ajeno a las urgencias que están viviendo las grandes mayorías actualmente. Cuando se vaya a conversar con la ciudadanía en la campaña próxima debemos tener respuestas claras.
Este gobierno ha agravado la situación de los trabajadores y los más vulnerables, es uno de los grandes ejes estructurantes de su propuesta.
La nuestra es distinta, por eso afirmamos que existen dos modelos de país, y en la política económica es donde más claro se evidencia. Nunca bajo un gobierno del FA hubo crecimiento económico y caída del salario real, como si lo hubo en este, con récord de las exportaciones incluido. Los gobiernos del FA registraron crecimiento y distribución simultáneamente. Se cambiaron las relaciones laborales al mismo tiempo que se produjeron avances en las áreas sociales cubiertas por el Estado. Cuando no hubo crecimiento económico, como durante el último gobierno, se cuidó de no deteriorar las condiciones de los trabajadores.
Sin embargo, esto no fue suficiente para retener una vez más el gobierno y la ciudadanía a través de su voto nos lo hizo saber. Perdimos las elecciones nacionales en 2019 y en parte estuvo relacionado con los problemas económicos del último gobierno, problemas para los que no se pudieron desarrollar respuestas superadoras.
De hecho, los principales indicadores sociales, como la desigualdad, dejaron de mostrar mejoras ya en el 2013. Esto evidencia que no podemos reivindicar la vuelta al momento previo en que perdimos las elecciones, debemos avanzar y superar los límites del modelo progresista de la primera era de gobiernos del FA. Se debe retomar lo mejor del pasado, fueron muchas las cosas buenas que se hicieron, pero frente a lo que no pudimos dar respuestas exitosas, debemos plantear nuevos enfoques.
Un aspecto central a superar son los escasos avances en la estructura productiva. Nuestras exportaciones continuaron concentradas en bienes primarios. Si bien se incorporó tecnología en algunos bienes, como la carne a través de la trazabilidad, y se desarrollaron sectores relacionados a los servicios no tradicionales, como las TICs y el Turismo, las continuidades son las que permiten afirmar que no se logró romper la historia.
Los mecanismos de distribución desarrollados por el FA dependieron de los grandes ingresos del exterior, principalmente a través de la renta de la tierra, mientras su volumen lo permitió, otros sectores se apropiaron una parte del excedente, se expandieron derechos y se mejoraron las condiciones de vida del resto de la población. Pero una vez que las condiciones externas cambiaron, el proceso de distribución no se pudo mantener.
La sobrevaluación cambiaria, mecanismo que se utilizó para distribuir la renta y aumentar los ingresos de los trabajadores en términos reales, se hacía a costa del desarrollo productivo de muchas industrias que no pudieron competir con un tipo de cambio bajo. Por lo que este modelo no solo no pudo sostener las mejoras en el bienestar que repercutieron en el revés electoral de 2019, sino que también profundizó nuestro carácter primario y dependiente. De hecho, la entrada de capitales del exterior tomo la forma de extranjerización del aparato productivo. El libro Uruguay for export (2023, ediciones El Berretín) que fuera reseñado en estas páginas explica en detalle este proceso (1).
Los signos de agotamiento se hicieron evidentes sobre el final del último gobierno, e incluso para continuar atrayendo capitales del exterior se arriesgaron elementos como el ambiente y la soberanía, pero se hizo evidente que por dicho camino no se encontraron las respuestas adecuadas.
Transformación de la estructura productiva
La transformación de la estructura productiva es necesaria para reducir la dependencia de nuestro país, que se manifiesta entre otras cosas, en la vulnerabilidad de nuestra economía frente a shocks externos y los límites que enfrenta el Estado para llevar adelante políticas transformadoras. La volatilidad que ha presentado nuestra economía a lo largo de la historia nos hecho incapaces de generar períodos sostenidos de crecimiento de los ingresos, con crisis periódicas que generan importantes impactos sociales.
El objetivo, por tanto, es el cambio en la estructura productiva, aumentar el peso de sectores de actividad que generen mayor valor agregado, y sustenten las bases del crecimiento económico sostenible en el tiempo, den trabajo calificado y de calidad y permitan aumentos de salarios estables y duraderos. Se debe potenciar a los sectores productivos más dinámicos, con políticas específicas, que arrastren a otros sectores de la economía, generen puestos de trabajo calificado y respeten los límites ambientales. En el centro de esta propuesta está el trabajo.
Las políticas de este gobierno obligan a que uno próximo tenga que recomponer la situación de los trabajadores frente a los retrocesos actuales. En particular, la pérdida de la parte del valor producido que se apropian los trabajadores, especialmente para los trabajadores más vulnerables, recurriendo a los instrumentos que ya se usaron en los gobiernos anteriores. Sin embargo, los problemas estructurales del mercado trabajo, que relega a una enorme cantidad de trabajadores a la precariedad, requiere de otras medidas. Para atender la situación de los 550.000 trabajadores que perciben un ingreso menor a los $25.000 líquidos, no será suficiente la restauración de unas políticas laborales con un nuevo equilibrio a favor de la clase trabajadora.
Es necesario pensar en políticas de desarrollo de largo plazo, dónde no sea el mercado quien defina las prioridades y que cuente con un activo rol del Estado en materia de planificación, regulación y conducción de los procesos productivos. Con empresas públicas fuertes y eficientes. Estas, por su carácter estratégico, actúan en sectores claves que proveen insumos esenciales para la producción y para el bienestar básico de la población. Se debe asegurar la soberanía del patrimonio público que ellas representan. A su vez, su sobrevivencia está ligada a que se apueste a su crecimiento, en inversión y líneas de negocio, así como en asociaciones con capitales privados que le aseguren la participación mayoritaria. Por esto es necesario asegurar que su conducción política esté alineada con los objetivos de desarrollo del país.
Se debe dar un fuerte impulso a las políticas de ciencia, tecnología e innovación, como otro aspecto en el que se hace evidente la dependencia. Además de asegurarse de que el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología refleje su importancia, se deberán desarrollar políticas en el sistema educativo alineados. En particular, se debe potenciar el rol de la Universidad de la República y orientar los objetivos de estas políticas al desarrollo productivo.
Las compras públicas debe ser un instrumento de fomento a la producción nacional, lo que deberá ir acompañado de la revisión de los esquemas de promoción de inversiones y las exoneraciones fiscales asociadas, y a su vez potenciar el vínculo del sector productivo con el sistema financiero.
Además de impulsar la transformación productiva, es necesario que el Estado habilite mecanismos de distribución de los beneficios que produce el crecimiento económico. En este sentido, es primordial la reducción de la jornada laboral. La conocida Ley de 8 horas, aprobada durante la presidencia de Batlle y Ordoñez, cumplió más de 100 años y al día de hoy existen condiciones objetivas y subjetivas que permitirían la reducción de la jornada, alcanzar el objetivo de 40 horas semanales sin afectación salarial ni del sistema productivo.
No puede concebirse la transformación productiva sin una jerarquización de la integración regional, necesaria para fortalecer el papel de los Estados en su soberanía para aplicar políticas productivas y sociales. Los espacios de coordinación regionales, como el Mercosur, la CELAC y la UNASUR, son necesarios para fortalecer esta perspectiva.
Políticas para reducir la desigualdad y ejercicio pleno de derechos elementales
Para reducir la desigualdad también será necesaria la aplicación de políticas activas. Las políticas implementadas en el primer ciclo progresista tuvieron dificultades para modificar la llamada desigualdad primaria.
Deben aumentarse y direccionarse los impuestos directos, en particular los que se generan a partir de rentas extraordinarias y grandes patrimonios. Es la única forma de que el 1% más rico de la población, los grandes capitalistas, que se apropia del mismo ingreso que el 50% más pobre, aporten a un proyecto de país más equitativo y con justicia social (2).
Debemos también plantearnos objetivos audaces en esta área. En el programa se debe establecer que se asegure la disponibilidad de recursos e instrumentos para combatir el flagelo de la pobreza, con particular énfasis en el objetivo de erradicar la pobreza infantil, en el marco de un conjunto de políticas públicas que se planteen cortar con el ciclo de reproducción de la pobreza.
No puede admitirse que tantos habitantes del país vean vulnerado su derecho a un techo digno. Se deberá reforzar el Fondo Nacional de Vivienda en línea con el proyecto de Ley presentado por la Bancada 1001 y el FA en 2022, a los efectos de asegurar un piso mínimo de inversión pública para la construcción de viviendas. Esta herramienta deberá ser complementada con acciones sobre el mercado de alquileres evitando la especulación y el abuso; así como fortalecer los diferentes modelos cooperativos y soluciones colectivas.
Otras abordajes en la política económica, que se enfoquen en desatar los nudos estructurales, que reduzca la dependencia frente a shock externos y permita la generación de una etapa de crecimiento económico duradera, ambientalmente sostenible, que desafíe las estructuras económicas, que distribuya los ingresos de forma más igualitaria a través de mejores condiciones de trabajo. Esto no solamente es necesario si queremos construir un ciclo duradero de políticas en favor de las mayorías menos privilegiadas, también es posible.
(*) Economistas, militantes del PCU.
Referencias:
(1) https://elpopular.uy/uruguay-for-export/, El Popular, Edición 652
(2) https://elpopular.uy/ideas-para-otro-modelo-economico-parte-1/, El Popular, edición 616.
Foto de portada
Movilización de la Confederación de Sindicatos de la Industria, desde la Explanada de la Intendencia a la Torre Ejecutiva. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
