El pasado martes 6 de abril y luego de la declaración del estado de excepción del 27 de marzo, el Parlamento salvadoreño aprobó nuevas y controvertidas medidas dirigidas a enfrentar las maras.
Las nuevas medidas se adicionan a las votadas la pasada semana cuando una iniciativa de reforma del Código Penal y endurecimiento de las penas recibiera el visto bueno de la Asamblea.
En medio del estado de excepción, solicitado por el presidente Nayid Bukele y avalado por el Parlamento, las nuevas normativas serán aplicadas por un mes, sin que ello impida la posibilidad de su extensión en el tiempo.
Las nuevas medidas legislativas atañen a la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia.
Del mismo modo, “quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial”, extendiéndose “el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas”, consignó la cadena informativa BBC.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido estas modificaciones argumentando que ellas permiten un mejor escenario para el combate contra las pandillas en país.
Además de las medidas que hacen posible la sanción a medios de prensas y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras, las normativas aprobadas por un Parlamento de mayoría oficialista, incorporan “la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas”, así como, “la incautación y uso posterior de bienes y armas para combatirlas”.
Bukele, señala la BBC, ha amenazado “con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si en la calle sus grupos comienzan a vengarse», debido al régimen de excepción declarado, luego de una intensificación de los asesinatos en el país.
Como parte de sus amenazas, el mandatario salvadoreño expresó que no le “importa lo que digan los organismos internacionales (…) que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno», declaró durante un discurso dirigido a nuevos funcionarios de los cuerpos policiales y de seguridad.
Los anuncios del gobierno de Bukele despertaron la alarma en la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, quien ya señaló su preocupación por estos anuncios.
«Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos», aseguró este martes su portavoz, Liz Throssell.
