Con motivo del incendio que se produjo en un residencial de Treinta y Tres que provocó la muerte de diez adultos mayores y a pesar de las afirmaciones del ministerio de Salud Pública (MSP) y del de Desarrollo Social (MIDES) que aseguraron que tras las últimas inspecciones no se había detectado un “riesgo” que condujera a determinar el cierre del lugar, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) inició una investigación de oficio.
Mediante un comunicado la institución subrayó “la necesidad de una supervisión y seguimiento más estricto” de este tipo de establecimientos.
De acuerdo al documento, la entidad afirma que “viene trabajando en temas relacionados con la protección de personas mayores”, a partir del trabajo que realiza la Unidad de Personas Mayores y con un proyecto piloto de visitas no anunciadas, a caro del Mecanismo Nacional de Prevención.
Para la institución la situación es de “urgencia y gravedad” y en atención a ello se comprometió a actuar con rapidez y rigor en la investigación.
