El informe “Visibilizando la ocupación en el Sáhara Occidental”, da cuenta del aumento de la represión y las violaciones de los Derechos Humanos por parte de Marruecos en el Sahara occidental.
A un año de la ruptura del acuerdo de alto el fuego, el informe documenta que, en el correr de este año se han producido 160 vulneraciones de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos saharauis.
“El 17% del total de vulneraciones tuvo lugar como reacción a la ruptura de la tregua, del 13 al 30 de noviembre”, un período donde se incrementó el hostigamiento por parte de las fuerzas de ocupación de Marruecos.
“Las vulneraciones más frecuentes se producen con respecto al derecho a circulación y movimiento, derecho a la vida y a la integridad física y moral, a la libertad de expresión y reunión pacífica, derecho a la información, derecho a un juicio justo y con las debidas garantías, derechos de las personas presas, derechos de la infancia y derechos de las mujeres”, se describe en el informe.
Dentro de las acciones de las fuerzas marroquíes resaltan las “detenciones arbitrarias -incluyendo el arresto domiciliario- que suponen cerca de 1/3 del total de vulneraciones; el allanamiento e injerencia ilegal en domicilio; las torturas y agresiones físicas; violencia sexual en forma de acoso, amenazas, agresión y violación; el trato degradante a personas detenidas y presas; condenas judiciales sin las debidas garantías; disolución sistemática de cualquier reunión o acto de protesta pacífica; ataques sistemáticos a medios de comunicación y periodistas; abandono de personas detenidas en zonas remotas y destrucción de bienes e incluso desalojo y destrucción de viviendas”.
Del mismo modo, en el documento se denuncian “ataques militares contra civiles y masacre de ganado en las zonas donde tienen lugar las hostilidades, así como cerca del muro que separa los Territorios Ocupados por el Reino de Marruecos del resto del territorio saharaui”.
Como regla general, las personas más afectadas por estas vulneraciones son los activistas y personas vinculadas a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, aunque han sido objeto, también, de las acciones represivas aquellos “miembros de asociaciones y organizaciones sociales y políticas, estudiantes, sindicalistas, personas presas y sus familias, especialmente sus madres, familiares e hijos e hijas”.
El informe describe que “los hombres constituyen el 61,3% de las personas que han sufrido esos impactos y las mujeres el 38,7%”.
Las acciones represivas no se circunscriben exclusivamente a los adultos, también han sido objeto de acciones violatorias de derechos 20 menores de edad, de los cuales 17 han sido “sometidos a detención arbitraria”, así como, una niña de 12 años que fuera detenida en su escuela.
Para poner fin a la situación, en el informe se realizan varias recomendaciones a organismos como Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y al Comité Internacional de la Cruz Roja, a los cuales se insta para que se hagan presentes en el territorio ocupado por Marruecos y “asista a las personas protegidas por los convenios, y a las Partes Contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 para que garanticen el respeto de la Convención en el Sáhara Occidental”.
El informe fue realizado por la Federación de Asociaciones Catalanas Amigas del Pueblo Saharaui (ACAPS), el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) y la Asociación de Familiares de Presos y Desparecidos Saharauis (AFAPREDESA), en cooperación con el Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y la Promoción de los DDHH en el Sáhara Occidental.
Para su elaboración final, se contó con las contribuciones y aportes de varios grupos de defensoras y defensores saharauis de los Derechos Humanos que trabajan en el territorio ocupado por Marruecos, en los campamentos de refugiados en Argelia y en la diáspora.
Rolando Arbesún
