«La autonomía para quienes quieren imponer esta política de reducción del salario y privatización es el principal enemigo»

Este viernes EL POPULAR en Radio conversó con el profesor Julián Mazzoni, consejero directivo y electo, oriundo de Lavalleja y militante de Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria) quien la semana que viene integrará el Consejo Directivo Central  junto a Daysi Iglesias, que fue electa por la lista de la CSEU,(Coordinadora de Sindicatos de Secundaria).

La lista 11, encabezada por Mazzoni, que acumulaba con la lista 30 y la 1, «tuvo una excelente votación, superó sola a todas las listas oficialistas juntas» en la elección realizada el pasado 31 de octubre, según explicó Mazzoni.

Fue «un resultado electoral muy contundente que se complementa con el apoyo de AFUTU, Fenapes y el sindicato de los docentes de Formación en Educación. Tenemos una representación muy importante en este momento”, consideró.

“El único espacio de participación que dejó en pie la Ley de Urgente Consideración, es el del ámbito del Codicen, eliminó los Consejos, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza hizo una campaña muy intensa que culminó con esta elección que nos llena de orgullo, en esta oportunidad la cantidad de votos recibidos por la CSEU triplicó a los votos oficialistas. “Es muy importante, nos sentimos comprometidos, hay que responder a este respaldo tan fuerte de los compañeros que nos votaron”, expresó.

“Hay una ofensiva neoliberal contra la educación que es de finales de la década de 1990, en Uruguay se intentó una reforma educativa que finalmente naufragó por la oposición del estudiantado y todos los trabajadores de la educación, la llamada ‘reforma de [Germán] Rama'», indicó.

En primer lugar, citó un trabajo de Miguel Soler, ‘El Banco Mundial metido a educador’, en el que analiza las tesis del organismo para la educación.

 “Las ideas viabilizan los conceptos neoliberales», expresó Mazzoni; en texto se expresa que se deberá tender a  “la educación pública gratuita que incluya costos compartidos con las comunidades y estipendios para los niños de familias pobres, cobro selectivo de derechos de matrícula para la educación secundaria de segundo ciclo, combinando con becas para grupos seleccionados, cobro de derechos de matrícula para la enseñanza pública superior combinando con préstamos, impuestos y otros sistemas para permitir que los estudiantes necesitados demoren los pagos hasta que tengan ingresos y con planes de becas para vencer la resistencia de los pobres a acumular deudas con cargo a ganancias futuras”.

“Fue puesto en práctica en Chile, culminó en inmensas movilizaciones estudiantiles que generaron la posibilidad de la segunda ola de movilizaciones chilena que culminó con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el entierro de la Constitución pinochetista y el triunfo de Gabriel Boric en la elección pasada. Es lo que intenta el Banco Mundial en todo el mundo, intentó realizarse en Uruguay sin que lograran pleno éxito pero siguen trabajando en este sentido», señaló.

Asimismo, el Banco Mundial propone “utilizar al personal docente de modo más intenso es potencialmente el enfoque más eficaz para reducir los costos de funcionamiento por unidad. El ahorro es posible siempre que la ampliación del tiempo dedicado a la enseñanza sea mayor que el incremento salarial necesario para motivar y compensar al profesorado por su mayor esfuerzo», «mientras se pueda inducir a los profesores a aceptar cierta reducción de salario, horarios, manteniendo un aumento en la cantidad de horas», expresó Mazzoni.

 «Es lo que se está haciendo, es una pelea que viene dando toda la CSEU, son algunos elementos que uno trae cuando analiza por qué tenemos a la Educación en la Ley de Urgente Consideración”, señaló.

En 2003 un encuentro de los ministros de Educación de Argentina, Chile y Uruguay en Bolivia, titulado ‘La reforma educativa en la década de 1990, estudio comparado Argentina, Chile y Uruguay’ editado por el BID y el grupo asesor de la Universidad de Standford, en el caso de Uruguay analiza por qué fracasa o no se logra imponer definitivamente la reforma.

“La educación en el país se vería favorecida por unas políticas de Estado por encima de las coyunturas de un periodo administrativo y por encima de las autonomías de los entes de enseñanza”, establece el estudio.

«Se identifica a la autonomía como el principal enemigo del proceso de reforma, que en el último periodo no pudo trascender hacia una política de Estado integral y resultó profundamente afectada dentro de las estructuras de poder de las instituciones educativas autónomas», advirtió Mazzoni. 

«La autonomía para quienes quieren imponer esta política de reducción del salario y privatización es el principal enemigo», sostuvo.

“En suma si bien el sistema educativo requiere una política de Estado que puede tener lugar con la institucionalidad vigente, parece que esta última no favorece tal política y debe encontrarse una estructura compatible con una política educativa de Estado. En este sentido, la ley debe ser reformulada en un horizonte de tiempos largos. un dispositivo posible es la concentración y articulación de sistemas en torno al Ministerio de Educación», detalla el estudio.

«Esto es la Ley de Urgente Consideración», advirtió Mazzoni.

El estudio es «un viejo plan y cada vez que hay un retroceso en los pueblos reaparece esto que viene de la década de 1990, que no se ha logrado imponer definitivamente porque ha tenido mucha resistencia, el pueblo, las organizaciones sindicales y particularmente los gremios estudiantiles han sido capaces de defender sus conquistas históricas, entre ellas la autonomía, que en el caso de ANEP no se completa con el cogobierno, la ley de Urgente Consideración intenta barrer todo atisbo de cogobierno, solo quedan las responsabilidades que asumiremos con Daysi Iglesias la semana que viene», afirmó.

“Se trata de imponer estas concesiones pedagógicas, para ello hay que generar una serie de restricciones a la actividad sindical, a las expresiones auténticamente democráticas y a la tradición pedagógica del país donde la autonomía es central. Entre las tareas que nos proponemos con el equipo de trabajo una es bucear en la historia de la Educación en el Uruguay, es recordarle al público que los mejores momentos de la educación pública han tenido que ver con los mejores momentos de la autonomía», indicó Mazzoni.

«Los Consejos de Educación eran colegiados realmente participativos con expresiones plurales que permitían una elaboración pedagógica que se pierde totalmente al poner al frente a un gerente, ahora llamado Director General que tiene una visión empresarial y gerencial de la educación pública en nuestro país. Frente a eso levantamos la posibilidad de una amplia participación de los docentes, estudiantes y padres en la elaboración de la política educativa, expresión que tuvo su punto máximo en los Congresos de Educación, particularmente en el primer Congreso de Educación Maestro Julio Castro”, enfatizó.

Respecto al trabajo de cara al referéndum, Mazzoni dijo que se realizan actividades en las que «nuestros dirigentes recorren el país, conversan y explican estas cosas, tenemos 34 artículos relacionados a la educación dentro de los 135,  algunos han pretendido negar el carácter privatizador que tienen los artículos de la LUC, son privatizadores».

“Todo el proyecto es neoliberal y privatizador. Si generás una sociedad represiva donde las libertades estén recortadas, afectar a las empresas públicas y al limitar el derecho a huelga incide en la educación», indicó. 

«El artículo 186 elimina el artículo 106 de la Ley General de Educación (18.437) y cambia la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública por la Comisión Coordinadora de la Educación, desaparece el Sistema Nacional y la palabra pública», explicó Mazzoni, y replicó: «que no digan que con las orientaciones generales que tiene el gobierno esto no genera condiciones para la privatización”.

A su vez, con lo propuesto en la LUC «se incorporan a la nueva Comisión representantes de las universidades y colegios privados. que se van a sumar a los representantes políticos que tienen una concepción neoliberal y seguramente generarán condiciones para avanzar en ese sentido.», señaló Mazzoni.

El artículo 151 de la LUC, 19.889, «establece otro paso en el sentido de la privatización porque elimina la condición que tiene que tener actualmente los miembros del codicen de tener 10 años de actuación en la Educación pública, al eliminar eso, generas las posibilidades de ingreso de representantes de la educación privada a la Administración Nacional de Educación Pública, es contrario a la tradición pedagógica de nuestro país», advirtió.

«El artículo 129 elimina la prohibición de que en los tratados internacionales haya cláusulas que permitan alentar la mercantilización, todo lo que impide la privatización se elimina.

Hay un ataque muy importante a la UdelaR y la UTEC en el artículo 146, que establece la derogación del literal G de la Ley Orgánica de la Universidad, del artículo 21 de dicha ley, y el artículo de 16 de la ley de Creación de la UTEC, se elimina la posibilidad de que las universidades públicas participen en las reválidas y trasladándoselas al MEC, que está al frente de un típico representante de las universidades privadas», alertó.

“Es un elemento que tiene que ver con la posibilidad de la privatización en el manejo de los títulos y la posibilidad de intervenir eliminando la obligación de crear la Universidad para la Formación Docente», sostuvo Mazzoni.

El artículo 172, referido a las Comisiones Departamentales de Educación, en las que participa la educación estatal, incorpora un representante del gobierno departamental, en la mayoría de los departamentos del país típicamente vinculados a los conceptos neoliberales,  y además representantes de instituciones privadas de educación Primaria, Secundaria y Terciaria.

El artículo 140, que modifica el artículo 38 de la Ley General de Educación, establece a texto expreso la no obligatoriedad de la educación en la primera infancia, «lo que desestimula la concurrencia de las familias a los centros públicos y se abre la posibilidad de privatización de ese ámbito, ambición de las instituciones privadas, porque la necesidad de dejar a los niños pequeños para poder trabajar hace que las familias hagan un esfuerzo para pagar si es necesario», indicó Mazzoni.

“Son artículos que es claro que tienen un contenido ampliamente privatizador”, señaló.

Respecto a la perspectiva de trabajo en el CODICEN, Mazzoni expresó que «en la actividad cotidiana habrá dificultades, tres consejeros son propuestos por el Poder Ejecutivo con venia del Senado que representan a la coalición de gobierno y tienen una concepción pedagógica diferente a la nuestra y dos electos por la CSEU».

«Nuestra tarea tiene que ser plantear frente a la opinión pública que no hay una única forma de resolver los problemas educativos como se plantean, creemos que hay un proyecto de Educación Popular que tiene su expresión en los Congresos Nacionales de Educación, en la LUC está propuesta la no obligatoriedad de su convocatoria, debe ser convocado para definir los lineamientos de la política educativa», expresó.

«Hay que tratar de estar muy cerca de nuestros compañeros, estudiantes y padres para trasladar inquietudes. Tenemos que hacer una política de proposición y de diálogo porque más allá de las diferencias, el CODICEN es un colegiado y trataremos de avanzar, nos comprometemos a recorrer mucho, hemos elaborado propuestas de tipo académico que presentaremos para fundamentar nuestro punto de vista», afirmó Mazzoni.

Asimismo, indicó que «se ha tratado de elaborar una política de comunicación que permita a la opinión pública y particularmente a nuestros compañeros saber que existen otras voces en materia educativa que van más allá de que si no hay un acuerdo político partidario que resuelva el problema no va a haber resolución».

«Creemos que el único acuerdo político partidario que tiene que haber es garantizar la autonomía y eliminar todo tipo de injerencia del sistema político partidario en la educación, una vieja aspiración que nunca se ha logrado plenamente excepto en la Ley Orgánica de la UdelaR que es el organismo más autónomo y democrático que tiene el país”, finalizó. Moriana Alberro

Compartí este artículo
Temas