Por Gastón Grisoni (*)
La semana pasada, con su intervención en la media hora previa en la sesión de la Cámara de Senadores, el general retirado Guido Manini Ríos nuevamente tomó posición en defensa de los criminales del proceso cívico militar. Aunque durante el proceso no tuvo un rol destacado debido a su edad, recordamos sus visitas al EMR N° 1 siendo Alférez, es una persona absolutamente consustanciada con el mismo.
El ocultamiento de las declaraciones de Gavazzo y de Jorge “Pajarito Silveira”, durante el tribunal de honor que los juzgó, son una clara muestra de ese compromiso no solamente declarativo. Ocultó la información para asegurar la impunidad en dos causas importantes, que hasta el día de hoy no han sido esclarecidas.
El responsable del asesinato de Roberto Gomensoro Josman, efectuado en marzo de 1973, meses antes de la disolución de las cámaras y de la histórica huelga general, no ha sido establecido aún a nivel judicial.
Tampoco se conoce el paradero de Jorge Pérez Silveira, “el gordo Marcos”, bárbaramente torturado en el cuartel de Artillería 1 en La Paloma y desaparecido hasta el día de hoy. En base al conocimiento público de las declaraciones de Nino Gavazzo, por obra y gracia del trabajo periodístico de Leonardo Haberkorn, un profesional alejado de las posiciones progresistas, pero muy meticuloso, con fuentes en los viejos servicios represivos, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, el Dr. Ricardo Perciballe ha logrado la reapertura judicial de las causas.
El alma de los hechos
A diferencia de lo ocurrido en los demás países de la región, en Uruguay solo un pequeño grupo de criminales ha sido juzgado y condenado. Muy pocos de ellos, además, cumplen prisión efectiva. Hasta se dan el lujo de conceder entrevistas exclusivas a los medios de prensa que los apañaron históricamente. Tanto en Chile como en Argentina, incluso con los gobiernos de Macri y de Piñera, han habido centenares de procesados y condenados por las graves violaciones a los derechos humanos.
El proceso judicial contra Lawrie Rodríguez, involucrado además en los asesinatos de Leonardo de los Santos en 1973 y de Silvina Saldaña en 1976 se demoró excesivamente debido, precisamente, a las recurrentes maniobras dilatorias interpuestas por la defensa. A los efectos de salvaguardar las garantías de los criminales en sus juicios, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha sido tolerante al máximo con todos ellos, haciendo la vista gorda a las más inverosímiles maniobras dilatorias.
Si bien en octubre del año 2009, en una histórica sentencia redactada por el Dr. Jorge Chediak, Sentencia 365/2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalzagaray, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, hasta el día de hoy, no considera a estas gravísimas violaciones a los derechos humanos como Crímenes de Lesa Humanidad. Los crímenes de Lesa Humanidad son imprescriptibles y los delincuentes deben ser tratados como tales.
Impedir que avance la justicia
Las declaraciones de Manini Ríos deben ser interpretadas no solamente como un exabrupto discursivo para llamar la atención. Es parte de la estrategia desarrollada por los represores durante estos años. Hay un fuerte cuestionamiento, reiterado, al Poder Judicial, un intento permanente de presentarse como víctimas y una amenaza, velada, subrepticia, inteligente, a los operadores del sistema, para evitar que se sigan procesando las investigaciones.
Al día de hoy, hay pedidos de condena para algunos de los principales oficiales represores que operaron en el Batallón Florida, epicentro de la represión contra las organizaciones de izquierda durante 1972, muy especialmente contra los combatientes del MLN. La justicia debe expedirse, además, en el caso del integrante del Escuadrón de la Muerte Miguel Sofía, de Jorge Guldenzoph por su participación en las torturas en la Dirección Nacional de Inteligencia e Información (DNII). Está pendiente también interrogar al general Lezama, uno de los represores participantes en las torturas del 300 Carlos en la Operación Morgan contra el PCU y uno de quiénes interrogaron a Eduardo Bleier.
El voto popular no sustituye al Poder Judicial
El desafuero del general retirado Guido Manini Ríos, aunque él no lo solicite debe prosperar, para que pueda ser juzgado y condenado por ocultar información, por no informar a la justicia de las declaraciones de Gavazzo. Hasta el momento no ha presentado ningún documento que acredite haber cumplido con sus obligaciones legales. Tres generales retirados, algo realmente insólito, han declarado durante las investigaciones judiciales contra Guido Manini Ríos. Hay pruebas contundentes para que sea procesado, es un delincuente y está demostrado.
El terrorismo de Estado fue parte de una estrategia continental de readecuación de las economías regionales y de las estructuras políticas luego del triunfo de la Revolución Cubana y del inicio de la experiencia socialista del Dr. Salvador Allende.
Las medidas prontas de seguridad fueron una herramienta represiva que instaló en 1968 Jorge Pacheco Areco para reprimir al movimiento sindical, a los trabajadores, pero también para gobernar eludiendo la actuación del Poder Legislativo. Fueron instaladas para disolver los Consejos de Salarios y recortar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores populares. Cuando las mismas se aplicaron las organizaciones armadas eran pequeñas y con poca influencia real en los sectores populares. Fue el programa socio económico de las clases dominantes y su política represiva la que generó el enorme descontento popular en una América Latina en rebelión.
(*) Presidente de Crysol (Asociación de ex presas y de ex presos políticos). Sus opiniones personales no comprometen al colectivo.
