“Estamos implementando un modelo de negocios del siglo pasado, no existen razones de servicio, comerciales o reclamos de la población que obliguen a ello”
La portabilidad numérica no es buena ni mala, tampoco implica la consagración de derechos y libertades ni su restricción, es un modelo de negocios que inició en los años noventa en Europa con la expresa intención de permitir que empresas de telecomunicaciones más pequeñas pudieran crecer a expensas de las más grandes. Nada hace suponer que se pretenda algo distinto para Uruguay.
¿De dónde viene la portabilidad numérica?
El Viejo Continente no estuvo exento de las políticas neoliberales que tuvieron su momento culminante durante los años ochenta y noventa del siglo XX en América Latina y que en nuestro país fueron detenidas gracias al referéndum de la Ley de Empresas Públicas de 1992. El modelo neoliberal dejó en Europa un tendal de empresas públicas desmembradas y convertidas por la fuerza en compañías privadas que comenzaron a prestar los mismos servicios en régimen de monopolio privado, lo cual no solamente no contribuyó a disminuir las tarifas al consumidor (como se pregonaba por parte de los impulsores de las privatizaciones) sino que en algún caso subieron los precios, disminuyó la inversión y -por ende- la calidad de los servicios.
Como los prejuicios ideológicos neoliberales, y la probada connivencia de algunos gobiernos con algunas de las empresas que se habían apropiado del patrimonio público, no permitía revisar lo actuado, la solución para esta debacle en la calidad de los servicios fue continuar por la vía de la profundización del capitalismo, permitiendo la instalación de nuevas compañías privadas que compitieran con las antiguas empresas públicas ahora privatizadas.
Sin embargo, estos nuevos actores empresariales se encontraron con dificultades para competir con los monopolios privados, por lo que en el caso de las telecomunicaciones se obligó a esas empresas monopólicas a dividirse, así como se implementó la portabilidad numérica con el expreso objetivo de permitir que las nuevas empresas -con participación minoritaria en el mercado- pudieran captar abonados de las grandes empresas, que anteriormente eran públicas.
Tenemos que tener claro que este mecanismo se implementó en países donde ya no había empresas públicas en virtud de las privatizaciones que fueron realizadas en esos años. O sea que la portabilidad numérica fue implementada para facilitar la competencia entre empresas privadas y para equilibrar los mercados de las telecomunicaciones en estos países.
¿Por qué la implementación de la portabilidad numérica no es adecuada hoy en nuestro país?
En primer lugar, porque en nuestro país sigue existiendo por voluntad de la ciudadanía una pujante empresa pública de telecomunicaciones, que no solamente brindó servicios de calidad a entera satisfacción de sus abonados, sino que estuvo en los primeros lugares del desarrollo de las telecomunicaciones a nivel global. Ese gran desempeño de ANTEL le valió a nuestro país su participación en el D-9 (los nueve países más digitalizados del mundo), con un despliegue de fibra óptica al hogar que alcanza al 87% del territorio y tecnología 4G que cubre más del 90%. Nada que ver con la situación en la que estuvo cerca de caer en los años noventa de caída de la inversión, deterioro de los servicios y desmantelamiento de sus capacidades.
Pero más allá de la situación actual, producto de quince años de inversión realizada por nuestro país y del rescate de la empresa pública que protagonizó nuestro pueblo en los noventa, lo más importante en este momento es el futuro de las telecomunicaciones.
Nuestro país debería estar discutiendo sobre el futuro de las telecomunicaciones, sobre su aplicación e impacto en el trabajo, la salud, la medicina y sobre cómo mantenernos en el tope de estas tecnologías, ya que -entre otras cosas- esa posición es la que ha permitido que en nuestro país se instalen importantísimas inversiones, que han redundado en trabajo para nuestra población e ingresos para el Estado, que deberían devolverse a nuestro pueblo a través de servicios que mejoren la calidad de vida de toda la población.
Hoy deberíamos estar hablando de 5G, de internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés), industria 4.0, teletrabajo, telemedicina, modelos de educación a distancia, monitoreo de la producción en tiempo real, internet satelital para las zonas rurales, modelos climáticos que nos permitan tener cada vez más y mejores capacidades de respuesta. En lugar de eso, estamos implementando un modelo de negocios del siglo pasado, destinado expresamente a hacer que las empresas minoritarias en el mercado crezcan a expensas de la más grande.
En segundo lugar, porque no existen razones de servicio, comerciales o reclamos de la población que obliguen o exijan a que se implemente este modelo de portabilidad numérica a las apuradas. La ausencia de portabilidad numérica no impidió el impresionante desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país a lo largo de los últimos años.
Hoy, además, tampoco existe la necesidad de la portabilidad numérica, en tanto las llamadas y los SMS están en permanente caída (44% desde 2018), mientras que el consumo de datos se ha disparado (230% en la conexión doméstica y 290% en los datos móviles en el mismo período). Todos los sistemas de mensajería y de voz que utilizamos actualmente son cada vez más independientes del número, en tanto usan datos y no conexión telefónica.
Del mismo modo, no es cierto que del número de teléfono dependa nuestra identidad digital, ni nuestras cuentas bancarias, ni ningún tipo de trámite, así como tampoco dependen del domicilio, del correo electrónico, del estado civil o del número de matrícula de un vehículo.
Tampoco es cierto que el número sea ahora del usuario y si quiere haga la prueba de no pagar la factura e intentar utilizar la portabilidad numérica. Los números tampoco son propiedad de las empresas, sino que se los asigna el Estado a través de un Plan Nacional de Numeración, cuya última modificación se produjo en 2004. No podría ser propiedad de los usuarios, porque los números disponibles en el actual esquema son finitos. Ya hay en uso más de 5.600.000 números en el plano de los 09x y el máximo que podría llegar a haber es 9.999.999 números, por lo que si los números fueran efectivamente propiedad de las personas (o de las empresas) en muy poco tiempo nos quedaríamos sin números para asignar.
En tercer lugar, nada justifica implementar la portabilidad a menos de 75 días de la realización de un referéndum que decidirá sobre este modelo de negocios. A partir de esta decisión del gobierno, de seguir adelante con la portabilidad numérica y su implementación, se genera un escenario de inseguridad jurídica, comercial e incluso para los usuarios que pudieran decidir portar su número.
Se hace esto a sabiendas de la falta de interés del público y de los costos que ya mencionábamos para las empresas: ya van millones de dólares gastados en anticipos con el contrato del administrador de la base de datos, en publicidad y en las promociones que se otorgan a los abonados que se quiere captar (por cierto, lo que ofrecen las compañías son gigas gratis, lo que demuestra lo que decíamos al principio).
Se hace a las apuradas, a sabiendas de que el tiempo para la implementación y pruebas del sistema de portabilidad es demasiado acotado, lo que ha generado múltiples fallas al inicio de la portabilidad y que incluso ha llevado a que las portaciones múltiples (las empresariales, que son de más de cinco números) no hayan podido implementarse aún.
Se utiliza la excusa de que la Ley de Urgente Consideración (LUC) está vigente y que eso obliga a aplicarla, pero se oculta deliberadamente que la fecha fue modificada previamente en cinco oportunidades y que nada impediría esperar hasta la realización del referéndum.
Y, además, se nos habla de que la portabilidad numérica es un nuevo derecho y una libertad a otorgar, como si algo tan trivial como la supuesta libertad de cambiar de empresa (que también existe hoy) o mantener el número de teléfono (que como veíamos es cada vez menos necesario) fuera un derecho superior a la libertad y el derecho de decidir sobre 135 artículos de la LUC, en particular el 471 al 476, relativos a la portabilidad numérica, el próximo 27 de marzo.
Pablo Siris, Director de la URSEC en representación del Frente Amplio.