En el día de hoy se convoca a una concentración frente a Torre Ejecutiva a las 18 horas, organizada por un grupo de feministas autoconvocadas.
EL POPULAR se comunicó con Patricia Totorica, antropóloga especializada en género, quien explicó que la convocatoria como consecuencia de “las declaraciones de Leonardo Cipriani, presidente de ASSE respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la designación de Gabriela Fischer, quien está en juicio por obstaculizar un IVE, como referente en Salud Sexual Reproductiva en la RAP Metropolitana de ASSE, una ginecóloga «provida» quién está encargada de la coordinación de las interrupciones de embarazos en el sistema público de atención.
“Cipriani planteó que se revisarán los procesos y habla de algo que puede parecer menor pero es grave: que los equipos técnicos autoricen la interrupción del embarazo. Eso es un disparate, los equipos técnicos no autorizan, nadie tiene que autorizar a la mujer, ya que si la mujer está dentro del periodo de las 12 semanas de gestación del embarazo, el equipo técnico puede guiarla en cuanto a cómo será el proceso médico, no puede brindar opinión ni nada por el estilo”, sostuvo Totorica.
“Cualquier ley tiene dos partes: una es la letra y otra es cómo se implementa. Si yo mantengo la letra de la ley pero dificulto los procesos que hacen que la ley se haga efectiva, estoy recortando un derecho y no estoy cumpliendo con la ley. Eso es lo que está ocurriendo. Las organizaciones dedicadas al tema tienen un montón de denuncias de mujeres a las que se les está obstaculizando el proceso, con acciones que podrían ser consideradas menores pero no lo son, como hacer escuchar los latidos del corazón al momento de la ecografía obligatoria”, señaló.
“Se expone a las mujeres a una situación por la que no quieren pasar, porque ninguna de nosotras aborta porque quiere, sigue siendo un proceso muy delicado para cualquier mujer, donde se la criminaliza”, advirtió Totorica.
“En Salto anteriormente todos los médicos eran objetores de conciencia, mandaban a las mujeres a otro departamento y el Estado no se hacía cargo del costo del pasaje. Ahora no hay un departamento entero pero sí hay ciudades pequeñas donde todos los servicios de salud públicos y privados tienen objetores de conciencia. Eso genera que la mujer además sea estigmatizada, en los pueblos pequeños todo el mundo se entera cuando una mujer se fue a abortar. Eso no se puede permitir, se tiene que respetar el derecho a reservar la identidad de la mujer, sostuvo.
Uruguay adhiere a 18 tratados internacionales, entre ellos la CEDAW, uno de ellos tiene que ver con que el Estado es el garante del cumplimiento de los derechos, y del acceso a la salud, específicamente en lo relacionado a salud sexual y reproductiva.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por su sigla en inglés, fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979. El Estado uruguayo ratificó la CEDAW en septiembre de 1981 y aprobó el Protocolo Facultativo en mayo de 2001.
El organismo establece que “el derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, está arraigado en los estándares internacionales sobre derechos humanos que garantizan el derecho a la vida, la salud, la intimidad y a no ser discriminado. Estos derechos son violados cuando los Estados vuelven a los servicios de aborto inaccesibles para las mujeres que los necesitan. De acuerdo con lo establecido por el derecho internacional, los Estados pueden ser responsabilizados por expedir leyes altamente restrictivas en materia de aborto y por no garantizar acceso al aborto cuando éste es legal. Los Estados también son responsables de las altas tasas de muerte y lesiones de las mujeres que son forzadas a recurrir a abortos en condiciones de riesgo”.
“La ley no es perfecta, tiene varios problemas, uno son los objetores de conciencia, tema sobre el que se expresó la CELAW porque son anónimos. Cuando vas a consulta con un ginecólogo para realizar una IVE no sabés si es objetor o no. Puede pasar que el médico te trate mal, te criminalice, te juzgue, han habido casos de jóvenes que se ven presionadas y juzgadas en un momento de vulnerabilidad”, relató Totorica.
Asimismo, Totorica indicó que “hay un tema transversal a todas las sociedades capitalistas, patriarcado y capitalismo son un matrimonio mantenido entre ellos, donde el cuerpo de la mujer siempre ha sido un ‘territorio en disputa’, como lo caracterizó Simone de Beauvoir».
Siempre ha sido tema “de la sociedad, del Estado, de la Iglesia, de los maridos, de los padres, nunca de ellas. La legalización del aborto es una de las cosas que nos asegura que la decisión es nuestra porque nuestro cuerpo es nuestro. Recuperar la autonomía sobre nuestro cuerpo es fundamental”, consideró.
A su vez, Totorica señaló que “hay un ambiente ideológico propicio para que quienes son objetores de consciencia y del movimiento provida se sientan más habilitados para no cumplir con los procesos que la ley establece. Pedimos al gobierno que asegure de forma pública que se va a respetar la ley y se cumplirá con la implementación, si una ley está en papel pero no se cumple con los procesos para implementarla, no funciona. El estado es el garante oficial de los derechos”.
“Con esta movida queremos expresar que estamos alerta, y frente a cualquier cosa que intente retroceder en los derechos adquiridos vamos a salir a la calle. A pesar de ser diversas y venir de distintos lugares, hay temas que nos juntan a todas. Hay 1500 mujeres trabajando en esto, replicándolo, sindicalistas, artistas, políticas”, indicó.
“Pedimos la renuncia de Cipriani y la revisión de la designación de Fischer, que el Poder Ejecutivo se exprese claramente sobre que a pesar de tener ideología, va a asegurar y garantizar el acceso a ese derecho”, finalizó.
A continuación difundimos la declaración a la que se puede adherir mediante un formulario de Google: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAPamgq0vdelv3dh5HAN9rZxUMzGIj3jeCcDrykZlOB108Hg/viewform
Moriana Alberro
