Rodrigo Gorga (*)
En las transformaciones necesarias a implementar en un próximo gobierno del Frente Amplio el rol del Estado es central. Las bases programáticas que se ofrecen a la ciudadanía en estas elecciones lo dejan de manifiesto en distintas áreas. El programa explica, por un lado, los fundamentos del proyecto político de izquierda y también sus diferencias con el que se ofrece desde la coalición de derecha. Esta última propone un Estado en retroceso y omisión, en contraposición al que se necesita para transformar la sociedad, hacia una más justa e igualitaria. En economía es muy clara la dimensión política de lo que se juega programáticamente, arena en la que Estado y las empresas públicas son mojones en este cruce de caminos.
Las propuestas económicas del Frente Amplio tienen un eje principal en el despliegue de una Estrategia Nacional de Desarrollo que transforme la estructura productiva, y que profundice los componentes productivos que tengan mayor valor agregado y trabajo de mayor calidad. Esto requiere que el Estado cumpla un rol planificador e impulse sectores de actividad prioritarios. Como componente principal de la planificación están las empresas públicas, las ya existentes, y otros instrumentos que se puedan crear para generar recursos económicos y conducirlos hacia los objetivos planteados en la estrategia.
Las actuales empresas públicas industriales, (Ute, Ose, Ancap y Antel) actúan en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social, vinculadas a elementos fundamentales para todo el entramado de la producción nacional y para el ejercicio de derechos fundamentales de la población, y en última instancia para la soberanía nacional y su dependencia. Sus servicios ofrecen seguridad y garantía, a precios que pueden ser controlados en post del bienestar general, con una cobertura universal y sin exclusiones a nivel del territorio nacional. Sus aportes no solo se miden por su rentabilidad, que en el caso de algunos de sus servicios es muy importante, sino también en su compromiso con los fines últimos de la pública felicidad.
Las empresas públicas y el actual gobierno
Esta perspectiva del FA sobre las empresas públicas está netamente reñida con la visión predominante en la coalición de gobierno, ya vaciada del batllismo de los partidos tradicionales que supo cultivarlas durante el siglo pasado. Otra coalición también liderada por un Lacalle aprobó en 1991 la ley que permitía la privatización de las empresas públicas. Un referéndum impulsado por el campo popular anuló su contenido. Treinta años después, cuando la misma familia llegó al poder, aunque prevenidos del apoyo de la ciudadanía hacia estas empresas, impulsó relevantes medidas con el mismo tono privatizador.
Antel ha sido tema de discusión durante todo el período de gobierno. Desde los albores de esta gestión, cuando se elaboraba el primer borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se incluyó la propuesta de que esta compartiera su infraestructura con sus competidores, en particular la fibra óptica, aquella que permite que Antel sea prácticamente el monopolio en la prestación de internet a los hogares. La fibra óptica, además, es de vital importancia también para la prestación del servicio de telefonía móvil, en particular la última generación, 5G. Por lo tanto, que el principal activo de Antel se abra a sus competidores, patrimonio de los uruguayos, es la fórmula perfecta para desangrar a la empresa pública, desde las propias entrañas del Estado. El objetivo podría concretarse de prosperar la nueva Ley de Medios que incluye artículos que concretan la apertura de la fibra óptica a la competencia.
En las restantes empresas públicas hay ejemplos del similar desgranamiento de su patrimonio, y ataque a su potencial y riqueza. Para el caso de UTE, entre otras medidas, se aprobó un decreto (actualmente recurrido por el Frente Amplio) que reduce los peajes que pagan los grandes consumidores para usar la infraestructura de UTE. En el caso de Ancap, la primera versión de la LUC también incluía la liberación de la importación de combustibles, hoy monopolio de la empresa pública. La intención también fue bloqueada por una parte de la coalición, pero su discusión desencadenó la aprobación de una metodología para la fijación de precios de los combustibles (artículos que fueron recurridos en el referéndum de la LUC) con grandes riesgos para la empresa.
Si repasamos la gestión de OSE, es imposible soslayar la crisis hídrica que afectó el suministro de agua potable para la zona metropolitana durante varias semanas. La consecuencia de esta crisis fue doble, por un lado, la construcción ideológica de un servicio público de mala calidad, que a su vez abrió la puerta para que OSE haga acuerdos con privados, en una posición netamente perdedora para el Estado.
A estas medidas concretas para horadar su fortaleza estratégica y la calidad de sus servicios, se le sumaron otras de carácter general con el mismo fin de debilitarlas. Los lineamientos para inversiones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) implicaron un recorte del 15% anual con respecto al período anterior. Esta reducción se dio tomando como referencia el último período de gobierno del FA, en el que la ralentización económica ya de por sí hizo menguar las inversiones públicas. Es más dramático la caída si se lo compara con el segundo gobierno del FA.
En el caso de Antel, por ejemplo, la inversión en este período fue un 55% de la efectuada entre 2010-2014. A los recortes en inversión se les sumaron el daño a los recursos humanos, en particular los más calificados, a través del recorte para el cubrimiento de las vacantes.
El anclaje ideológico de la actual política hacia las empresas públicas se basa en la idea de que el Estado dilapida recursos públicos, en particular si se aboca a negocios que el sector privado podría, en teoría, hacer con mayores ganancias para la sociedad. Según lo que propugnaron en la campaña anterior, los gobiernos del FA despilfarraron los dineros públicos, con pésimas gestiones de las EEPP. Más de cuatro años después, los niveles de déficit fiscal, muy cerca de los “catastróficos” números de 2019, y con un aumento estrepitoso de la deuda, no reflejan el prometido cambio en la gestión pública. Tampoco se puede observar ningún indicador que muestre mayor eficiencia en las EEPP. Más allá del discurso pro mercado, solo hubo recorte en las inversiones, intentos y algunas concreciones de privatización, y caída en la calidad de los servicios; su aporte a rentas generales y su uso para estabilizar precios siguieron estando presentes. Las propuestas para la actual campaña, ya menos rimbombantes por la realidad de la actual gestión, continúan haciendo referencias a que las empresas públicas se desprendan de actividades que no son su centro, dando paso a privadas y llaman a reeditar las discusiones de este periodo, como por ejemplo, la liberación de la distribución e importación de combustibles.
Las empresas públicas y el programa del FA
La primera medida a tomar en las empresas públicas, apoyada en que lo dicho en la introducción del programa, debe readecuar el marco normativo para “asegurar la soberanía sobre las áreas estratégicas, así como proteger el patrimonio público y los recursos naturales, tecnológicos y culturales”. Por lo tanto, se deben ser rever todas las medidas que han ido en detrimento de las empresas públicas, algunas ya adelantadas líneas más arriba.
El segundo lugar, y pilar fundamental para el rol que estas empresas están llamadas a jugar en la Estrategia Nacional de desarrollo, como se establece en la primera acción del programa, deben retomarse los niveles de inversión de los períodos anteriores. Pero a esto se le tiene que sumar un componente fundamental, y que quizás no estuvo ponderado de forma de adecuada en el pasado: la inversión en ciencia y tecnología. Para ello el programa propone en el punto 9 de la primera acción, dedicada a desgranar la transformación de la matriz productiva, la creación de “centros de Ciencia, Tecnología e Innovación en las empresas públicas”, y que estos actúen de forma coordinada y en interacción con las restantes instituciones públicas con capacidad de investigación.
El programa también habilita que a través de programas de apoyo a la creación, incubación y aceleración de nuevas empresas (STARTUPS), la inversión de riesgo que el Estado hace reporte un retorno en el caso de que el emprendimiento sea exitoso. Por lo que, las empresas públicas podrían invertir en nuevos emprendimientos y obtener dividendos.
Por último, la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, que jerarquizará el rol de las EEPP, abre la posibilidad de que la transformación productiva se apoye en nuevos instrumentos. Como se reafirma en el punto 14 de la primera acción prioritaria, se analizará la creación de emprendimientos públicos de base tecnológica en sectores prioritarios, que de esta forma puedan impulsar las transformaciones necesarias en la estructura económica nacional, para retomar una senda de crecimiento sostenido, con menor dependencia de la renta de los recursos naturales y mayores posibilidad de justicia social.
(*) Economista.
