Por Gonzalo Perera
La Asociación Rural del Uruguay (ARU, de aquí en más) institución de la sociedad civil entre cuyas tareas se encuentra la organización anual de la Exposición Rural del Prado, fundada en un lejano 1871, puede considerarse de muchas maneras, ninguna inocua.
Alcanza con visitar su sitio web (https://www.aru.org.uy/) donde, en la definición institucional, se dejan muy claras algunas contradicciones. Definiendo sus cometidos con encomiables propósitos, tales como la promoción de la producción agropecuaria en el Uruguay, el desarrollo humano de los trabajadores del ámbito rural, etc., plenamente compartibles en líneas generales, una última frase, una suerte de profesión de fe sobre los medios para tender a tales fines, sin consistencia alguna con todo lo anterior, se desgrana con claridad meridiana: “Libre empresa, Economía de mercado y sana competencia” (sic).
Si hay alguna evidencia de que la libre empresa, la economía de mercado y todo el credo anunciado por la ARU previamente a esa frase final, tiene un mínimo grado de consistencia, que se explique.
Porque crecí en un país y en una región donde “el campo” (abstracción para grandes agroexportadores, sojeros, etc.) aparecía de forma sistemática y grosera, confundiendo diversas formas y escalas de explotación, para potenciar todo proyecto de derecha, concentrador de riqueza, elitista, excluyente.
Eso, por cierto, no es “el campo”. En el ámbito rural trabajan compañeros y amigos de infancia que no son afines políticamente pero que se desloman trabajando sin explotar a nadie; el campo es vasto y diverso.
Pero la construcción político-mediática de un supuesto “campo”, homogéneo, curiosamente alineado con el gran agroexportador y, en los últimos años, con el exportador sojero, en ambas orillas del Plata, con un discurso traído de los pelos si los hay, generó un cotidiano desgaste de gobiernos de orientación popular. No hay un tal “campo”, hay emprendimientos de granja familiar, con debida utilización de la misión del Instituto Nacional de Colonización y hay quienes acumulan tierras bajo el sello de “colonos” un tanto ficticios aún bajo la más indulgente de las miradas, beneficiando, a juzgar por toda la información disponible, altos cuadros de dirección del gobierno nacional actual.
Pero “Un solo Uruguay”, lema desatinado si los hay, como si fuera igual nacer en Carrasco Sur o en un barrio de la periferia montevideana, o nacer en una rica estancia o en el ranchito de algún peón rural, se encargó de instalar un discurso burdo, maniqueísta, alevosamente sesgado, del cual aún no saben como volver. Porque de tanto reclamarle al Frente Amplio, lograron un éxito táctico, que es instalar el gobierno “multicolor”. Pero aún con este gobierno, por el que tanto remaron, muchos no están siendo atendidos. Mientras otros, quizás en un intento de réplica del formidable nazareno al que se le atribuye transformar agua en vino, han logrado el muy tangible “milagro” de transformar containers de soja en containers de cocaína, tarea obviamente no accesible para el mediano y pequeño productor rural.
El “campo” es una construcción del pensamiento hegemónico, que cuida a privilegiados sojeros o muy poderosos productores rurales en general, que gozan de condiciones privilegiadas heredadas por generaciones, que en nada responden a los encomiables objetivos generales y en cambio se alinean disciplinadamente con los dogmas neoliberales de la ARU.
Pero en los últimos días, en un Prado no tan restringido como otras manifestaciones sociales, la ARU alcanzó un punto sin retorno. Enardecido en los elogios a la política del gobierno colorinche, el actual presidente de la ARU, Gabriel Capurro, dijo: “Aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable, la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre” (sic).
A esto agregó un alegato conceptual, sosteniendo que tal desigualdad es justa, natural, y fruto de las diferencias de talentos y esfuerzos laborales.
Veamos ligeramente el tema. La narrativa del presidente de la ARU no deja duda sobre que su éxito probablemente no sea fruto del talento natural. Atribuirse la singular capacidad de vaticinar que lo que siempre ha sido, siempre será, no le ayuda en nada. Quien razonara con su lógica diría que grandes agroexportadores históricamente explotadores de sus trabajadores, abusadores de sus familias, castigadores, lacerantes, flagelantes, eludidores de impuestos, mezcladores de coca con soja, etc., no pueden ser otra cosa que una manga de jodedores hasta el fin de los tiempos. No lo decimos nosotros, se desprende de los dicho de Capurro.
Naturalmente, eso sería una grosería, y esto implica una primera desviación a la “doctrina Capurro”: no tiene por qué ser válido hoy lo que lo fue, absoluta o muy predominantemente, válido ayer. Proyectar el pasado al futuro con rango de destino ineluctable es una de las más rancias manifestaciones de conservadurismo, derechismo y elitismo.
Sobre si la diferencia de talentos y no la herencia familiar es motivo de la muy “natural” diferencia de remuneración, convendría explicitar algunos puntos en cada gran actor de la ARU: a) Cuánto heredó; b) Quién pagó sus estudios, por si acaso la eventual formación en la UDELAR no lo hubiera endeudado con toda la sociedad, que bajo su doctrina la educación superior no es un derecho y obligaría a pagar algunas decenas de miles de dólares; c) A qué edad comenzó a trabajar sus tierras; d) Cuántas horas por día labura desde los 14 años, como lo hicieran tantos uruguayos; e) Cuántas veces se endeudó y fue objeto de refinanciaciones muy generosas.
Pero volviendo a teorías estructurales, citemos otra genialidad de la doctrina económica capurresca: “Es la primera vez que vemos en la historia de nuestro país un ajuste fiscal sin creación de nuevos impuestos ni aumentos de los existentes, haciendo el ajuste en el estado y no trasladando el mismo a los sectores privados de la economía como ha sido tradicional en el pasado”(sic).
O sea, sino paga el privado, no lo paga nadie. Sobre el privado que ni es sojero ni coca-sojero, cabe preguntarse qué será de su poder adquisitivo tras dos o tres años de inflación y retracción del mercado laboral. Pero además, muchas de las pequeñas y medianas empresas, en particular rurales, dependen fuertemente del poder adquisitivo del sector público. Que ciertamente disminuirá, arrastrando consigo jubilaciones y pensiones. Por lo cual no se “creará un nuevo impuesto”, sino que se vaciará el bolsillo del cliente de las pequeñas y medianas empresas, algo que para la ARU, parece sano o insignificante.
La encendida defensa del gobierno y de la “naturalidad” de la desigualdad, haciendo honor a las frases finales de la proclama libremercadista de la ARU, y caso omiso al previo y compartible discurso de defensa del trabajo rural , muestra claramente quién está en qué vereda.
Los trabajadores, públicos y privados, particularmente los rurales, los pequeños y medianos empresarios, particularmente agropecuarios, están en la vereda en la que caerán todas las facturas del brutal ajuste fiscal que Capurro celebra.
Por que en su caso y el de algunos pocos más, la rentabilidad crecerá, sin incómodas responsabilidades, de forma de generar ingresos acumulados que permitan sacar a tiempo del país sumas astronómicas de dinero sustraídas de los bolsillos de los trabajadores uruguayos.
Las vacas siguen siendo ajenas, las penas de nosotros y la “soja”, vaya a saber de quién.
