Los delitos bajan… en las estadísticas

Esta columna se escribe a escasos días de que se conozcan los datos estadísticos de delitos correspondientes al año 2021.

Un año signado por la pandemia que, con sus altibajos, se verá (suponemos), reflejado claramente en los números. Es que, a partir de julio, con la pandemia en retirada -aunque ahora se ha disparado otra vez- fue notorio ver reflejado el comportamiento criminal en el delito más violento, el homicidio. Claro que no llegará -seguramente- a superar registros anteriores, con lo cual abonarán a su teoría de una gestión que bajó los delitos como ninguna otra.

Relato que, además de falso, encubre una maniobra que fue descubierta por el semanario Brecha a partir de un pedido de acceso a la información pública que confirmó un aumento significativo de las muertes dudosas que no se contabilizan ni entran en las estadísticas.

Si a ese importantísimo dato le sumamos la orden (encubierta) de no registrar denuncias en el lugar de los hechos (corroborado por cientos y cientos de víctimas que lo denuncian en redes sociales), los números de delitos registrarán una baja significativa que no es real ni mucho menos. Entonces, mientras sigan abonando al relato de una realidad paralela y ficticia, no sólo no se combatirá al problema de fondo de la violencia, sino que -por el contrario- esta seguirá impunemente haciendo su trabajo. De ese modo, ocultando la realidad no sólo agravan el problema, sino que se exponen a que el mismo siga creciendo y produciendo más víctimas…

Táctica avestruz

¿Quién no registra la imagen del ave más grande que todavía existe, escondiendo su cabeza pero dejando todo el cuerpo expuesto al peligro que no quería ver ni enfrentar? Pues tal parece ser la estrategia de una gestión que reduce la misma a un discurso alejado de toda realidad, plagado de una falta de profesionalismo representada por interlocutores que ya no resisten ningún archivo. Tras dos años de gestión, la misma no se sostiene solo con palabras huecas y menos cuando la realidad empieza a pujar fuertemente pariendo una situación que se da de frente con la que intentan dibujar.

Así ocurre con una gestión penitenciaria que desnudó su peor cara en décadas; años donde se procesó una profunda transformación que permitió -acuerdo multipartidario mediante- la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y el pasaje de todos los centros de privación de libertad a su jurisdicción. Un proceso que introdujo una figura creada en el año 1986 y puesta en práctica recién en el 2011 (Operadores Penitenciarios). Personal civil con la principal misión de la rehabilitación de los internos como objetivo. Figura que se ve deprimida ahora en sus funciones a partir de una reducción significativa de los mismos y la desnaturalización de su función primigenia llevándolos a incluir prácticas policiales que no hacían parte de su misión principal.

Un récord histórico de muertes en los centros de privación de libertad, cerraron el año 2021 como el peor desde que se llevan registros. Y no alcanza con decir que hay un incremento de la población penitenciaria (2 mil internos más), si el crecimiento de las muertes supera proporcionalmente al de la población penitenciaria. Hay una manifiesta falla en la gestión que es parte de la cadena causal del incremento de muertes en privación (atención en salud, gestión de la seguridad intracarcelaria, entre otras razones). El tan promocionado Plan Dignidad fue solo un nombre bien vendido que no cotizó como esperaban.

En el caso de los homicidios, los números seguramente mostrarán una cantidad inferior a otros años pre-pandémicos, pero no estarán tan alejados de aquellas cifras a pesar de la pandemia. O sea, ni la pandemia pudo disimular las fallas de una gestión que tuvo un impulso inicial marketinero que pronto fue superado por un abandono sugestivo del patrullaje y la presencia policial en los territorios. Porque esa es -sin duda- una de las principales razones del incremento de la violencia en los barrios, donde los vecinos reclaman por el patrullaje que no existe o el que se abandonó a partir de marzo de 2020.

Patrullaje que tiene una virtud implícita, la de disuadir con su sola presencia. Esa fase preventiva que aumenta la percepción de seguridad en los entornos donde se practica pero que no se sostiene en el tiempo, a pesar de semejante virtud.

Por si no bastara con lo que siente y percibe la gente en cualquier barrio del país (no sólo de la zona metropolitana), las autoridades empiezan a justificar sus cifras apelando a criterios que antes criticaban. Y lo hacen hasta el exceso, pues es notorio hoy cómo intentan justificar los homicidios como ajustes entre criminales, revelando los antecedentes de las víctimas sin importar si estos fueron o no los determinantes del crimen. Una práctica que se ha incrementado a partir de esta administración y que parece justificar la ocurrencia de los mismos, cuando en realidad no es más que una parte de la investigación y no siempre termina siendo la principal.

Otro tema en debate fue la discusión de las cifras entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación. Diferencias que no deberían de existir por cuanto ambas instituciones se nutren de la misma fuente. Pero si eso desde ya parece difícil de explicarse, más aún las argumentaciones del subsecretario Guillermo Maciel cuando atribuyó a la FGN la contabilización de homicidios culposos entre sus números. Extraño porque precisamente quien manejaba criterios antojadizos y equivocados siendo parte de FUNDAPRO (contaba como homicidios los producidos por la Policía en cumplimiento del deber = delincuentes abatidos, por ejemplo), intentó enmendar la plana al Fiscal de Corte, quien respondió que sabía distinguir muy bien un homicidio culposo de uno doloso, siendo estos los que cuenta Fiscalía para sus estadísticas.

Mientras tanto, la violencia sigue en aumento en una tendencia que no ha cesado desde julio del año pasado y que se consolida en este inicio del año 2022. Enero ya lleva registrados 19 homicidios y 3 casos de presuntos delincuentes abatidos por la Policía (que deberán ser ratificados por la Justicia), en los primeros 16 días del mes. Y si los homicidios no ceden, el resto de los delitos tampoco, tal como lo consignó días pasados una nota de El Observador, desmintiendo lo expresado por el Jefe de Policía de Maldonado sobre la ocurrencia de delitos en la temporada.

Todo este panorama parece ser la confirmación de una absurda forma de gestionar desde la comunicación exclusivamente, sin contar con el necesario e imprescindible respaldo de la operativa policial. Si la Policía no acompaña lo que intentan «vender» sus voceros ocasionales, la realidad termina de poner las cosas en su lugar.

Claro está, que en ese punto las consecuencias las sufren las víctimas ocasionales que no resisten más que los contengan a puro verso…

el hombre sacaba sus cuentas,

el perro, las suyas…

Fernando Gil Díaz – «El Perro Gil»

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