Durante la reunión celebrada el domingo en Lima, la Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú acordó un plan de acción para enfrentar a la delincuencia organizada.
En el encuentro se reconoció que la ola de violencia en Ecuador constituye «una amenaza a la institucionalidad democrática de la subregión andina».
El plan de acción regional, firmado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los de Defensa y Seguridad Interna, aborda en 13 puntos diferentes ámbitos en los que se llevará adelante la colaboración.
Acciones en las fronteras para la cooperación migratoria y aduanera, así como colaboración mutua en materia penitenciaria e inteligencia, y el control del tráfico de armas, drogas y minería ilegal, son los ámbitos que conforman el nuevo plan de acción conjunta.
En pos del combate al narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas, municiones y explosivos, los miembros de la Comunidad Andina se comprometieron, según consignó Rusia Today (RT), “a reforzar los puestos de vigilancia fronterizos de forma coordinada con los países vecinos”, así como “colaborar en las tareas de identificación, control y neutralización de los pasos fronterizos no autorizados”.
El Plan de Acción Conjunta establece un mecanismo «ágil» de intercambio de información migratoria que es considerado «relevante» para poder crear el Banco Andino de Datos (BAD).
En dicho Banco, añade el medio de prensa, “se almacenará la información personal con los datos biométricos”, lo que representa una “nueva herramienta” para “la detección de las personas con antecedentes, con requisitorias o con impedimento de tránsito”.
Los países firmantes realizarán «en el más breve plazo operaciones policiales y/o militares coordinadas, cuando corresponda, en las zonas fronterizas”.
La medida se propone para «enfrentar los ilícitos transnacionales» y «ejecutar ejercicios operativos relacionados con el control del tráfico de drogas en las fronteras, como la transferencia de blancos aéreos, de conformidad a la normativa nacional de cada país».
El Plan señala que la cooperación en inteligencia, permitirá «analizar el modus operandi de la delincuencia organizada transnacional», así como asegurará la coordinación y el intercambio de información “sobre las amenazas y riesgos comunes para permitir una idónea y oportuna intervención policial, así como captura de integrantes y miembros de las organizaciones delictivas».
Para el control de los flujos financieros ilícitos, durante el primer trimestre de este año, comenzará a operar “un mecanismo andino de seguridad financiera”.
El acuerdo establece, además la creación de la Red Andina de Seguridad 24/7 con el objetivo expreso de “garantizar el intercambio ininterrumpido y oportuno de información sobre las actividades de los grupos delictivos transnacionales”.
El Plan acordado fue aplaudido y definido por la Cancillería de Colombia como «ambicioso” y aseguró que el mismo permitirá consolidar “el compromiso andino contra la delincuencia organizada”, así como «para proteger la institucionalidad democrática y los derechos de la ciudadanía».
