Senadora Nane: «En el Estado está la cuantificación y clasificación de las necesidades sociales».Comprar conocimiento empaquetado o producir conocimiento soberano: ¿Esto también está en la LUC?
La vida moderna es tal cuando culturalmente asimila y utiliza recursos y herramientas contemporáneos que sostienen, a su vez, una visión del futuro que hasta ese momento es narrable -y por tanto imaginable- para la mayoría de la sociedad.
El Uruguay moderno de hoy no es el mismo Uruguay moderno de 1900, ni el mismo que en la posguerra, ni el mismo que luego del Mayo francés. La tecnología ha hecho que las modernidades tengan un ritmo cada vez más vertiginoso, y que los cambios culturales, sociales y económicos vayan más rápido que la capacidad que tienen los Estados de reaccionar ante nuevas vulnerabilidades de derechos o nuevos marcos regulatorios.
Cuando surgen en las sociedades nuevas necesidades, producto de la adecuación de la gente a la “vida moderna”, también emergen conflictos entre quienes tienen más facilidad para satisfacer esas necesidades y quienes tienen más dificultades. Esas diferencias de acceso a las oportunidades que ofrece la modernidad, pueden ser producto de factores socio-económicos, culturales, educativos, o de ubicación geográfica, por nombrar los más evidentes.
El Uruguay como Estado creó los entes públicos, hace ya muchos años, para democratizar el acceso de todos sus habitantes a recursos y herramientas de la vida moderna: la energía (eléctricidad y combustibles), el agua potable, el servicio postal, y más adelante la telefonía, que acortaba distancias más rápidamente. Con el correr del tiempo, esos entes regulados por el derecho público y sujetos a los controles que necesariamente deben garantizar el uso de los recursos del Estado, tuvieron que ir adaptándose a la modernidad en forma cada vez más rápida, y las normas del derecho público, que son garantistas ante todo, les fueron dificultando la agilidad que el mercado implacable requería. Se crearon así las llamadas Sociedades de Participación Estatal, que son, según se define en el Banco Central del Uruguay, “sociedades comerciales regidas por el derecho privado, donde los órganos del Estado, incluyendo Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales o cualquier persona pública no estatal, es tenedora de acciones o es titular de participaciones, cualquiera sea el porcentaje de las mismas dentro del capital social”.
Hay varios ejemplos de estas sociedades donde el Estado participa, dedicadas a una variada gama de actividades, en el sector financiero (República AFAP S.A. y República Microfinanzas S.A.), en el sector energético y de hidrocarburos (Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. y Rouar S.A.), en la administración de servicios ferroviarios para operar el ferrocarril central, en el sector de logística y construcción de infraestructura, y varios otros rubros.
Por sus características de incorporar capital privado y capital público, estas empreas pueden ser con fines de innovación de productos o procesos productivos que a su vez beneficien al sector productivo al que pertenecen.
Básicamente, tienen un manejo del riesgo de inversión más ágil, y en general procesos de gestión mucho más livianos que los entes públicos. Estas empresas son, por lo tanto, actores importantes en el mapa de la innovación productiva de nuestro país.
Y llegamos casi al punto clave que quería tratar en esta nota: la estructura productiva de nuestro país y el dilema entre comprar conocimiento empaquetado o producir conocimiento soberano.
Uruguay, y muchos otros países de los llamados “en vías de desarrollo” deben justamente desarrollar su vida en “las vías” y no en el “desarrollo” por la escasa inversión en investigación y desarrollo (I+D). Y la justificación de peso no es el tamaño, tanto como lo es que compramos afuera el conocimiento que podemos producir en el país porque es más rápido. El problema es que el corto plazo es para las empresas privadas, donde se necesitan resultados rentables para sobrevivir en el mercado, pero no para un país. Los países, como proyectos de sociedades soberanas, merecen y deben construir soluciones de largo plazo sostenibles económica y socialmente. Y ahí mismo está el factor conocimiento como protagonista.
La generación de conocimiento necesita desafíos, además de inversión. Las capacidades se generan con la demanda, y el Estado es un gran generador de demandas, porque los eventos más complejos tienen que ver con el Estado: las telecomunicaciones, la energía eléctrica, el control del agua potable, la refinación de combustibles, el agro, la ganadería, y además es en el Estado donde está la cuantificación y clasificación de las necesidades sociales, y la gestión de las políticas públicas.
Poner el foco en la generación de capacidades locales, es un proyecto de largo plazo que permite complementar los sectores productivos generando conocimiento transversal y tomando riesgos en la investigación, en la innovación y en la construcción de modelos modernos con proyección nacional y global.
Como forma de resumir estas ideas quizá inconexas ahora, lo que queda es considerar la función democratizadora del acceso a servicios modernos de los entes públicos, la agilidad que brindan las sociedades de participación estatal para incorporar innovación, y la necesidad imperiosa que tenemos como país de generar conocimiento local para ser soberanos en un mundo global, para cuidar el futuro de las y los que vendrán.
El artículo 285 de la Ley de Urgente Consideración, que es uno de los 135 que están en el recurso de Referéndum que consideraremos el próximo 27 de marzo, expresa:
“(Sociedades anónimas con participación estatal).- Las sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones.”
Sobre un 100%, “la parte minoritaria” es cualquier porcentaje entre el 1% y el 49%.
Nuestra preocupación sobre la aplicación de este artículo es el contexto histórico, político y de políticas de innovación en el que puede ser aplicado.
Si miramos la cronología de hechos histórico-políticos que anteceden este artículo, vamos a ver que los integrantes de esta coalición de gobierno quisieron vender Antel en el 92, luego intentaron compartir la infraestructura de fibra óptica de Antel y sacarle a ANCAP el monopolio de los combustibles en esta misma Ley de Urgente Consideración, volvieron sobre la fibra óptica unos meses después con la Ley de Medios, en la Rendición de Cuentas 2020 quisieron crear el Fondo Universal de las Telecomunicaciones, y, hace unos meses, regalaron el Puerto de Montevideo por 60 años a una trasnacional.
Si miramos el contexto de políticas públicas de innovación, encontramos que aún no tenemos un Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología; que no han cumplido aún con la designación de la conducción de la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología; que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación no tiene rumbo, que ANTEL no muestra un plan estratégico que mire al futuro, y que se recortó el presupuesto de la Universidad de la República en el año con récord de estudiantes matriculados.
Las decisiones que se toman hacia el futuro necesariamente tienen el contexto de su época, y por eso comencé esta nota hablando de las modernidades contemporáneas. En este hoy de desigualdades estructurales, lo único que puede generar un cambio es el conocimiento y su aplicación para construir una sociedad donde el desarrollo productivo aporte a una sociedad más equitativa, más soberana en sus decisiones de futuro, y mucho menos violenta.
Para defender el conocimiento soberano, entre muchas otras razones, el 27 de marzo, hay que votar SI.
Silvia Nane, Senadora de la Lista Amplia, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio.
