Con los votos de 67 diputados en 84, el Parlamento de El Salvador aprobó este miércoles un nuevo decreto que prórroga por segunda vez el Estado de Excepción solicitado por el gobierno de Nayib Bukele.
El nuevo decreto, que entrará en vigor por 30 días más, luego de su publicación en el Diario Oficial, fue aprobado sin que mediara análisis y/o debate parlamentario, sobre los resultados alcanzados en la aplicación de dicha política.
La iniciativa introducida por Bukele y aprobada por el Parlamento en la madrugada del domingo 27 de marzo, autoriza la suspensión de varias “garantías constitucionales como el derecho de asociación y reunión, la inviolabilidad de la correspondencia o la intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial”.
Del mismo modo, la medida afecta derechos procesales básicos como el de ser informado sobre las causas de la detención, así como, el no estar obligado a declarar contra sí mismo, o contar con la defensa de un abogado/a.
Estas limitaciones habilitadas por el decreto parlamentario, han concitado el rechazo y las denuncias de varias organizaciones salvadoreñas, quienes señalan que durante su aplicación se han verificado numerosas violaciones de derechos humanos, así como detenciones arbitrarias.
Junto a estas organizaciones, diputados salvadoreños, como Claudia Ortíz, han alzado su voz acusando al gobierno de Nayib Bukele de “estar encarcelando a personas inocentes” y de “ayudar a criminales a evadir la justicia”.
Según ha informado la organización Cristosal, desde la aplicación del Estado de Excepción han sido recepcionadas más de 700 denuncias por violaciones a los derechos humanos, la mayor parte de ellas por detenciones arbitrarias.
La crítica a la prórroga del Estado de Excepción se funda, además, en el hecho de que la Carta Magna salvadoreña dispone que esa prórroga de 30 días “solo se puede autorizar si las causas que generaron el estado de excepción continúan vigentes”, algo que no se condice con lo sucedido ya que la escalada de asesinatos que la generó, ya ha sido controlada en el curso del primer mes del régimen de excepción.
Al referirse al pedido de prórroga, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que era “necesario prolongar” el régimen de excepción ya que “la ola de inseguridad” aún persistía.
Hasta la fecha y según datos oficiales, 34.500 presuntos pandilleros han sido arrestados y se encuentran amontonados en las precarias prisiones del país, hecho este que también ha suscitado críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos.
Los críticos de la medida señalan que “son varios motivos por los que no es conveniente extender el régimen de excepción, entre ellos, afirmó el abogado Abraham Abrego, es que la medida “no ha servido para identificar los responsables del alza de homicidios” y si ha servido para generar “luto y dolor para cientos de familias por casos de detenciones arbitrarias injustas”.
“Para las víctimas de violencia de pandillas el régimen de excepción no ha producido muchos cambios: siguen desplazándose, huyendo de la extorsión y la violencia. El gobierno sigue igual sin garantizar su protección”, denunció Abrego.