La relatora especial de Naciones Unidas sobre tortura, Alice Jill Edwards, solicitó al Reino Unido que revise las penas de prisión por tiempo indefinido.
El pedido de la representante de la ONU se funda, de acuerdo a la agencia Prensa Latina (PL) en las graves consecuencias que dicha pena trae para prisioneros y sus familias.
Hasta fines del pasado año, cerca de dos mil 900 personas cumplían este tipo de condenas que suele aplicarse a quienes han sido definidos por este sistema que se aplicaba a delincuentes como un riesgo significativo para la población.
La prisión por tiempo indefinido fue introducida en el sistema de sanciones del país “en virtud del sistema de Encarcelamiento para Protección Pública (IPP, por sus siglas en inglés)”, señala la agencia de noticias que citando a la experta recuerda, que este tipo de sanciones ha sido “ampliamente desacreditado y ahora abandonado”.
Quienes están cumpliendo este tipo de condena, afirma el informe de Jill Edwards, “tienen dos veces y media más probabilidades de autolesionarse que la población penitenciaria general”.
Se trata de sentencias que “se han convertido en crueles, inhumanas y degradantes, reconocidas por sucesivos gobiernos del Reino Unido e incluso calificadas de indefendibles por un ministro de Justicia”, pero que, a pesar de ello persisten, señaló la relatora especial de Naciones Unidas sobre tortura.
Las condenas de duración indeterminada, han sido dictadas por tribunales de Inglaterra y Gales entre 2005 y 2012, reseña el medio de prensa que informa que, “desde 2021 al menos 65 presos (…) bajo este régimen se quitaron la vida”.
El hecho de que esta condena fuera obligatoria para los casos de “delitos graves”, “provocó que más de ocho mil 700 personas fueran condenadas con ese sistema”.
La suspensión de su uso por parte de la justicia británica, no trajo como resultado que se cancelaran retroactivamente las ya dictadas penas de prisión por tiempo indefinido
Para Edwards corresponde al gobierno británico “redoblar sus esfuerzos para garantizar oportunidades de rehabilitación a todos los afectados, así como el acceso a reparaciones adecuadas y apropiadas”.
Los daños que este tipo de sanción produce en los prisioneros, ha sido reconocido en un reciente informe del Parlamento de Reino Unido, donde se afirma que la misma produce “altos niveles de autolesiones, intentos o ideas de quitarse la vida y suicidios reales”.
