El gobierno regala una porción de la torta de ANTEL a sus amigos en los medios.
El pasado lunes, durante la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio, Fernando Pereira señaló que la decisión de otorgar la licencia clase B, que permite distribuir datos e internet a los operadores de cable de Montevideo (Monte Cable, Nuevo Siglo y TCC, que pertenecen a los canales 4, 10 y 12 de señal abierta), que tal decisión no estaba amparada en informes jurídicos de ANTEL ni de la URSEC que justifiquen la medida.
Pereira denunció además que los gigantes uruguayos de los medios audiovisuales obtendrán el permiso para transmitir datos “cuando Uruguay tiene un mercado que es de los mejores del mundo en cableado para acceder a internet”.
Efectivamente, Uruguay es uno de los países con mayor despliegue de fibra óptica del mundo con más del 87% de los abonados conectados a esta tecnología (cuatro veces más que Estados Unidos, por ejemplo), solamente superado por Corea del Sur y con más conexiones que Japón. ANTEL tiene además la mejor calidad de servicio del continente y con el precio más bajo de toda América Latina, papel que le ha valido integrar Digital Nations, el grupo que integran los siete países más digitalizados del mundo, junto con Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido.
La inversión que realizó ANTEL para estar en ese destacado lugar es de más de 850 millones de dólares en fibra óptica, además de lograr uno de los mejores despliegues de banda ancha móvil en tecnología 4G, que llega al 92% del territorio. Este esfuerzo de la empresa pública de telecomunicaciones -o sea, de todo nuestro país y su gente- se realizó con la preocupación por lograr disminuir las brechas de acceso entre las zonas rurales y urbanas.
Así lo indicó el economista Rodrigo Gorga en La Diaria en una columna publicada este miércoles: “Es cierto que la cobertura no alcanza el 100%, pero este despliegue hizo que Uruguay, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a 2018, tenga las menores inequidades en el acceso a banda ancha entre el medio urbano y rural en América Latina. Este logro es algo muy relevante porque los países presentan un gran desafío cuando intentan desplegar la infraestructura en telecomunicaciones, ya que es más rentable hacerlo en zonas más pobladas y aquellas más alejadas tienden a quedar relegadas. Uruguay, gracias a la visión de la empresa pública, realizó su desarrollo teniendo en cuenta aspectos sociales, como la equidad territorial, que hubiesen sido dejadas de lado por el mero accionar del mercado”.
Como denunciaba el viernes pasado Gabriel Mazzarovich desde estas mismas páginas, “el internet por cable es muy inferior en prestaciones a la fibra óptica. La única empresa que tiene una red nacional de fibra óptica, la mejor del continente, es ANTEL. Así que ANTEL tendrá que arrendar su infraestructura (a los cable operadores) para que le compitan (…) ANTEL le va a financiar las inversiones que tengan que hacer los canales cables de Montevideo para competirle. Es como si Coca Cola le pagara a Pepsi por tenerla en sus heladeras y además le prestara sus máquinas, si fueran mejores, para que produjera más y más rápido”.
La transmisión de datos generó en 2021 una facturación anual de 400 millones, con un crecimiento que casi se duplica año a año. Los datos son el futuro de las empresas de las telecomunicaciones, versus los servicios tradicionales como las llamadas y la mensajería, que decrecen cada día.
El Poder Ejecutivo se escuda para esta decisión en el dictamen favorable de la Suprema Corte de Justicia a sendos recursos de inconstitucionalidad contra el artículo el artículo 56 de la Ley N°19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que establece que los titulares de licencias para servicios de comunicación audiovisual no podrán prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o trasmisión de datos, pero estos fallos son de 2016 y el actual Poder Ejecutivo no tuvo ninguna urgencia previa en adoptar esta decisión.
La decisión adoptada ahora es más bien un chantaje al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Al primero para forzarlo a derogar la ley 19.307, como ha anunciado reiteradamente el colorado Guzmán Acosta y Lara, director de DINATEL. Al segundo para forzarlo a adoptar los mismos criterios que la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia que otorgó estos fallos favorables a esas empresas.
El artículo 56 establece políticas soberanas de telecomunicaciones no dictadas por las grandes trasnacionales ni por los grandes capitales de los medios de comunicación. Busca impedir que se conforme un oligopolio privado en un sector estratégico, en tanto que las posibilidades de la población de acceder a internet y a voces diversas es una responsabilidad del Estado.
Lo que hubiera correspondido, si se quería levantar la inconstitucionalidad establecida por la SCJ, era enviar un proyecto de ley que modificara el artículo 56 de la ley 19.307. El Poder Judicial no determinó de ninguna manera el otorgamiento de esas licencias. Todo apunta a que esta decisión es ideológica, porque quiere destruir el patrimonio público para entregarlo a los privados; política, porque les da a los principales aliados del gobierno una importante posibilidad de seguir construyendo un discurso hegemónico y económica, porque le brinda a los cable operadores un importante negocio a costa de los principales ingresos de ANTEL.
Pero estas decisiones que tanto perjudican a ANTEL no se entenderían si vinieran solas. Desde 2020 el gobierno ha adoptado diversas decisiones que afectan a la empresa de todas y todos.
En el artículo que referíamos más arriba, Gorga reseñaba: “La URSEC, en resoluciones tomadas durante 2020 y 2021, estableció la caída en los precios de interconexión en la telefonía móvil. Estos son los precios que las compañías (ANTEL, Claro y Movistar) deben pagarse entre sí cuando uno de sus usuarios llama a un teléfono de otra empresa. Esto se produjo a raíz de un reclamo iniciado por Claro y la más perjudicada fue ANTEL ya que, al ser la empresa más grande, es la que más recauda por este concepto”.
Así mismo, en la LUC “se aprobó la portabilidad numérica en la telefonía móvil, que luego fue sometida a referéndum. Esto implicó un cambio en las condiciones de mercado ya que permite el cambio de compañía manteniendo el mismo número. Esto, que reduce los costos de cambio de empresa para los usuarios, en nada beneficia a ANTEL, ya que es la empresa mayoritaria y, por lo tanto, la menos interesada en captar nuevos clientes. De hecho, fue Claro quien solicitó su implementación a la URSEC en 2019”, decía el economista en la citada columna.
Pero sobre todo preocupa el rol social que cumple ANTEL, que ofrece diversos planes sin costo (como el plan Universal Hogares) o planes de telefonía móvil que solamente requieren un pago de 200 pesos anuales para mantener el servicio e infraestructuras de uso público como las requeridas para el despliegue del Plan Ceibal o brindar internet gratuito en plazas, paseos y otros espacios públicos.
La ley 12.273 de 1956 (plenamente vigente) define a las telecomunicaciones como “toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos” y la ley 14.235 le otorgó a ANTEL el monopolio en esa materia, entre otras. Más claro, échele agua.
Si bien diversos juristas afines al Herrerismo, el sector dominante del gobierno, consideran que el monopolio de ANTEL en materia de telecomunicaciones ha caído, lo cierto es que otros no ven que esto sea así y entienden que la empresa pública tiene el monopolio de los servicios de telecomunicaciones que fueron determinados por la ley de creación del ente y que no han sido puestas en régimen de competencia por leyes posteriores o colocadas bajo la jurisdicción de otros organismos de la Administración Pública (como los radioaficionados o la administración de frecuencias).
La fibra óptica es la llave para desarrollar la nueva tecnología 5G y será también la plataforma para desarrollar las nuevas estrategias de desarrollo a través de internet y el Directorio de ANTEL se ha comprometido a que a fines de 2023 se habrá sustituido todas las conexiones de hilo de cobre por fibra óptica, de manera tal que abrir este mercado solamente podrá perjudicar a ANTEL y beneficiar a los grandes capitales privados nacionales y a las grandes multinacionales de las telecomunicaciones.
(Enlaces a la nota publicada en nuestra pasada edición: https://elpopular.uy/duro-golpe-contra-antel/ y a la entrevista realizada en el programa “A la izquierda late el corazón” a la senadora Silvia Nane: https://elpopular.uy/con-silvia-nane-a-proposito-de-la-entrega-de-fibra-optica-de-antel-a-canales-privados/)
Fabricio Mato
