Un nuevo proceso surgido de un convenio de colaboración entre la Convención Constitucional junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería y la Red de Cabildos Penitenciarios de Chile permite la puesta en marcha, en el correr del mes de febrero de una nueva instancia de participación popular: los Cabildos Penitenciarios.
Según describe el portal de noticias chileno Votemostodos, “la iniciativa no es una novedad” ya que, después “del estallido social, la Red de Cabildos Penitenciarios comenzó los primeros trabajos para incluir a la población carcelaria en la reflexión política”.
El fin de los cabildos es asegurar que las personas privadas de libertad puedan aportar “información sobre las condiciones en las que viven y participar de la discusión sobre el país que imaginan”.
Aunque ya se había desarrollado la metodología para la implementación de los mismos, hasta ahora ello no se había materializado.
Al referirse a la importancia de la iniciativa, una de las integrantes de la Red de Cabildos Penitenciarios, Karen Hocker, especificó que con el convenio firmado “Gendarmería está mandatada a abrir las puertas, cosa que no había hecho desde 2019”.
Al comentar la iniciativa, el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, afirmó que se había alcanzado el acuerdo gracias al “esfuerzo mancomunado, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para aportar con el orden público y dar oportunidades a quienes están privados de libertad”.
El jerarca enfatizó que el convenio “refuerza la labor que tenemos de entregar más participación a quienes están bajo nuestro resguardo, y nos impulsa a seguir trabajando junto a toda la sociedad”.
Compuesta por 22 fundaciones, la Red de Cabildos Penitenciarios, desarrolla de forma paralela el trabajo con “un grupo de convencionales que tienen la preocupación especial de incluir a la población penitenciaria en el debate constitucional”.
Al comentar la iniciativa, Giovanna Roa (FA) señaló que la preocupación por la participación de los privados de libertad “no solo nace por la participación de las personas privadas de libertad en la CC”, sino, “también por dejar establecido en la nueva Constitución que se garanticen sus Derechos Humanos en términos de condiciones carcelarias y su derecho a voto”.
De acuerdo al portal chileno, los que “estarán a cargo de la ejecución de los cabildos son los equipos territoriales de la Red de Cabildos Penitenciarios”, que en “algunos casos contarán con el apoyo de los convencionales”, aunque ello aún no se ha terminado de definir.
En Chile existen, según datos oficiales de 2020, 47.000 personas privadas de libertad, por lo que aún es prematuro saber cuántos de ellos participarán en los Cabildos, habida cuenta que uno de sus principios organizativos es la voluntariedad de la participación.
Además de la voluntariedad, los Cabildos se rigen por normas que aseguren “la representatividad, el anonimato y la libertad de expresión y no coacción”.
Para el desarrollo de los Cabildos, el Ministerio de Justicia y Gendarmería quedará a cargo de la seguridad, incluyendo en ello el cumplimiento de protocolos sanitarios, así como la apertura de las puertas de 38 centros penitenciarios a lo largo del país.
Los recintos donde se desarrollarán los Cabildos fueron seleccionados por la CC y la Red de Cabildos, en base a “criterios de representatividad de población penal, paridad de género y descentralización”, ya que “el proceso debe contar con la participación de la población penitenciaria en todas las regiones”.
Para su realización, los cabildos se llevarán a cabo sin “temáticas definidas, sino que se van a ser planteadas por la población penitenciaria”.
Corresponderá a las y los privados de libertad, la definición de “los problemas que sienten que son necesarios dejar en la nueva Constitución”.
Los temas que emerjan “se van a ir agrupando, ordenando y sistematizando en categorías más amplias como problemas de educación, salud, seguridad, etcétera”, explicó una integrante de la Red de Cabildos.
Se espera que los resultados sean sistematizados en abril, para lo cual se elaborarán “informes temáticos que serán enviados a las comisiones pertinentes para servir de insumo para la discusión constitucional”.
Todo el proceso finaliza cuando sean entregados los informes y se envíe una copia de los mismos a cada recinto penitenciario que formó parte de los Cabildos.
A pesar de la escasez y la falta de recursos económicos, el proceso es visto por la Red de Cabildos Penitenciarios, como la concreción de una oportunidad en la que se venía trabjando desde hace años y que ahora gracias a la negociación de la CC, se hace posible.
Según resaltó Karen Hocker, el proceso que se inicia pretende “crear un sistema mucho más justo, reparado y cohesionado donde todes podamos ser parte”.
Para los involucrados en este inédito proceso lo que se comienza a desarrollar representa, sin duda alguna, es “un hito dentro” del trabajo de “las organizaciones civiles con los centros penitenciarios”.
