Ida Oreggioni (*)
Una nueva Rendición de Cuentas deja en evidencia no sólo los recortes acumulados en el presupuesto educativo desde el inicio del gobierno de coalición, sino también el humo que implicó la Partida de Primera Infancia votada en el año 2021 (Ley de Rendición de Cuentas 2020) y que debió ejecutarse en 2022.
En 2022 la pobreza cayó respecto a 2021, pero continúa en valores mayores que en 2019 (40.000 personas más por debajo de la línea de pobreza). Pero la pobreza infantil volvió a aumentar en 2022. El 44% de la población pobre es menor de 18 años. El porcentaje de pobreza en niñas, niños y adolescentes es 33 veces más alto que en adultos mayores. Los impactos presentes y futuros de esta situación son graves, y comprometen las oportunidades de las infancias y adolescencias en diversas dimensiones como el estado de su salud física y de su salud mental, el desarrollo, las posibilidades de estudiar, y, a futuro, afectará su inserción en el mercado laboral, su nivel de ingresos, el acceso a la vivienda, la segregación residencial y en definitiva sus condiciones de vida.
Las políticas públicas tienen la posibilidad de impactar sobre estos resultados, en particular las dirigidas a la primera infancia y al sistema educativo. Sin embargo, las políticas implementadas por el gobierno de la coalición de derecha en este sentido muestran retrocesos, recortes presupuestales y promesas vacías.
No hay resultados en la Atención Integral a la Primera Infancia
En 2021, en oportunidad de la Rendición de Cuentas de 2020, se anunciaron con bombos y platillos 50 millones de dólares (2.117 millones de pesos) para Primera Infancia. El artículo 312 de la Ley 19.996 creó un nuevo programa presupuestal, “Programa de Atención Integral a la Primera Infancia” (código de programa 404, sugestivamente), y distribuyó la partida de 50 millones de dólares entre ANEP, el Ministerio de Vivienda, el INAU, ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Salud, para los años 2022 y 2023. En el 2022 la mayoría de los recursos (58%) se destinaron al MIDES (1.232 millones de pesos), y el INAU recibió 789 millones de pesos (37%).
El gobierno lo había anunciado como un “plan inédito” en el que estaban implicados varios organismos en una política que debería ser integral y articulada. Sin embargo, la Rendición de Cuentas 2022 nos muestra que todos quisieron salir en la foto, pero ni había un plan cuando se presentó el proyecto de ley a mediados de 2021, ni lo hubo en la mayoría de los organismos en 2022, y casi nada llegó a ejecutarse ni concretarse en acciones de impacto sobre la primera infancia. Los organismos mostraron que los recursos asignados se utilizaron en planes que ya tenían en marcha, o se transfirieron a terceros (CND, Comisión de Apoyo, Organizaciones sin fines de lucro) para obras futuras o contrataciones futuras de recursos humanos.
Los organismos estaban obligados a firmar un convenio con Presidencia y OPP donde se definían los destinos de las partidas de Primera Infancia. El convenio con INAU se firmó el 22 de diciembre del 2022, un año y medio después de que el gobierno presentara el “plan inédito”, y poco más de un año después de que se aprobara la ley. Allí se proponía la ampliación de cobertura del Plan CAIF con foco en niños y niñas del primer y segundo quintil de ingresos, con una meta de 17.500 niños, además de mejoras en la gestión y en infraestructura. Fue casi nulo el avance en 2022 en el uso de los 789 millones de pesos asignados. Para el 2023 la partida asignada era mayor, de 1.209 millones de pesos, y el presidente del INAU Pablo Abdala planteó en su comparecencia ante la Comisión de Diputados que estudia la Rendición de Cuentas que espera recursos también para el 2024 y que creen que la meta de 17.500 niños se logrará en realidad en 2025. Nada de esto está previsto en el convenio firmado.
El convenio con MIDES, principal destinatario de la partida, se firmó en abril de 2022 y previó la distribución de sus 1.232 millones de pesos de 2022 en cinco ejes que apuntan principalmente a los niños de 0 hasta 4 años y sus familias: Acompañamiento Familiar, Fortalecimiento de Políticas de Cuidados, Transferencias Monetarias Focalizadas, Captación Temprana y Sistemas de Información Integrados. Para el Bono Crianza, transferencia monetaria focalizada, se destinaron a partir del mes de julio de 2022, 720 millones de pesos (58% de la asignación), para hogares con vulnerabilidad socioeconómica extrema, donde viven mujeres embarazadas y niños de 0 hasta 3 años inclusive, lo que significa una población objetivo de 30.000 personas aproximadamente. La partida fue de 2.000 pesos mensuales por beneficiario al inicio, y 2.200 a partir de setiembre, por lo que no llegó a transferirse el total del monto, aunque en diciembre se otorgó a 29.319 beneficiarios en 25.065 hogares. El resto de los créditos para 2022 tampoco lograron ejecutarse en su totalidad, y al igual que otros organismos, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, espera tener una asignación para 2024 que no estaría prevista.
En el caso del Ministerio de Vivienda, aunque la partida es muy magra en relación al total (10 millones de pesos), el compromiso era utilizarla en 40 soluciones habitacionales transitorias a través del otorgamiento de garantías de alquiler con subsidios para hogares con niños a cargo de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad en el marco del Programa Fondo Nacional de Garantía de Alquileres. Pero el convenio también se firmó recién en diciembre de 2022, por lo cual nada se concretó. El gerente de Planificación y Gestión de Soluciones Habitacionales de la Dirección Nacional de Vivienda reconoció en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que, en junio pasado, se llegó a un primer listado de beneficiarios.
El Ministerio de Salud Pública tampoco tradujo en políticas para la primera infancia los 15 millones de pesos asignados, sino que según lo que relató en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, los transfirió a la Corporación Nacional para el Desarrollo para realizar futuras contrataciones de personal que llevarán a cabo capacitaciones todo del personal de salud del país sobre la “Guía Nacional para la Vigilancia del Desarrollo del niño y de la niña menores de 5 años”. Tampoco se concretó ningún avance tangible en 2022.
ASSE, que recibió para el 2022 una partida de 21 millones de pesos para Atención Integral a la Primera Infancia, también firmó su convenio en diciembre. Debía destinarse la partida a la estrategia de Casas de Desarrollo de la Niñez, con dos nuevas casas, en Artigas y Rivera, y fortaleciendo con más especialistas la Casa de Las Piedras. Los recursos se transfirieron a Comisión de Apoyo para contratación de personal, pero nada se concretó tampoco en 2022.
En el caso de ANEP, la asignación correspondiente era de 50 millones de pesos para reforzar la contratación de maestros, tanto de escuelas de currícula general, como las escuelas APRENDER y de escuelas a tiempo completo. A su vez, se proponía contratar asistentes técnicos para los centros con alumnos de menor edad. Sin embargo, los datos presentados en esta Rendición de Cuentas no muestran que el organismo haya recibido el crédito en 2022.
Además de la casi nula ejecución real de las partidas en la mayoría de los incisos, todos los organismos prevén ejecutar recursos en 2024, pero ni los convenios firmados, ni el artículo 312 de la ley de Rendición de Cuentas 2020 previeron la distribución ni los compromisos de las partidas para ese año. Sin dudas hubo mucho ruido y pocas nueces en la Atención Integral a la Primera Infancia.
Recortes de recursos y derechos en Educación
Para la coalición de gobierno, los cambios en la Educación fueron foco de su discurso desde su compromiso por el país en 2019, luego en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y en la “transformación educativa”, pero nada de eso se reflejó ni en recursos presupuestales, ni en mejores condiciones educativas.
La eliminación en la LUC de los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional, que se sustituyen por direcciones unipersonales, favorecieron una “transformación educativa” sin apoyo ni participación real de los docentes.
En esta Rendición de Cuentas no hay recursos nuevos para la educación. Los recortes de gasto acumulados entre 2020 y 2022 suman 303 millones de dólares cuando consideramos ANEP y la Universidad de la República (Udelar).
La Udelar cuenta con más estudiantes, menos horas docentes por estudiante, y la necesidad de continuar con la expansión hacia el interior, brindar más becas de apoyo económico y posgrado, así como avanzar en el Nuevo Hospital de Clínicas que prometiera el presidente Lacalle Pou. Los salarios de la institución son los más sumergidos del Estado y también se encuentran en desventaja al comparar con otras instituciones académicas nacionales e internacionales. El régimen de Dedicación Total para investigadores corre riesgo de no tener nuevos ingresos hasta 2025.
La comparecencia de la Udelar a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se produjo luego de que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijera que la Udelar cuenta con un presupuesto de 550 millones de dólares, que debería ser suficiente para cubrir sus necesidades. “Tenemos un presupuesto que equivale al déficit de la Caja Militar”, planteaba ADUR.
En el documento “La Universidad Rinde Cuentas” – Rendición de Cuentas 2022 se plantea: «Sin partidas incrementales, el presupuesto de la Udelar registrará una reducción de un 2,6 % para 2024, que se explica, en gran medida por la caída del salario de sus trabajadores y trabajadoras docentes y del personal técnico, administrativo y de servicio, quienes, a pesar del ajuste contenido en el preacuerdo firmado en 2022, continúan sufriendo una caída del 2% de su salario en el período 2020-2024».
El mismo documento informa que «quienes ingresaron a estudiar por primera vez a la Udelar en 2022 son en su mayoría mujeres. El estudiantado proviene en su mayoría del interior del país (59,3 %), y de liceos públicos (82,6 %), y más de la mitad (55,8 %) es la primera generación de su familia en acceder a la educación terciaria o universitaria”.
La mayor diversidad en la composición del estudiantado implica mayores desafíos, a lo cual se suma la constatación de la existencia de problemas de rendimiento más severos de los que había antes de la pandemia. “Dos años de pandemia en Secundaria no pueden implicar el mismo nivel de aprendizaje que dos años sin pandemia”, señalaba el rector Rodrigo Arim.
La Udelar realiza un pedido de incremento presupuestal equivalente a 114 millones de dólares. El 53% de la solicitud, 60 millones de dólares, está destinado a revertir el deterioro de la relación horas docente por estudiante y a mejorar el salario universitario, priorizando la recuperación salarial. Adicionalmente, para atender grandes desafíos nacionales, se presentan 9 proyectos, que implican recursos adicionales por 22 millones de dólares. Entre los proyectos adicionales se destacan la necesidad de obras para el Nuevo Hospital de Clínicas que anunciara el presidente de la República ante la Asamblea General en marzo de 2022, y el proyecto “Agua País” que “se propone viabilizar el aporte de la Universidad de la República al desarrollo del Plan de Cuenca del río Santa Lucía, a través de la consolidación de un grupo multidisciplinario que articule la generación de conocimiento científico técnico en conjunto con las instituciones competentes. De esta manera se podrán optimizar los recursos disponibles para el abordaje de los complejos desafíos de la gestión del agua, la mejora del ambiente y la calidad de vida de las personas”.
En los últimos días diputados nacionalistas han manifestado que tienen intenciones de reasignar recursos para la educación, y el presidente de ANEP, Robert Silva, dijo que tiene “esperanzas” de que aparezcan recursos en el Parlamento, luego de que claramente no recibió el apoyo del Poder Ejecutivo. La ejecución presupuestal de ANEP en 2022 tuvo una caída real cercana a 4% con relación a 2019, que fue más pronunciada en secundaria con casi 8%, precisamente donde reiteradamente se destacan problemas de egresos y desvinculación de los estudiantes, y donde está el centro de la propagandeada “Transformación educativa”. La mayor parte de la pérdida de recursos se refleja en la caída de los salarios de los trabajadores, y a pesar de que el convenio salarial firmado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay prevea que en 2024 se alcance el mismo salario real que en 2019, los ingresos perdidos durante cuatro años no se recuperarán.
La ANEP solicita 63 millones de dólares, mayoritariamente para impulsar la “Transformación educativa” que continúa avanzando a los tropezones, sin diálogo ni escucha a los docentes, en el terreno abonado por la LUC. Las Asambleas Técnicos Docente (ATD) han dicho que no están de acuerdo con esta transformación, y los representantes docentes en el CODICEN consideran que la solicitud de recursos debiera destinarse a necesidades más urgentes, como la instalación de más equipos multidisciplinarios en educación media en el interior del país, o la creación y extensión horaria de auxiliares de servicio en las escuelas, entre otras demandas de la comunidad educativa. FENAPES considera que los recursos adicionales que se soliciten deberían focalizarse en la mejora de aprendizajes de los estudiantes con el diseño de un potente plan de acompañamiento de los adolescentes, que incluya apoyos para alimentación, además de realizar mejoras de infraestructura, solucionar inequidades salariales, y disminuir el tamaño de grupos. También se destaca la necesidad de concretar la anunciada contratación de psicólogos en Secundaria para el acompañamiento de las comunidades educativas en salud mental, reclamo de los colectivos de docentes, estudiantes y sus familias.
Las necesidades de las infancias, adolescencias y jóvenes más pobres y vulneradas continúan postergadas en la Rendición de Cuentas 2022, mientras el gobierno presenta un discurso triunfalista que desconoce el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías de la población, y las políticas implementadas resultan en humo ante la consolidación de situaciones de gran vulnerabilidad social.
(*) Economista
Foto de portada:
Azucena Arbeleche en la entrega de la Rendición de Cuentas y presupuesto del MEF al Poder Legislativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
