La Reforma Jubilatoria impulsada por el gobierno de la coalición de derecha, es regresiva, injusta, incompleta, en buena parte improvisada y no está sustentada ni siquiera una proyección seria de los impactos reales que tendrá. Es anti-seguridad social porque niega la esencia de esta, que es proteger a los sectores más vulnerables, que esta Reforma golpea y discrimina.
Es una reforma que hará que miles de trabajadoras y trabajadores tengan que trabajar más años, aportar más y cobrar menos jubilación.
Es necesario reiterar para que se grabe en nuestra cabeza, y, a través del debate y el diálogo mano a mano con nuestro pueblo, se transforme en parte de la conciencia colectiva: Es una reforma regresiva, recorta derechos, no resuelve los problemas de financiamiento del sistema, fue hecha de espaldas a la sociedad, beneficia al lucro y la especulación de las AFAP y su principal consecuencia es que las y los trabajadores tendremos que trabajar más años, aportar más, para cobrar menos jubilación.
Tanto el PIT-CNT y la Intersocial, como el Frente Amplio, han desplegado y ahora intensifican una campaña pública para dar a conocer los contenidos de la Reforma Jubilatoria que impulsa el gobierno de derecha y las graves consecuencias, para la gran mayoría de las y los trabajadores, que tendría su aplicación.
Hoy retomaremos algunos de los argumentos centrales, pero sobre todo dedicaremos este editorial a refutar varias mentiras, que, ante la falta de argumentos reales, el gobierno de derecha y sus operadores repiten para intentar fundamentar su apoyo.
- El gobierno ha dicho que es una Reforma de la Seguridad Social, la intentan presentar como una de las grandes transformaciones estructurales que necesita el país.
Es mentira. Es apenas una reforma jubilatoria, no integra para nada el amplio mundo de la Seguridad Social y las transformaciones necesarias. En Uruguay tenemos algunos problemas que demandan respuestas urgentes desde la Seguridad Social: el crecimiento de la pobreza, sobre todo la infantil; el incremento del hambre, escondida pudorosamente bajo el tecnicismo de “seguridad alimentaria”; la falta de respuesta real para necesidades básicas como la salud y la vivienda para miles de jubiladas y jubilados. No hay una sola medida en la Reforma Jubilatoria impulsada por el gobierno para estos problemas. Ni una.
Es una reforma parcial, que no responde a los problemas reales y urgentes, y se limita solamente a recortar derechos jubilatorios. - El gobierno ha dicho, y lo ha escrito como fundamento de la presente Reforma, que el problema central que enfrenta el sistema de Seguridad Social es su financiamiento. Pues bien, esta Reforma no tiene una sola medida que incremente la recaudación del sistema para poder enfrentar el tema de su financiamiento. Ni una. Solamente rebaja egresos a través de recortar derechos, accesos a beneficios y montos de jubilaciones y prestaciones. No contempla eliminar la inequidad de que los trabajadores aportan, porcentualmente, el doble que los patrones, corrigiendo eso la Seguridad Social recibiría muy importantes recursos. Tampoco analiza el muy generoso régimen de exoneraciones de aportes patronales adicionales. Ni tampoco ataca las jubilaciones de privilegio de algunos subsistemas, como la Caja Militar, que es la más deficitaria de todas. Nada. Así que lo que la derecha define como “principal problema” no recibe ninguna solución, por el contrario, algunas medidas pueden agravar la situación. Por ejemplo, la universalización y obligatoriedad de aporte a las AFAP implicará un gigantesco traspaso de recursos hacia empresas financieras privadas, lo que puede impactar muy negativamente al Banco de Previsión Social.
- El gobierno ha dicho que la Reforma no recorta derechos y que sus efectos se aplicarían dentro de muchos años, hablan como si fuera una fecha mística del 2030, y que, además, los trabajadores nacidos antes de una fecha determinada, que ya ha variado, aunque no sustancialmente, no serán afectados. Por lo tanto, dicen, el gobierno cumple con su compromiso electoral de “transformar” la Seguridad Social, sin bajar las jubilaciones y sin cambiarle las reglas de juego a los trabajadores. Es mentira. Se recortan derechos, se modifican las condiciones de acceso y se recortan los montos a percibir de, entre otras, la pensión por viudez y la jubilación por incapacidad física. Y eso será de aplicación inmediata cuando se apruebe la Ley, no para el 2030. También será de aplicación inmediata la universalización y obligatoriedad de aporte a las AFAP.
- El gobierno ha dicho que ningún trabajador actual cobrará menos jubilación con esta Reforma. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo en el Parlamento y en la prensa que “no quiere” que se diga más que habrá gente que cobrará menos. Tremendo. Pues lo sentimos mucho por Mieres, pero entre las conclusiones del documento que el PIT-CNT entregó, primero en el Senado y ahora en Diputados, se indica que la Reforma Jubilatoria “implica una rebaja generalizada de las prestaciones para todos los trabajadores”. El informe de la central obrera, el Equipo de Representación de los Trabajadores en el Directorio del BPS y el Instituto Cuesta-Duarte pone algunos ejemplos, entre ellos el que sigue: una persona que con 30 años de aportes y bajo el régimen vigente se jubila a los 60 años con una jubilación de $36.700, con la reforma planteada, pasará a jubilarse a los 65 años con aproximadamente $28.400, es decir, tendrá que trabajar 5 años más y cobrará más de $8.000 menos, lo que implica una caída de 23%. Un informe del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) presentado en el Senado establece varios escenarios de la aplicación de la Reforma y señala que habrá miles de trabajadores que cobrarán menos si esta se aprueba.
- El gobierno habla de “eficiencia”, “déficit” y “competencia” y señala que hay que “modernizar” la Seguridad Social, para ello, entre otras cosas, crea una Agencia Reguladora, que tiene enormes potestades, ninguna transparencia y sobre todo elimina la representación y el control social, presente del en directorio del BPS. Los sistemas de seguridad social son una construcción política, son un instrumento para disminuir la injusticia social y avanzar en derechos, deben apuntar a privilegiar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los sistemas de seguridad social no tienen como objetivo dar ganancia o proteger a los sectores que concentran la riqueza. La seguridad social es universal por su concepción y su impacto, pero tiene como objetivo beneficiar a quienes menos tienen. La lógica de mercado, de la competencia, de la ganancia y el lucro, es ajena, debe ser ajena, a la concepción de la seguridad social.
¿Es necesaria una reforma de la Seguridad Social? Si, claro, pero no está. Es necesario el más amplio diálogo social para construir un consenso en torno a la reforma, así lo recomienda la propia Organización Internacional del Trabajo.
El Frente Amplio y el PIT-CNT han planteado, tanto en la famosa Comisión de Expertos que formó el gobierno de derecha, como en el Parlamento, diagnósticos serios y fundamentados y propuestas.
Es necesaria una reforma integral, que amplíe la matriz de protección social, que busque la cobertura universal, que elimine las inequidades en el aporte a su financiamiento, que se base en la solidaridad y en la justicia social, con participación democrática, sin AFAP y sin lucro.
Es momento de enfrentar este intento regresivo, que, hay que señalar adicionalmente, es parte orgánica del proyecto de país del bloque de poder, de su utopía conservadora, de su modelo concentrador y excluyente. No se puede ver esta Reforma Jubilatoria al margen de esto. Es parte de ese modelo que produce desigualdad.
Es imprescindible recordar que, como todos los avances sociales, las conquistas en seguridad social, es decir los derechos para la mayor cantidad de gente posible, siempre surgieron de la lucha popular y enfrentaron la resistencia de los sectores poderosos.
Son fruto de la lucha popular. Hablamos de conquistas históricas como las asignaciones familiares, las pensiones por discapacidad, enfermedad o viudez, el seguro de paro.
Pero también de la ampliación de la licencia por maternidad; del reconocimiento de la licencia por paternidad; las medidas especiales para hacer posibles los derechos jubilatorios para quienes trabajan en condiciones de precariedad, como las trabajadoras domésticas o los trabajadores rurales; de la computación de un período de tiempo por hijo a las mujeres; o de otros avances que se consiguieron más recientemente, y fueron fruto de la lucha del movimiento popular, y, su confluencia con la acción de los gobiernos del Frente Amplio.
Esta Reforma Jubilatoria no tiene consenso social ni argumentos que la respalden. Está inspirada en el fanatismo obtuso del neoliberalismo más básico.
Lo dijimos y lo reiteramos: Hay que elevar la denuncia, la movilización, el diálogo con nuestro pueblo. Hay que construir la acumulación social y política que impida el retroceso que implicaría su aprobación.
