El pasado martes se dio a conocer un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de Naciones Unidas en el que se revela que “miles de personas son coaccionadas para trabajar en operaciones de estafa en línea”.
De acuerdo al documento, muchos de los casos reportados corresponden a que durante la pandemia “se encontraban varados y sin trabajo debido al cierre de fronteras y de empresas”.
En el orden de cientos de miles de personas ronda la cifra de personas que han sido “contratadas a la fuerza por bandas del crimen organizado para dedicarse a la delincuencia en línea en el Sudeste Asiático”.
Las víctimas, afirma el informe, “se enfrentan a una serie de graves violaciones y abusos”, entre los que sobresalen las “amenazas a su seguridad”.
Muchas de estas personas se describe, “han sido sometidas a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, violencia sexual, trabajos forzados y otros abusos contra los derechos humanos”.
Al comentar la situación, Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dijo que «las personas coaccionadas para trabajar en estas operaciones de estafa soportan un trato inhumano mientras se les obliga a cometer delitos”.
“Son víctimas. No son delincuentes», enfatizó Türk .
Para el experto de Naciones Unidas se está ante dos tipos de víctimas, aquellos que han sido estafados y aquellos que conforman las personas “que se ven obligadas a trabajar en estas operaciones de estafa”.
La magnitud del fenómeno, se afirma en el documento, “es difícil de calcular”, ya que su carácter clandestino y la ausencia de reportes oficiales para su control, hacen muy difícil su cuantificación.
A pesar de ello se estima que, por ejemplo en el caso de Myanmar, “al menos 120.000 personas (…) pueden estar retenidas en situaciones en las que se ven obligadas a realizar estafas en línea”.
El otro lugar donde se reportan estimaciones es Camboya donde se afirma que cerca de 100.000 personas son víctimas de esta modalidad delictiva.
