El Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual Red Pro Cuidados, el CLADEM -Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista, emitieron una nueva comunicación de denuncia sobre el proyecto de Ley “Corresponsabilidad en la Crianza”.
En el mismo señalan que el proyecto en cuestión, en caso de ser aprobado, “pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”.
Para las organizaciones firmantes, este “nuevo proyecto de ley mantiene en su articulado aspectos que atentan contra el interés superior del niño” y fuerza “las visitas a los niños de las personas que ejercen violencia y omitiendo la responsabilidad del Estado de protección contra toda forma de violencia”.
“¿Un adulto mantiene visitas obligatorias con una persona violenta? ¿Por qué obligar a los niños a repetir las situaciones de violencia?”, se pregunta en el documento que agrega que “el contenido de la ley implica un retroceso legal porque vuelve a considerar a niñas, niños y adolescentes objetos de tutela del mundo adulto ignorando que son sujetos de derecho y que, por lo tanto, tienen una protección especial por parte de la ley”.
Para las organizaciones denunciantes, este nuevo intento de transformación de la normativa, “desconoce la realidad de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.
En ese sentido recuerdan que de acuerdo a los datos de SIPIAV, se presentaron “7035 casos de violencia (maltrato, abuso sexual y explotación sexual) en 2021”, un registro que señalan “ha seguido en aumento”, dando “cuenta de un grave problema de nuestra sociedad”.
En el articulado del nuevo proyecto, explican, “prima el interés de los adultos por mantener el vínculo con los hijos sin las garantías necesarias de protección para los niños víctimas de violencia”.
“Este proyecto desconoce la evidencia de la violencia contra los niños y niñas al negarse a tomar en cuenta todas las observaciones que hicieron al respecto las organizaciones sociales aquí firmantes; así como la Facultad de Derecho de la UDELAR a través del Instituto de Derecho de Familia, la Facultad de Psicología, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores de Oficio, UNICEF, la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron al respecto en los proyectos iniciales”, detalla el documento presentado.
Agregan que, “ninguna de las consideraciones aportadas por diversos especialistas al grupo de parlamentarios fueron tomadas en cuenta”.
Señalan que resulta de “suma gravedad” que el Estado desconozca su obligación “de garantizar el principio de la protección especial que tiene el Estado en casos de violencia o abusos contra niñas, niños y adolescentes; habilitando que se continúe con el régimen de visitas aun cuando haya denuncias de violencia contra alguno de los progenitores”.
Para los firmantes, “el principio rector debe ser siempre la protección de las niñas, niños y adolescentes porque los daños son irreparables”.
En consideración a ello, se insiste en señalar que el actual “proyecto desconoce la situación de vida que sufren niñas, niños y adolescentes. Silencia la voz de los niños y prioriza a las personas adultas”, al desconocer que “las violencias son ejercidas por personas en su entorno inmediato y que las situaciones se detectan en una fase crítica; cuando los daños ya están hechos”.
“Exigimos que en cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger y garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente el de vivir una vida libre de violencia, no se vote en el Parlamento esta ley que daña la infancia”.
Finalmente, en el documento se recalca que resulta “importante que los funcionarios y funcionarias públicas, desde su lugar de responsabilidad en la protección de derechos humanos, se pronuncien públicamente al respecto. El silencio es cómplice de su desprotección. Ningún Estado puede ejercer o permitir ninguna forma de tortura”.
