Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Revolcón ético a Cabildo Abierto

La FEMI y el PCU desnudan la mentira sobre Roslik del candidato a intendente de Soriano.
0
213

Por Gabriel Mazzarovich

No pasa una semana sin que Cabildo Abierto se vea implicado, con alguno de sus dirigentes, en una denuncia por su participación en crímenes del Terrorismo de Estado durante la dictadura. La reacción es siempre la misma: la negación, la repetición a pie juntillas de las mentiras de la dictadura y el ataque a la justicia y a la izquierda.

Lo hizo y lo hace el general retirado y senador Guido Manini Ríos, tanto para defenderse él personalmente como para ejercer de defensor de varios de sus asesores más cercanos. Así ocurrió con Eduardo Radaelli, dirigente de Cabildo Abierto, procesado por el asesinato de Eugenio Berrios y su vinculación con la policía política de Pinochet; o con Antonio Romanelli, carcelero en el Penal de Libertad durante la dictadura, que al ser acusado por decenas de ex presos políticos fue respaldado por Manini Ríos y en lugar de hacerse cargo demandó a algunos de los medios de comunicación que publicaron la información.

Hace unos días trascendió que el militar retirado Alberto Loitey fue electo por la convención departamental de Soriano de Cabildo Abierto como candidato a intendente por ese departamento.

En varios medios de comunicación se señaló que Loitey aparece en la investigación del semanario Jaque sobre el asesinato en tortura del médico Vladimir Roslik en abril de 1984 en el Batallón 9 de Infantería de Fray Bentos.

Loitey entrevistado al respecto por el medio digital El Eco de Colonia dijo: «Yo nunca me escondí, me extraña que ahora me sacan en las redes. Padecí 15 años de gobierno del Frente Amplio y nunca se me acusó que sea culpable de algo. Entonces cuando uno sale y quiere hacer algo, lo investigan y si uno es integrante de Cabildo Abierto le hacen hasta una radiografía del perro. La historia dice que yo estaba prestando servicio, yo reconozco eso, en este año pertenecía a la plantilla de oficiales de esta unidad. Yo estaba y nos sometimos a la justicia sin inconveniente. Si tuviera algo que ver me habrían citado, puesto preso, lo que quiera, sin embargo, no hubo algún inconveniente”.

Loitey dijo que «murió por un paro cardíaco, como muere cualquiera de nosotros. Hubo médicos que actuaron y una Justicia que actuó. Como yo no estuve en el tema, no le puedo dar detalles porque no los conozco. Pero la historia dice que estaba ahí. Me gustaría saber quién está detrás de eso o a quién puedo molestar”.

«Lejos de hacerme daño hasta me favorece para conseguir algún voto más. No por el tema de la tortura, eso pasó y pasó», dijo.

Las declaraciones de Loitey, si se omiten las bravuconadas, tienen contradicciones y mentiras flagrantes. Una contradicción evidente es que dice no saber nada del caso Roslik, a la vez que acepta que estaba en el Batallón cuando lo mataron, que fue citado e incluso repite la mentira de la dictadura, dice que murió de un infarto.

Es la técnica de, amparándose en la impunidad, seguir mintiendo. Ocurre que el caso Roslik tiene algunas particularidades. Su detención y asesinato fue al final de la dictadura en 1984, ya se habían abierto por la lucha popular espacios de denuncia y se pudo investigar y denunciar. Está claro desde 1984 que lo que dice Loitey es mentira. La familia de Roslik, en particular su viuda María Cristina Zavalkin, lo denunció, 5 médicos hicieron una autopsia y lo documentaron. Una investigación del semanario Jaque, de los periodistas Alejandro Bluth y Miguel Petit, lo hizo público. La Federación Médica del Interior lo denunció. Tanto fue así que la Justicia Militar tuvo que actuar y constató el homicidio y proceso al entonces mayor Caubarrere con cuatro meses de prisión.

Esta vez Loitey y Cabildo Abierto, confiados en la impunidad, quedaron presos de la propia mentira que repiten como un mantra.

La Ley de Impunidad y la Justicia luego, al decidir archivar el caso, impidieron hasta ahora que haya justicia para Vladimir Roslik. Su viuda y su hijo Valery, representados por el abogado Pablo Chargoñia están intentando que se reabra el caso. En el mismo sentido está actuando el fiscal especial para delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe. El caso está a la espera de un fallo en la Suprema Corte de Justicia.

Hace 36 años que la familia de Roslik busca justicia, aún no la tiene, pero la verdad si la sabemos, todas y todos los uruguayos, con ello, en su soberbia, no contó Loitey.

DECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY (PCU):

DECLARACIÓN DE LAS GREMIALES MÉDICAS:

 

Comentarios cerrados.