El Frente Amplio cuestionó la gestión del gobierno y de Heber en seguridad: “Un ministro que vive en el mejor de los mundos”
El martes 7 de junio, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió al Senado, convocado por el Frente Amplio en régimen de Comisión General, para abordar la crisis de seguridad pública, con especial énfasis en el aumento de los homicidios y la situación de las cárceles.
El debate fue tenso y el oficialismo se parapetó en negar todos los señalamientos críticos. El Frente Amplio recordó en sala que este tema fue central en las críticas a los gobiernos del Frente Amplio y en especial en la campaña electoral, donde el actual gobierno dijo que “arreglaba la seguridad en pocos días”. Luego, desde la coalición de derecha ya en el gobierno, se afirmó que las disposiciones introducidas en la Ley de Urgente Consideración (LUC) habían tenido grandes resultados. Esta fue una argumentación central durante la campaña hacia el referéndum. Pocos días después de la votación el ministro Heber reconoció que habían aumentado los homicidios.
EL POPULAR transcribe la intervención del senador de la 1001, Unidad para los Cambios y el FA, Oscar Andrade, que, entre otras cosas, generó varias respuestas desde el Partido Nacional. Andrade respondió a los señalamientos reclamando “respeto a las opiniones” y siendo tajante en el rechazo a que se lo acusara de “mentir”.
La intervención de Andrade
(…) En el año 2018, cuando fue interpelado, el señor Bonomi explicó que el incremento de los homicidios de ese año y su cifra récord tenían que ver con los ajustes de cuentas entre bandas criminales que habían pasado de un 29 % a un 58 % –un salto del doble–, y todos quienes hoy están en el Gobierno, que en ese momento eran oposición, saltaron ofendidísimos –me refiero al hoy presidente de la República y a los senadores– y dijeron que eso era un disparate, cuando se había duplicado la cantidad de muertes por ajustes de cuentas entre bandas criminales.
Sin embargo, hoy que las muertes por ajustes de cuentas entre bandas criminales bajaron a un 42% del total de las muertes, es la explicación principal que se da para esta ola de homicidios, y no estoy hablando de un mes. El año cerrado a mayo tiene 359 homicidios, cuando acá se interpelaba –tengo en mi poder la versión taquigráfica– que era un desastre tener 322 homicidios en el año móvil cerrado a marzo.
Por lo tanto, en este caso, hay que entender que quienes hoy están en el Gobierno reconocen este factor que se subestimaba en el pasado, tomando el año 2018 que siempre se tiene en cuenta para las estadísticas, porque de otra manera no cierran. Tanto es así, que debemos mirar los homicidios en los primeros 27 meses del último gobierno del Frente Amplio. Hablo de homicidios porque, como bien decían en ese momento –salvo que a este respecto también hayan cambiado de opinión; tengo frases de varios legisladores de la oposición que participaron en las interpelaciones–, el homicidio es el único delito confiable. No hablamos de los demás delitos porque el homicidio es el único que, sí o sí, se denuncia; los demás tienen una franja de no denuncia que nos lleva a que la interpretación no sea rigurosa, por más que tengamos este dato de muertes dudosas y su crecimiento sea al doble.
Repito que en los primeros 27 meses del último gobierno del Frente Amplio –ya que se querían comparar y me parece que es un dato muy importante– hubo 612 homicidios. Me refiero al último gobierno de Tabaré Vázquez. En estos 27 meses tenemos, según mi cuenta, 744 homicidios, aunque el ministro dice que fueron 741. En todo caso, tenemos un incremento con ese período de gobierno que había sido tan criticado, con un promedio en los tres años anteriores en los que no se había movido la aguja con respecto a la cantidad de homicidios; no había existido una explosión en ese sentido.
Tengo acá los datos cada cien mil habitantes y por año –sería engorroso dar más detalles– eran 7,8, 7,7, 7,9; la cifra se había mantenido estable. Durante tres interpelaciones se colocó arriba de la mesa que estábamos en medio de un colapso, de una catástrofe.
Esto se hacía con un abordaje del que, en general, no escapamos y que es equivocado, que consiste en pensar que los problemas de la violencia en la sociedad tienen que ver exclusivamente con el papel de la Policía. ¡Insólito! En ninguna parte del mundo se resuelven los problemas de la seguridad exclusivamente con la Policía, pero seguimos insistiendo en ello y en que los problemas de la seguridad se solucionan únicamente con más gente presa y más tiempo. Si fuera por eso, los gobiernos del Frente Amplio serían un éxito porque duplicamos la población carcelaria en los quince años de gobierno. ¡La duplicamos! ¡Endurecimos un montón de penas en los gobiernos del Frente Amplio! Claro que lo hicimos a determinado ritmo.
Se ha elegido, sobre todo en un costado que es el más problemático y en contra de toda la evidencia internacional, atender los problemas de las adicciones desde el punto de vista penal.
¿Qué dicen las Naciones Unidas en cuanto al trastorno por el uso de drogas? Dicen que la evidencia demuestra con claridad que los trastornos por uso de drogas tienen un mejor manejo dentro de un sistema de salud pública y que “… la inclusión del tratamiento de la adicción en el sistema de cuidado de la salud aún es muy difícil…”. También habla, entre los principios rectores –¡claro!, esto no gana votos, sino que los pierde y, por eso, en general abordamos el tema desde un lugar distinto y transformamos esto en un territorio de disputa–, de que en América Latina una de cada once personas con consumo problemático de drogas tiene asistencia y, dentro de los principios y las normas, se ubica que el último ratio tiene que ser el penal.
El abordaje tiene que colocar como último ratio el penal, pero acá no solamente colocamos el componente penal, sino que establecimos en la Ley de Urgente Consideración que quien caiga por este tipo de delitos no va a tener la posibilidad de redimir pena por trabajo o estudio.
Este es un debate en el que debemos pensar. Se destaca por parte de los organismos internacionales que, en general, existe un enorme vacío entre ciencia, política y práctica clínica. En este tema, no tenemos debate acá y no lo digo para partidizarlo. Acá no lo tenemos; parece que estamos exonerados de un abordaje que considere esa complejidad
Tenemos una diferencia enorme con respecto a la valoración de los delitos y la pandemia; creo que es hasta de sentido común. No hace falta mirar al mundo, sino solo observar al Uruguay.
En nuestro país, durante veinte meses no hubo un solo incidente en las tribunas de los estadios porque no hubo fútbol; no hubo incidentes en los conciertos porque no hubo conciertos; y no hubo incidentes en cumpleaños de quince porque no hubo cumpleaños de quince. Tres millones ochocientas mil personas no ingresaron al Uruguay y, sí, no fueron robadas acá. Y un millón de personas –entre primaria, secundaria, UTU y docentes– hicieron teletrabajo y, sí, tenían el auto en el garaje por cuanto difícilmente podía ser robado.
Estas son cosas de un abrumador sentido común. Sin embargo, parecía que esto no existía y, según la opinión de las autoridades, los datos de los delitos tenían que ver con la gestión mágica que había empezado el 12 de marzo, el día en que se declaró la emergencia sanitaria.
Tuvimos un año 2021 complicado; blindar abril no se pudo; junio, julio y agosto fueron difíciles, con datos terribles desde el punto de vista sanitario y, apenas se retornó a la normalidad, empezamos a registrar niveles de violencia en la sociedad muy duros.
Acá no se ha dado respuesta a la encuesta de Latinobarómetro –de diciembre de 2021–, que es muy paradojal, porque no solamente consulta acerca de si alguien fue robado el último año o sufrió un delito, sino que primero pregunta si la persona se siente más segura, y la mayoría de la gente que participó en ella dijo que se sentía más segura. En el 2018 un 36 % de las personas se sentían muy inseguras y el porcentaje bajó a un 28 %. Los mismos 1.200 encuestados presenciales que habían dicho que se sentían más seguros señalaron: «Pero a mí me robaron más que en el 2018». No digo que esta sea la verdad, ¿pero no merece siquiera una reflexión, que se incorpore al análisis, ponerlo arriba de la mesa en términos de discusión? Nosotros tenemos arriba de la mesa un cuestionamiento. Es un absurdo pensar que antes estaba todo bien y ahora está todo mal, y lo mismo al revés. Es maniqueo; no ayuda a la discusión. Sin embargo, lo más sencillo es ponernos en ese lugar.
Sobre la situación de las cárceles, yo miro nuestros datos y hay algunos que son preocupantes. Teníamos apenas un 27% (de personas privadas de libertad), según el informe del Comisionado Parlamentario, en condiciones de rehabilitación en el año 2019. Con un 73 % de la población privada de libertad sin tener ninguna condición de rehabilitación nos estamos comprando un semejante lío; eso dejamos. Sin embargo, cuando miro los datos de 2021 y veo que ese 27% se redujo a un 10%, según nos informó a todos nosotros el propio Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario, no puedo no decir que ahí tenemos un problema. Si era una dificultad que apenas poco más de una cuarta parte de la población privada de libertad estuviera en condiciones de tener oportunidades de integración social, tamaño problema nos estaríamos comprando si este informe, de alguien que no se sospecha que pueda estar vinculado al Frente Amplio o a la estrategia frenteamplista, nos dijera que ahora tenemos una situación muchísimo más complicada.
¿Qué nos dice el mundo a este respecto? Que los países que tienen menos niveles de violencia son los que tienen menos población privada de libertad cada cien mil habitantes: Japón, 39; Suecia, 61; Países Bajos, 63; Dinamarca y Alemania, 71; Suiza, 80. Nosotros estamos llegando a 400 personas privadas de libertad cada cien mil habitantes y la proyección es que esa cifra va a crecer, pero no pensamos que ahí tenemos un problema ni nos damos la oportunidad de pensar que precisamos medidas alternativas para delitos menores porque, si no, nos estalla en la cara
A cualquiera de nosotros que estudie el informe del Comisionado Parlamentario se le eriza la piel. Dos gurises primarios por hurto amanecieron asesinados porque fueron colocados en una celda con un paciente psiquiátrico, alguien que no tenía medicamentos, en una cárcel hacinada. (…)
¿No pensamos que ahí tenemos un problema?¿Se resuelve con disputas partidarias? No, se resuelve con diálogo, y no solo con acuerdo político, sino también con acuerdo académico, acuerdo científico y acuerdo social. Sinceramente, algunas medidas, de las menores a las mayores, nos parece que van en la dirección absolutamente contraria a lo que se necesita, que es abordar una perspectiva diferente, con un Estado más potente, y cuando conozcamos esa propuesta la vamos a estar votando y apoyando. Pero es todo lo opuesto a lo que se hizo, por ejemplo, con los Grupos Sonantes, un convenio que tenía cerca de diez años, en el que el SODRE, junto a Bellas Artes y la Universidad, llevaban la enseñanza de música a los barrios más carenciados. Tres mil gurises participaban de eso. Se suspendió en el año 2020 y ahora son cero los que participan. En muchos barrios eso es lo que se precisa como alternativa a la represión, que es lo último.
En todo caso, la discusión sobre la confianza a la policía tendría que darse reconociendo quién dignificó el papel de la policía, quién le reconoció el salario, quién le reconoció el derecho a tener sindicato, quién la tecnificó como nunca antes. Parece que el reconocimiento a la policía es un reconocimiento abstracto. Hoy vemos al mismo sindicato policial reclamando que se recuperen los niveles salariales que existían en 2019. Y vaya que se trabajó para eliminar el 222, que era parte de un trabajo informal, generado por el propio Estado.
Ahora, reconocer a la policía no es matar al mensajero cuando hay denuncia. Pedidos de acceso a la información, como el que se conoció la semana pasada de multiplicación de los casos de abuso, eso tiene que generarnos preocupación, ¿o es en blanco y negro el debate sobre la policía? ¿O es que en la policía no hay lugar para matices o para un abordaje que implique cómo se construye una mejor policía, una parte del problema de seguridad?
Otro aspecto, se profundizan las desigualdades y la segmentación territorial. De todo eso, de lo que hicimos y de lo que nos faltó, podemos hablar, pero agarramos un país con un 40 % de pobres, agarramos un país que tenía, en términos de vivienda, un 25 % de los hogares uruguayos en condiciones de precariedad. Se crearon 200 mil hogares más, según el informe intercensal de 2006 y la Encuesta Continua de Hogares de 2019. Hubo que abordar esa realidad con esas complejidades. No hicimos todo bien, pero sí nos sentimos con derecho a reclamar diálogo sobre este tema porque nos tiene que preocupar.
Ningún país es seguro con los niveles de prisionización que tiene el Uruguay. No existe ejemplo en el mundo. Y los que llevaron ese paradigma al límite, después tuvieron que rebobinar. Lo dijo–para quien lo quiera escuchar– el comisionado de cárceles después de la experiencia que tuvo al recorrer Texas, el Estado con más prisionización del país con mayor prisionización.
Entonces, ¿no será tiempo de pensar penas alternativas para delitos menores? ¿No es lo que probamos con los adolescentes en conflicto con la ley penal? Y nos dio resultado. Llegamos a niveles de reincidencia mucho más bajos que los que teníamos y redujimos la población privada de libertad a casi la mitad en el período 2014-2019.
¿No es que tengamos que pensar que nos debemos una fuerte inversión para el abordaje de las adicciones complejas, para pensar en la problemática de la seguridad desde un lugar más complejo del que lo estamos pensando hasta ahora?
Nosotros creemos que tener un problema es una mitad de un problema, o sea, tener una dificultad es una media dificultad, y cuando esa dificultad no se reconoce, pasa a ser una dificultad mayor. En este caso, sinceramente, el talante del ministro nos recuerda a ese personaje de la novela Cándido, de Voltaire, Pangloss, que parecía que estaba en el mejor de los mundos. Creo que cualquiera que transita las calles del Uruguay sabe que estamos en una problemática cada vez más compleja, que requiere acuerdos, diálogo y cambio de foco”.
