Luego que se tomara juramento a dos juntas de dirección del congreso Nacional de Honduras, el país atraviesa una importante crisis política.
La juramentación de dos juntas directivas en el Congreso Nacional: una aprobada por la mayoría de los diputados propietarios en el hemiciclo y la otra por el futuro poder Ejecutivo encabezado por Xiomara Castro, han llevado al país a una crisis política en la que el eje central, de acuerdo a diversos analistas, es el desconocimiento de varios parlamentarios del llamado Acuerdo Bicentenario.
Analistas consultados por Prensa Latina (PL), recordaron que el mencionado Acuerdo, suscrito en octubre de 2021 entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Salvador de Honduras (PSH) e Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), implicaba “la renuncia de Salvador Nasralla a su aspiración presidencial y su adhesión a la candidatura Xiomara Castro”.
En contrapartida, Xiomara Castro, al ganar los comicios, “concedería al PSH la elección del máximo cargo en el Congreso Nacional para el periodo 2022-2026”, un pacto que fuera “obstaculizado tras la moción presentada por Beatriz Valle durante la primera sesión del hemiciclo el 21 de enero, en respaldo a Jorge Cálix”.
“Ellos traicionaron un proyecto político y de reconstrucción, nacido de las bases populares y pensado desde la propia voz de los movimientos sociales. Castro ha sido transparente y ética al mantener su palabra, de ahí la juramentación este domingo a Luis Redondo”, declaró a la agencia de prensa el analista político Luis Méndez.
“Esos acontecimientos”, agregó el experto, “no son espontáneos, ni es una cuestión surgida a última hora. La agrupación oficialista y los grupos económicos, presumiblemente afectados por la posible derogación de leyes beneficiosas para ellos establecieron un pacto para el control del Congreso”.
Giorgio Trucchi, periodista italiano en Centroamérica y analista político consultado por PL, sobre la actual situación de tensión política señaló que,” la alianza entre Libre, PSH y el PINU determinó la obtención de más de un millón 700 mil boletas para Castro, la más votada en la historia reciente de Honduras, y demostró la voluntad popular de poner fin a los gobiernos corruptos”.
En el último sufragio, agregó, “los ciudadanos (…) ejercieron su derecho al sufragio contra los denominados poderes fácticos que incluyen a los grupos económicos y las grandes familias, detrás de las decisiones políticas, el control del país y el impulso de un modelo neoliberal profundamente extractivista”.
El experto recuerda que luego del triunfo electoral, Xiomara Castro “conformó varias comisiones encargadas del traspaso de mando, de las secretarías y ministerios y de la recepción de las propuestas y demandas de movimientos sociales, indígenas, sindicados, mujeres, comunidad LGTBIQ+, jóvenes, migrantes, entre otros” y que el trabajo resultante de las mismas “incluyó (…) el estudio de la parte legal para su aprobación, los decretos legislativos y presidenciales y las modificaciones o derogaciones de leyes en el escenario del Congreso, medidas que afectarán los intereses de los grupos hegemónicos”.
“No debe sorprendernos entonces lo sucedido en el hemiciclo hondureño (…) pues representa “la búsqueda de caminos para impedir la pérdida del poder, mediante la compra de conciencia y de votos y, por consiguiente, la traición a su partido y a los electores”.
El analista afirmó a PL que los argumentos de los 18 diputados en apoyo a Cálix y a Beatriz Valle, incitadores de la intentona golpista parlamentaria, son mentirosos.
“Su objetivo (…) es evitar que en Honduras exista un verdadero cambio, democratización y refundación y que se trastoquen los intereses de las esferas de poder, responsables de la destrucción del territorio centroamericano, y constituye una estrategia de contención al Plan de Gobierno de la mandataria electa”.
Por su parte el Colegio de Pedagogos de Honduras condenó la traición de los diputados de la bancada parlamentaria del Partido Libertad y Refundación (Libre) a la presidenta electa Xiomara Castro y al pueblo de Honduras.
Mediante un comunicado público, denunciaron “cómo el crimen y el narcotráfico no quedaron de brazos cruzados luego de perder el control del poder ejecutivo en los comicios generales del 28 de noviembre último” y señalaron “que los sucesos en el Congreso Nacional no significan sólo una lucha por la directiva de ese poder”.
Detrás del conflicto, afirman, “permanecen los intereses de los criminales vinculados a la selección del sistema judicial para la garantía de impunidad, la falta de condena por corrupción y la salvaguarda frente a la extradición”.
Para los docentes, el actual escenario nacional, revela un “desequilibrio político que deja al país totalmente dividido”, al tiempo que asegura que los grupos de poder puedan continuar actuando de espaldas de la voluntad popular.
En su comunicación repudiaron, lo que califican como “maniobras antipatriotas de los legisladores de Libre, aliados a los representantes tradicionales del bipartidismo: las corrientes Nacional y Liberal”.
Para los profesores, “la selección de la junta directiva encabezada por Jorge Cálix (…) representa una vergonzosa y abominable cultura de indisciplina y un acto de traición imperdonable”, se trata denuncian de una “conspiración de los grupos de poder”, que violan “los procedimientos establecidos en la Carta Magna para la elección de los máximos cargos en el hemiciclo”.