El director nacional de empleo, el economista Federico Araya estuvo en EL POPULAR en radio (*) donde habló sobre los distintos programas para mejorar la calidad y cantidad de empleos sobre todo en los sectores más vulnerables. Allí contó algunos detalles de lo que se viene planificando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y habló de lo poco que dejó, con casi nulo control, el gobierno anterior para promocionar empleos de calidad. Los datos hablan por sí mismos.
– ¿Cómo vienen trabajando en la Dirección de Empleo del MTSS?
En el Ministerio de Trabajo hay un gran equipo que conformó Juan (Castillo) con Hugo Barreto y en nuestro caso junto con Mariana Chiquiar que es la subdirectora Nacional de Empleo, estamos trabajando todos los temas relacionados al mercado del trabajo y tratando de solucionar los obstáculos que nos encontramos al llegar al gobierno.
Hoy en día tenemos 1.900.000 personas activas en el mercado de trabajo, de esas hay 1.750.000 que tienen empleo, es decir que hay 150.000 que no, que están buscando y no consiguen y eso es un problema que representa un 8% de tasa de desempleo a nivel promedio. Pero, cuando ponemos la lupa sobre esos números, tenemos ciertos colectivos de personas que son las que mayores restricciones enfrentan.
Por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil trepa al 25%, más que triplica ese 8% general y en el caso de las mujeres jóvenes ese número salta al 30%. En realidad, cuando uno se queda simplemente con el número promedio, el mismo esconde desigualdades en la interna de la sociedad uruguaya, que tienen repercusiones en materia de pobreza. Para nosotros sobrepasar esos obstáculos no solo tienen que ver con el desempleo, sino también con la calidad del trabajo que se consigue. Aspiramos a que las personas consigan trabajo decente y digno. Por ejemplo, hoy uno de cada cuatro trabajadores prácticamente está en condiciones de informalidad, eso significa que no tiene cobertura de seguridad social, hablamos de un 23% y la tasa de informalidad viene incrementándose desde el 2022.
-¿Eso es por falta de control?
Si uno mira el largo plazo, Uruguay atraviesa casi una década de poco crecimiento económico y eso tiene repercusiones en el mercado de trabajo y cuando uno mira los puestos que se fueron creando lo que se ve es que la informalidad se estancó en el último periodo del Frente Amplio, luego con la pandemia hubo una pequeña baja, pero se debió más que nada a que la gente, que tenía trabajos informales, se retiró del mercado porque no podía salir a buscar trabajo y tampoco podía trabajar porque si se enfermaba no tenía cobertura.
Entonces, se destruyeron muchos puestos de trabajo informales que después en la recuperación lo que vimos es que, sobre todo a partir el año 2023 y 2024, esos puestos de trabajo informales comenzaron a crecer y ahora de nuevo esa tasa de informalidad que llevo a un mínimo del 20% sobre mediados del 2022 hoy está de nuevo en el 23%.
Uno de cuatro trabajadores se encuentran sin cobertura en la seguridad social. Otro dato que nos interpela es el dato de la población ocupada, trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza que son un 12%.
Gente que está trabajando, que tiene ingresos, pero estos no le son suficiente para superar el umbral de la nueva línea de pobreza que cambió y se hizo una línea más exigente. Esto mata el relato de que la gente que está bajo la línea de pobreza no quiere trabajar. Lo que revelan los datos es que todas las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad en general se asocian con trabajo de mala calidad, o bien la gente no tiene trabajo o los que tienen no son suficiente para superar esos umbrales que aseguren condiciones materiales.
– ¿De qué sueldos más o menos estamos hablando?
La línea de pobreza para una persona de Montevideo hoy anda en los 40.000 pesos, pero para que tengan una idea hoy 450.000 personas tienen trabajo y ganan menos de 25.000 pesos por 40 horas semanales. Y dentro de esas 450.000 hay unas 210.000 que tienen trabajo formal, o sea que aportan a la Seguridad Social, que están cubiertas, pero que sin embargo su salario es tan poco que no les da para superar un umbral de 25.000 pesos trabajando 40 horas semanales. Esto demuestra que realmente tenemos condiciones en el mercado de trabajo muy duras y que los trabajos que se han creado después de la pandemia tienen remuneraciones muy magras.
– ¿Como se puede atacar estos problemas?
Estamos diseñando distintos instrumentos de políticas, sobre todo enfocadas en estos colectivos más vulnerables. Vamos a priorizar ciertas poblaciones, una donde vamos a poner el foco es la juventud, otras son las personas con discapacidad, y después hay todo un trabajo en la nueva línea del ministerio de inclusión al trabajo y al empleo y a la seguridad social de las personas migrantes. Ahí tenemos distintos instrumentos que no han funcionado de la mejor manera para mover la aguja en términos de empleo.
– ¿Instrumentos que ya existen en el MTSS?
Si, hoy en día está vigente la Ley de Promoción del Empleo que es una norma que se aprobó en el 2021 por parte del gobierno anterior. Que, en realidad, le hace algunas modificaciones a la antigua ley de empleo juvenil del FA, incorpora otros colectivos, como las personas con discapacidad, por ejemplo, pero lo que vemos es que no ha tenido efecto en mover la aguja para atacar los problemas del desempleo y la calidad del mismo. Para poner un número que nos llama mucho la atención, en estos cuatro años, entre el 2021 y hasta diciembre del 2024, solo 29 personas con discapacidad habían ingresado al mercado laboral a través de ese instrumento.
Un instrumento que es básicamente un subsidio depende de las modalidades de la ley, pero es un subsidio a las empresas que contratan a jóvenes, a personas con discapacidad, o personas mayores de 45 años. Depende de la modalidad, el tipo de subsidio que se otorga.
Cuando uno ve que ese número (29) es en cuatro años, estamos hablando de 7 personas por año, o sea que tiende a cero.
– ¿Cuál es el universo de personas con discapacidad que busca empleo?
Tendríamos que analizar los últimos datos del censo para ver personas con discapacidad que estén buscando trabajo. Esa es una debilidad también, que nuestras estadísticas tienen, donde, por ejemplo, en las encuestas continuas de hogares no se revela el dato de la discapacidad. Entonces el último dato que tenemos es del censo. Ahí hay otra debilidad en este instrumento creado, porque para las personas con discapacidad se les exige ciertas condiciones, que para nosotros no tienen sentido, como estar un año en el desempleo de corrido, doce meses o quince meses salteados.
No sabemos qué sentido tiene exigir eso, y encima para que la persona con discapacidad aplique a una modalidad de trabajo protegido (que es a la que las empresas les otorgan mayores beneficios), se les exige que estén por debajo de la línea de pobreza. Entonces, a la persona con discapacidad, para que aplique a esa modalidad no le alcanza con que tenga una vulnerabilidad como la discapacidad, sino que además, tiene que ser pobre monetario. Es así que el sector privado no tiene ningún incentivo de contratar a una persona con discapacidad a través de este instrumento.
-Son instrumentos que más bien tienen que ver con anunciar algo, parte del marketing del anterior gobierno…
Esto se terminó votando en julio, en el 2021, y había que anunciar algo y se incluyó a este colectivo, pero sin pensar demasiado en todas las restricciones que eso podría tener. Realmente al final del día lo que nos muestran los números es eso: 29 personas en cuatro años no es nada.
-Las personas trans también fueron dejadas afuera de todo…
Ahí tenemos una debilidad en cuanto al cupo de cumplir con las personas trans y otra debilidad es sobre la información que nos encontramos en el ministerio de estos instrumentos y que fue lo que paso en el medio. Por ejemplo, no sabíamos a través de esta ley de promoción del empleo, si un joven que había sido contratado había terminado su periodo de contrato, si la empresa lo había vuelto a contratar de forma permanente en la plantilla, si lo habían despedido antes de los tres meses, si no había cumplido con el período de prueba, etc. Hasta el día de hoy estamos tratando de recabar esa información.
-No hubo seguimiento.
Nada, y la respuesta que recibimos en el periodo de transición fue, como que era una ley muy joven para tener evaluación y realmente parece un chiste. Hoy la información que tenemos es que se incorporaron, además de estas 29 personas con discapacidad, más o menos unas mil personas mayores de 45 y unas 11 mil personas jóvenes entre 15 y 29 en esos 4 años.
Lo que tenemos es que, de ese universo de 12.000 personas, el 40% en marzo de este año ya no estaba en la Seguridad Social. No tenía un trabajo formal. Entonces no sabemos hoy si están en la informalidad o en el desempleo. Para nosotros cualquiera de las dos opciones es un problema. Entonces, si hubiésemos tenido el seguimiento adecuado de qué pasó en el medio con ese joven que capaz se cayó porque no hubo un seguimiento adecuado, quizás hoy no estaría en la informalidad o en el desempleo.
Para nosotros recabar ese tipo de información es bien importante, porque vamos a plantear una nueva ley o sea la derogación de la 19.973, porque entendemos que todos estos errores de diseño y fallas no dan resultados y termina pasando lo que están mostrando los datos. Hoy tenés una tasa de desempleo juvenil del 25% que trepa al 30% en las mujeres. Ahí hay una cuestión que estamos incorporando desde ya, la mirada transversal de género en las políticas públicas o sea estamos coordinando con Cuidados, porque entendemos que para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, se necesita que el Cuidado no se vuelva un obstáculo.
Una de las ideas que tenemos, por ejemplo, en el programa «Yo estudio y trabajo» que también está pensado interinstitucionalmente, es coordinar para que aquellas madres jóvenes o padres jóvenes que se hagan cargo del cuidado de sus chicos, si salen sorteados en el programa, asegurarles un cupo en algún centro educativo para que el cuidado no se vuelva un obstáculo para acceder a la beca de trabajo.
Entonces, eso es una de las medidas pensando en la política laboral con perspectiva de género, para que sobre todo las mujeres, puedan incorporarse al mercado de trabajo en condiciones un poco más parecidas a las que se incorporan los varones.
-Bueno, tenemos estos dos instrumentos: la Ley de promoción de empleo que se va a derogar y se va a construir una nueva y esta cuestión del trabajo con el foco en las mujeres. ¿Alguna otra herramienta que estén analizando?
En el marco de la Dirección Nacional de Empleo, tenemos la rectoría de la política de formación profesional y una de las cosas que vamos a impulsar es (nuevamente) el lanzamiento del Sistema Nacional de Formación Profesional, esto en coordinación con el INEFOP y las instituciones educativas.
Es importante darle rango legal a esto, ¿qué pasó en el período pasado? El Sistema Nacional de Formación Profesional se creó por decreto en el último período del Frente Amplio y el gobierno de Lacalle Pou, si bien no lo derogó, lo congeló.
En este sentido para nosotros es fundamental mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. Esto que voy a decir me hago cargo yo y es que para mí la mejor política de empleo juvenil tiene que ver con el sistema educativo en el largo plazo.
Entiendo que aquel joven que tiene menos de 18 años, que es un adolescente y que está activo en el mercado de trabajo está en condiciones de vulnerabilidad. Porque, un joven de 15, 16 o 17 años que está trabajando o buscando trabajo, es porque faltan ingresos en su hogar y tiene que complementar el ingreso que no tiene el padre o la madre. Muchas veces al acceder a un trabajo en condiciones de informalidad obstaculiza avanzar en sus estudios. Cuando uno ve eso en el mediano plazo, lo que termina pasando es que se termina sacrificando la posibilidad de acceder a mejores puestos en el futuro.
Es fundamental que esos jóvenes se incorporen a buenos trabajos, pero además continúen estudiando. Y ahí creemos que el Sistema Nacional de Formación Profesional tiene una pata muy importante para aportar a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, a través de la UTU, la UTEC, la Universidad de la República, o sea, de las distintas instituciones educativas que coordinen las demandas que hay en el sector productivo para que esas personas, que en general son jóvenes puedan seguir formándose y acceder a mejores puestos de trabajo.
-¿La derogación de la ley y la propuesta de una nueva ley y estas herramientas que estás mencionando, a partir de cuando comenzaría a funcionar porque se requiere presupuesto?
Estamos pensando en la nueva ley y a la vez la ampliación del “Yo estudio y trabajo”, y accionar el Sistema Nacional de Formación Profesional. Pensamos en llegar más o menos este segundo semestre o en los primeros meses del 2026, porque la idea es hacer un trabajo coordinado con las distintas partes. Es decir, para el pienso de la nueva ley vamos a convocar al sector de los trabajadores y a las cámaras empresariales para trabajar de forma tripartita y así llegar al Parlamento con un proyecto acordado entre las partes para asegurar que las cosas avancen y que se vote rápido.
Por otra parte, los beneficios no han llegado a todo el territorio nacional, o sea, de los 12.000 contratos que yo les hablaba hoy de la ley de promoción del empleo en 4 años, el 80% son en Montevideo y Canelones. Y cuando uno ve los datos las mayores problemáticas de desempleo e informalidad están en el interior y sobre todo en los departamentos de la frontera. Mayor desempleo en Río Negro, Salto, Treinta y Tres, la informalidad en Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó y Rocha, y también tenemos un interesante desafío para trabajar que es con la población migrante y demás.
Es así que se requiere una llegada muy fuerte de los instrumentos del Ministerio. Entonces, en ese sentido, estamos pensando también en un nuevo modelo de desarrollo territorial de la Dirección Nacional de Empleo en las distintas oficinas del Ministerio de Trabajo en el interior, porque el rol de la Dirección de Empleo está opacado o casi invisible en el interior del país, entonces, queremos que la gente sepa los servicios de Empleo y que pueda acceder en el interior del país.
Esto es un desafío porque se requiere presupuesto, obviamente, pero también se trata de aterrizar esta política en el territorio para llegarle a la gente con todos estos instrumentos.
No queremos que estas herramientas sean sólo de Montevideo y la zona metropolitana, sino que sea efectivamente una dirección nacional.
(*) Programa emitido los lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 11.00 horas por Radio Fénix.
