La coalición de derecha impone en el Senado un proyecto de ley de medios que solo beneficia a grandes grupos empresariales.
Gabriel Mazzarovich
El martes 14 de mayo en un episodio vergonzoso para la democracia uruguaya la mayoría de la coalición de derecha impuso en el Senado la aprobación del proyecto de ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, sin estar previsto en el orden del día, sin discusión previa a la sesión ni durante la misma.
La aprobación de este proyecto de ley, que al haber sufrido modificaciones ahora vuelve a Diputados que lo tendrá que discutir sin poder modificar su contenido, es un grave retroceso democrático, por la forma en que se votó y por el contenido de este.
Un tema de esta relevancia, que afecta aspectos claves de la democracia y derechos humanos fundamentales, como el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión, no fue discutido en la Comisión del Senado y fue impuesto con carácter de “grave y urgente”. La propia vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, reconoció que no sabía que el tema se iba a tratar y que cuando se preguntó en la Coordinación Interpartidaria el oficialismo había contestado que no se trataría.
La forma en que se votó este proyecto de ley, que no tiene precedentes desde la recuperación democrática, tuvo consecuencias políticas graves, el Frente Amplio se retiró de sala y anunció que no participará más de la Coordinación Interpartidaria del Senado.
La pregunta que se impone entonces es: ¿Para quién o quiénes este tema es urgente? Para la ciudadanía claro que no. Hizo muy bien el senador de la 1001 y el Frente Amplio, Oscar Andrade, en sostener que le “hubiera gustado que la urgencia hubiera estado para el proyecto de ley sobre la infancia, para el que garantiza la alimentación en las escuelas, hace tres años presentado, para la ley de financiación de los partidos políticos”.
Este proyecto de ley es urgente para un grupo de empresarios que quieren asegurarse el mantenimiento y la ampliación de sus privilegios. Para los integrantes de la coalición de derecha que, luego de votar todo lo que el lobby empresarial quería, podrán asegurarse acuerdos beneficiosos para las inminentes elecciones.
Un plan de negocios
Abordemos ahora los contenidos. Esto no es un proyecto de ley para regular los medios de comunicación audiovisuales es un plan de negocios para beneficiar, aún más, a un reducido grupo de empresarios y grupos económicos que conforman un oligopolio, una verdadera oligarquía de la comunicación audiovisual en el Uruguay.
Este proyecto de ley es regresivo y antidemocrático. Permite una mayor concentración de la propiedad de los medios; habilita la extranjerización; golpea a ANTEL dando vía libre para que todos los cables del país vendan internet; cristaliza la situación actual de privilegios extendiendo la duración de las licencias vigentes, automáticamente, por 15 años más; elimina todas las instancias institucionales de participación de la sociedad para garantizar la transparencia de las adjudicaciones de licencias volviendo a una discrecionalidad casi absoluta del Poder Ejecutivo en su otorgamiento; elimina la obligación de pagar un canon anual a los grandes medios y de esta manera desfinancia el Fondo de Promoción de la Producción audiovisual nacional; partidiza a los medios públicos, eliminando instancias colectivas de conducción y estableciendo una duración del cargo del director por seis años. Además, a propuesta de Cabildo Abierto, se introduce una amenaza directa de censura al ejercicio del periodismo dándole al Poder Ejecutivo la discrecionalidad de juzgar cuando un programa de información política es “equilibrado”.
Es de tal magnitud y gravedad lo que contiene este proyecto de ley que es imposible abordarlo en una sola nota desarrollaremos solamente algunos de los elementos señalados.
La vigente ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el 2014, con los votos del Frente Amplio, constituye, con sus limitaciones, un avance histórico en el reconocimiento de derechos de la ciudadanía, de las y los periodistas, limita la concentración, garantiza transparencia en la adjudicación de las frecuencias, prohíbe la extranjerización, protege a ANTEL y deroga disposiciones de la dictadura hasta ese momento vigentes.
Esa ley, que fue fruto de un proceso de discusión de varios años, con participación de empresarios, trabajadores y la academia en su elaboración y una discusión amplia y profunda en el Parlamento, es derogada por el proyecto que se votó como se votó en el Senado.
Decimos que es un plan de negocios por su contenido y porque fue explícitamente reconocido por quienes presentaron en nombre del gobierno este proyecto en Diputados. El entonces ministro de Industria y Energía, hoy canciller, Omar Paganini, dijo en le Comisión de Industria: “El negocio está en jaque. Este es el foco principal de esta ley”. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ahora precandidato presidencial del Herrerismo, que acaba de pasar un aviso electoral de 4 minutos en los canales abiertos de televisión, en un ejercicio de ostentación de poder y dinero, dijo cuando se le preguntó a quien se había consultado para la elaboración de este proyecto de ley: “Se consultó a ANDEBU”.
Un proyecto de ley que trate de la regulación de los servicios de radiodifusión debería garantizar el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión, que son colectivos e individuales de la ciudadanía, no de un reducido grupo de empresarios. Así lo hace la ley vigente que quieren derogar. Este proyecto de ley deroga todo lo referido a la garantía de estos derechos, decenas de artículos. Este proyecto de ley de 96 artículos recién habla de la libertad de expresión y la establece como obligación en el artículo 75 y solo para los medios públicos, a los medios privados nada, solo son concebidos como empresas actuando en el mercado.
La ley vigente autoriza a las personas físicas o jurídicas a tener hasta 3 licencias de radio, el proyecto de ley de la derecha eleva el número a 6. La ley vigente establece en 3 el límite de licencias para canales cables, el proyecto de ley eleva el número a 8. El número además es exacto para blanquear las violaciones a la ley actual de grupos económicos específicos.
La ley vigente prohíbe a extranjeros ser titulares de licencias de medios audiovisuales, el proyecto de ley en su artículo 14 habilita al Poder Ejecutivo a hacer excepciones en las transferencias de la titularidad. Es decir, lisa y llanamente habilita la extranjerización.
Hablábamos de un golpe a ANTEL. En el artículo 49 el proyecto de ley habilita a todos los canales cables a vender transmisión de datos, usando infraestructura propia o en acuerdo con terceros, es decir sin necesidad de invertir incluso usando la logística de ANTEL para competirle. La transmisión de datos es el rubro de mayor crecimiento en las telecomunicaciones, para ANTEL significa un ingreso que supera los 400 millones de dólares al año. Se dijo que era para apoyar a los cables pequeños del interior. Eso es falso, el artículo autoriza a todos los cables, no establece limitaciones de tamaño ni de localización geográfica. Los cables de los Canales 4, 10 y 12, en Montevideo y los que puedan comprar en el futuro podrán vender internet y competirle a ANTEL. Tampoco se prohíbe la transferencia a extranjeros de estos permisos. Un despropósito en un país que tiene, gracias a ANTEL y al esfuerzo de todas y todos, una de las penetraciones de internet más altas del continente y del mundo. Para no dejar a nadie afuera, el articulo 17 autoriza a empresas de televisión paga satelitales también. Insólito.
Dejamos para el final el agregado que se hizo en el Senado, a propuesta de Cabildo Abierto y que constituye una amenaza explícita de censura. El artículo 72 dice: “Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. Esto se hace mientras se deroga la prohibición de la censura que está en la ley vigente.
Este artículo que deja en manos del Poder Ejecutivo evaluar cuando una información política es “equilibrada y plural”, fue rechazado por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) que lo consideró “un ataque liso, llano y directo a la libertad de expresión”, también por la Federación Latinoamericana de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.
El proyecto de ley ya había sido rechazado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y esa posición ahora fue reiterada por el Claustro de la Facultad de Información y Comunicación.
Este es un proyecto de ley que beneficia solamente a un reducido grupo de empresarios. En el corto plazo busca beneficios de publicidad para la campaña electoral para la derecha, en el largo plazo busca blindar los privilegios en un factor clave de poder. Es una verdadera vergüenza que muestra hasta qué punto está comprometida la coalición de derecha con los privilegios de los poderosos.
Foto de portada
Cámaras de televisión. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS.
