El lunes un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
El pedido, solicitado por la Procuraduría General de Justicia, alega que González ha hecho caso omiso a tres citaciones a declarar en el marco de una investigación en su contra “por usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, instigación a desobedecer leyes, delitos informáticos, asociación para cometer delitos y conspiración”.
Al “explicar” su no presentación, González Urrutia dijo en una carta que rechazaba lo que calificó como “flagrante incumplimiento de las facultades constitucionales y legales de la Autoridad Electoral”, al no computar y presentar las actas de los comicios del 28 de julio.
“Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones”, manifestó González, “estaré en absoluta vulnerabilidad por desamparo y violación al debido proceso, y estaré poniendo en riesgo no sólo mi libertad sino, más importante aún, la voluntad del pueblo, expresada en 28 de julio”.
Tras la validación por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 24 de agosto de los resultados del Consejo Nacional Electora (CNE), González Urrutia fue declarado en “desacato” por negarse a asistir a las audiencias.
Por estas razones, el fiscal general, Tarek William Saab, considera que tanto él, como la líder opositora María Corina Machado son los responsables de los actos de violencia en las protestas posteriores al 28 de julio, que dejaron un saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
De acuerdo a la oficina del fiscal general “González Urrutia representaba un riesgo de fuga”, constituyendo un “peligro de obstrucción a las investigaciones”.
