Gastón Grisoni (*)
El jueves 14 de marzo de 1985, al filo del vencimiento del plazo legal, establecido por la Ley 15.737, aprobada hacía pocos días por el Parlamento, fueron liberados los últimos prisioneros de la dictadura. Ese día recobraron la libertad 47 varones y 5 mujeres: Berta Aguirre (fallecida), Alba Antúnez, Graciela Jorge, Beatriz Perla (fallecida) y Elena Vasilkis.
La privación masiva de la libertad, en muchos casos, de manera prolongada, siempre asociada a la tortura, a violaciones, abusos sexuales y malos tratos, fue la característica diferencial de la represión desatada en Uruguay con respecto a otros regímenes similares en el Cono Sur. Según Serpaj, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a los opositores y disciplinar a la sociedad en aras de promover su proyecto socio económico al servicio de los dueños del poder.
El inicio represivo: Las Medidas Prontas de Seguridad (MPS)
Son muchos los investigadores, periodistas, politólogos e historiadores que pasan por alto o ignoran el significado que tuvo en la vida de Uruguay el establecimiento de las Medidas Prontas de Seguridad por parte de Jorge Pacheco Areco. Lo hizo como herramienta de gobierno, para prescindir del Parlamento y aplicar un modelo económico que generaría una gran resistencia por parte de los trabajadores y los sectores populares.
Desde el 13 de junio de 1968, momento en que Jorge Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) hasta el 28 de febrero de 1985 Uruguay vivió un enorme clima de violencia, de actuación ilegítima del Estado, de dictadura civil militar encabezada por Juan María Bordaberry y de terrorismo estatal desembozado posteriormente.
La brutalidad represiva
Durante todo el período hubo 197 detenidos desaparecidos, 200 asesinados y más de 20.000 presas y presos políticos. Luego de que la Asamblea General aprobara en abril de 1972 el Estado de Guerra Interno y posteriormente la Ley de Seguridad del Estado, más de 7.000 personas, incluso menores, fueron condenadas a prisión prolongada por tribunales militares sin garantías legales de ningún tipo.
Luego fueron recluidas en centros carcelarios diseñados para la destrucción física, síquica, moral e ideológica de las personas recluidas. El Penal de Punta Carretas, el de Paso de los Toros, el de Punta de Rieles al igual que el de Libertad, emplazado en el departamento de San José, fueron algunos de los principales centros carcelarios utilizados por las fuerzas represivas.
Para aquilatar el impacto que tuvo la política represiva de distintos niveles, se puede tener en cuenta que en los años 1968 y 1969, al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, miles de trabajadores bancarios y de empresas del Estado fueron militarizados. En el invierno de 1972, con el propósito de acabar con las organizaciones armadas, MLN (Tupamaros) fundamentalmente y el OPR 33 (de extracción anarquista), más de 2.500 personas fueron secuestradas por las Fuerzas Conjuntas (Fuerzas Armadas más la Policía), conducidas ante tribunales militares e internadas en cuarteles y dependencias similares hasta que en octubre de ese año se inauguró el Penal de Libertad (varones) y en enero de 1973 el Penal de Puntas de Rieles (mujeres), estando a full Punta Carretas y el Penal de Paso de los Toros. Durante la huelga general contra el golpe de Estado en junio – julio de 1973 hubo que habilitar el Cilindro Municipal (antiguo escenario deportivo) para albergar a los miles de huelguistas que fueron privados de su libertad. Durante la Operación Morgan destinada a destruir al Partido Comunista del Uruguay (PCU), se calcula que más de un millar de personas fueron secuestradas y torturadas en el Infierno Grande, en el 300 Carlos, entre fines de 1975 y mediados de 1976.
Presas y presos por luchar
El rasgo distintivo de todas y todos los prisioneros fue haber enfrentado al gobierno abusivo de Jorge Pacheco Areco, a la dictadura y al terrorismo estatal dentro y fuera de las fronteras nacionales, de diferentes formas y con diferentes metodologías. La dictadura fue derrotada por la lucha tenaz de un pueblo que supo mantener en alto las banderas de la resistencia en los momentos más duros. Siempre hubo resistencia organizada y enhiesta que, mes a mes, aportaba, nuevos contingentes de luchadores sociales y políticos a los centros de reclusión. El compromiso popular con la libertad y la democracia fue extraordinario. Fue decisivo para contribuir activamente a la salida que se logró mediante las elecciones restringidas de noviembre de 1984. Las ex presas y los ex presos políticos como parte de la lucha de todo el pueblo uruguayo permitieron que Uruguay retornara a la democracia y a la libertad.
Una deuda pendiente
Las miles de personas que fueron ilegítimamente privadas de su libertad por parte del Estado uruguayo merecen ser reconocidas y homenajeadas. Para preservar la memoria histórica de lo ocurrido, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que nuestro país suscribió en diciembre de 2005, el Estado tiene la obligación de rendir el debido homenaje a quienes sufrieron gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, catalogables como Crímenes de Lesa Humanidad, por su activa participación en la defensa de las libertades, de los derechos y de la institucionalidad democrática.
Aprobar una ley en tal sentido, es un paso importante para seguir avanzando. Ayudará a impedir que los terroristas de Estado, sus cómplices y sus sostenes, puedan construir un relato negacionista como se intentó llevar a cabo durante el gobierno coalicionista. Afirmará, esencialmente, la verdad histórica de lo sucedido, para el presente y el futuro.
(*) Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
