Gonzalo Perera
Cuesta mucho referirse a tragedias específicas, de esas que se relatan en las páginas o informes más sensacionalistas de los medios hegemónicos. Una suerte de pudor, o respeto ante las personas cercanas a las víctimas, o quizás un intento de mirar los procesos de degradación societaria subyacentes y no tanto sus más tristes expresiones, hace que uno evite (tanto como pueda) referirse en concreto a los aberrantes episodios de violencia que están ocurriendo en nuestro país.
Pero hay ocasiones en que, en un episodio, se condensan varios de los múltiples planos de la debacle nacional en materia de seguridad que vive el país, una verdadera crisis de seguridad ciudadana instalada y en pleno crecimiento, sin ninguna respuesta pertinente ni mucho menos inteligente, sino por el contrario, permanentes dislates que agravan más la situación.
Que un funcionario policial mate a sus pequeños hijos, dispare a su pareja dejándola en estado muy grave, y luego se suicide, es obviamente un hecho que duele leer, duele escribir, resulta imposible concebir, y que nunca debió pasar. Pero pasó hace muy pocos días en nuestro país y lejos de ser un brutal hecho aislado, es una síntesis de muchos horrores y barbaridades estructurales.
Es un horror estructural indisimulable en el Uruguay actual la violencia de género, la pavorosa frecuencia de femicidios, muy a menudo protagonizados por el varón que es o fue pareja de una mujer que no puede soportar libre, y que no pocas veces implica también el segar la vida de los propios hijos. Si, es absolutamente imposible imaginar qué puede pasar por la mente de una persona que comete semejante atrocidad, y provoca náuseas imaginarse en el rol de las víctimas de quien se supone debe amar y cuidar, resulta indignante la reiteración- a niveles de mal endémico- con que se da en nuestra sociedad. Resulta vergonzante y aterrador que el Estado o la sociedad misma no pueda anticipar la tragedia, “no la vea venir”, no pueda actuar de manera de prevenir y evitar ¿Qué pasa en una sociedad donde vínculos concebidos pura y exclusivamente desde el amor, como el ser pareja ( y ni hablar el de ser padre), se transforman por algún tortuoso camino en detonantes de la violencia más brutal, de la negación ya no del amor, sino del simple derecho a la vida?
Es un horror estructural indisimulable en el Uruguay actual la carencia de rumbo y criterios en materia de salud mental, ya que eventos así indican una muy seria afectación de la misma. En este período gubernamental, de la salud mental se habla mucho, pero no se hace nada, o al menos nada bien encaminado. En un contexto de crisis social, donde las angustias existenciales más básicas (poder sobrevivir, para empezar) elevan las tensiones íntimas a niveles posiblemente insoportables, en un momento donde la desatención de la salud pública lega hospitales transformados en una suerte de refugio de murciélagos, en momentos donde a nivel farmacológico cuesta conseguir en el sistema público inhaladores de salbutamol (el “ventolín”), pese a que en Uruguay tienen fuerte incidencia el asma y otras enfermedades respiratorias, en momentos donde conseguir cita con cualquier médico especialista para un usuario de salud pública es una odisea, es absolutamente obvio que los problemas de salud mental a nivel poblacional se agudizarán seriamente. Las políticas de salud mental, que durante “el recreo” del FA se comenzaron a pensar como promoción de la vida más sana y disfrutable posible, han quedado hundidas en correr muy detrás de las patologías más serias, para, de todos modos, llegar tarde de forma casi sistemática. Y cuidado, que nadie apunte al personal de la salud pública, ni médico, ni asistencial en general, ni administrativo o de servicios pues la falta de rumbo es como la lluvia: empapa desde arriba hacia abajo. Si no hay criterios, recursos y decisiones adecuados en el más alto nivel de decisión, no hay funcionario que pueda hacer magia en la base.
Es un horror estructural indisimulable en el Uruguay actual la reiteración de la noticia de niñes baleades, incluso en sus propias casas, a veces de manera accidental como efecto secundario de balaceras propias a las disputas territoriales del narco-país. Pero si vivimos una época en que el combate al narcotráfico, si es que hay algo que se pueda así llamar, se concentra en golpes contra el narcomenudeo, el que por ende tiende a fragmentarse, a reagruparse o a quedar sin liderazgos que obviamente se disputarán quienes pretendan asumirlos, la única resultante clara de esa política es la proliferación de los enfrentamientos armados entre jóvenes que ocupan los escalones más bajos del narcotráfico. Mientras tanto Marset tiene pasaporte express, sacar coca en containers se pone a la par de pasar una bolsita de marihuana, y las medidas contra el lavado de activos que se habían tomado durante “el recreo”, anuladas, promueven que crezca el rol de Uruguay en la “hidrovía” de la droga. Tanto, que el temible Primer Comando Capital, de base paulista, opera directamente en nuestro territorio para asegurar la circulación de sus “bienes y servicios”. Ciertamente el Uruguay se merece una discusión profunda y desprejuiciada sobre cómo enfrentar esta nueva escala de la presencia del narcotráfico en el país, pero algo es de toda evidencia: es absolutamente imposible desarrollar ninguna política exitosa cuando el narco está de los dos lados del mostrador, cuando ha “tocado” a altas esferas de decisión o gestión estatal, como una suerte de poder transversal al Estado de Derecho.
Es un horror estructural indisimulable en el Uruguay actual los reiterados casos de suicidio de personal policial, de abusos de funciones. de involucramiento policial en maniobras delictivas e incluso de participación sistemática en actividades criminales organizadas. Y como en la salud, no es cuestión de cortar el hilo por el lado más fino y apuntarle al uniformado más humilde y menos influyente. Nuevamente, el tema es que si en la cabeza no hay criterio, idoneidad, ni rumbo, no se le puede pedir al último subordinado que haga magia. Y si en las esferas altas y medias hay corrupción, y cada dos por tres vuela algún jerarca por casos realmente escandalosos, es imposible pretender que la descomposición de códigos éticos y profesionales no vaya permeando hasta la raíz misma. Más aún, son dignos de destaque los funcionarios policiales de nivel humilde que siguen intentando servir a la sociedad y proteger a la población, en medio de este deprimente panorama. Funcionarios dignos que a menudo terminan sintiéndose absolutamente desprotegidos tanto frente al delito organizado como a los mandos que están “tocados”. Mientras, Luis Alberto Heber volvió al Senado sin que se haya sentido obligado al menos a pedir disculpas por el desastre que protagonizó: nos legó una policía que, a nivel de cargos jerárquicos- y en la más benévola de las hipótesis- frente a su vergonzoso desconocimiento (sino sería cómplice y el mayor responsable), operara para burlar la ley, como en el intento de cobertura de los actos que condujeron a prisión a Gustavo Penadés, por la vía del apriete de testigos y generación de falsas acusaciones.
El propio presidente prometió acabar con la inseguridad en el Uruguay en 24 horas, presidente que se puso al frente de la tarea, como capitán al timón del barco.
Hoy Uruguay se hunde en un desastre en seguridad. No por mala suerte sino por subir al barco, como invitados VIP, a los Marset.
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Marcha de Mujeres de Negro en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por el centro de Montevideo en noviembre pasado. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
