De acuerdo a un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) muestra que, en el curso de los primeros cinco meses del año, el denominado circo represivo montado por Patricia Bullrich dejaron más heridos en contexto de protesta que durante todo el 2024.
El estudio reseñado por el diario Página 12, monitoreó un total de 25 movilizaciones, algunas de las cuales fueron protagonizadas por los jubilados y otros actores sociales y políticos.
De acuerdo al reporte, “entre enero y lo que va de mayo, la CPM relevó que 1231 manifestantes terminaron lastimados y debieron ser asistidos por distintas lesiones durante los operativos policiales”, una cifra que contrasta con “los 1216” contabilizados “entre diciembre 2023 y diciembre 2024”.
“Las cacerías”, señala el medio de prensa, “también van en aumento”, contabilizándose este año un total de “132 detenidos, contra los 98 del año pasado”.
La brutalidad del accionar policial, se añade, “no discrimina entre trabajadores de prensa, menores de edad, socorristas, hinchas de fútbol o curas en opción por los pobres: todos cobran, sin importar si la concentración es masiva o sólo se trata de decenas o centenares de personas”.
De acuerdo al secretario general de la CPM, Roberto Cipriano, «en menos de cinco meses, las personas heridas superaron en proporción y de manera exponencial a las de todo el primer año de gestión de Milei, así como también la cantidad de personas detenidas».
Según Cipriano, los datos relevados “dan cuenta de una profundización y un agravamiento de la represión”, lo que implica que “la violencia se volvió sistemática».
“La represión”, se detalla, “tocó un pico el 12 de marzo de este año, cuando las fuerzas del orden detuvieron a más de 114 personas y dejaron centenares de heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo (recibió el impacto de un cartucho de gas en la cabeza), la jubilada Beatriz Blanco (le abrieron la cabeza) y el hincha de Chacarita Jonathan Navarro (quedó ciego de un ojo)”.
Este violento accionar, detalla el medio de prensa, dio lugar a la apertura de “nuevas causas judiciales contra las fuerzas federales”, que en este año sumaron “unas 13 denuncias penales y dos habeas corpus”, todas ellas sin avances sustantivos que supongan “un freno o límites más claros a la aplicación del protocolo de la ministra, que logró prácticamente institucionalizar la violencia institucional”.
«La intervención judicial fue nula hasta ahora para ordenar el cese de esta violencia e investigar hechos graves, como en el caso de Grillo», explicó García, quien agregó que la CPM ya presentó «decenas de denuncias penales» que no son investigadas».
«No sólo el Gobierno, sino que los jueces y fiscales que no cumplen con su trabajo son los responsables de esta violencia estatal que se agrava cada día. La continuidad de estás políticas y la falta de controles efectivos de los poderes públicos sobre estás violencias estatales generan un debilitamiento muy claro de nuestra democracia», sostuvo el dirigente de la CPM.
De acuerdo al informe, este año hubo un total de 1231 personas heridas producto de los gases y los golpes en apenas cinco meses, contra los 1216 de todo el 2024, en tanto cerca de 132 fueron detenidas, lo que supera las 88 detenciones contadas durante todo el 2024.
“Dentro de las personas heridas”, se aclara, fueron relevadas “al menos 142 trabajadores de prensa, 20 referentes de organismos de derechos humanos que monitorean las marchas o realizan tareas de socorro y asistencia, y tres menores de edad. El resto de los lesionados son manifestantes, entre ellos varias decenas de jubilados”.
El informe registra, además lesiones entre las que sobresalen “quemaduras químicas en ojos, rostro y cuerpo; traumatismos, heridas contusas, esguinces, luxaciones; síncopes, lipotimias, dificultades respiratorias agudas y ataques de pánico”.
“En todas las movilizaciones monitoreadas se registraron tareas de inteligencia ilegal de parte de las fuerzas de seguridad”, se asegura en el reporte de la CPM que concluye expresando que «los discursos del gobierno nacional defendiendo y avalando estos delitos de las fuerzas de seguridad generan impunidad y liberan de ataduras a las fuerzas que actuan cada vez con más saña y violencia incluso contra defensores de derechos humanos, personal de salud que asiste a los heridos y trabajadores de prensa».
