El lunes comenzó el juicio a nueve militares por la detención y tortura de Vladimir Roslik y otros vecinos de la localidad de San Javier, en Fray Bentos, en el tramo final de la última dictadura uruguaya (1973-1985).
La audiencia pública, es transmitida por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) con el apoyo de Crysol, Fenapes, Fancap y Aebu.
Los acusados, militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez tienen tipificados los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. Roslik, médico de San Javier, fue torturado hasta la muerte el 16 de abril de 1984; sin embargo, su asesinato no forma parte de este caso puesto que en 2021 la Suprema Corte de Justicia definió el archivo de la investigación sobre la muerte de Roslik.
La Fiscalía posee más de 70 elementos probatorios sobre el caso, informó el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. La investigación se divide en dos operativos; uno de 1980, cuando fueron detenidas más de 20 personas, 11 fueron procesadas por la Justicia Militar, torturadas y privadas ilegítimamente de su libertad; y otro operativo de 1984, en el que fueron secuestradas nueve personas, entre ellas Roslik, que falleció a causa de torturas.
Según indicó Perciballe, su equipo fiscal buscará probar a lo largo de las audiencias por el juicio que los acusados sometieron a las víctimas a “los tratos crueles e inhumanos más degradantes” para que “admitieran algo que era absolutamente inadmisible: su pertenencia al Partido Comunista del Uruguay, su vínculo con la Unión Soviética y el hecho de que tuvieran una célula armada; todas mentiras, pero que lo tuvieron que necesariamente que aceptar porque sino las torturas no paraban”.
“Vamos a introducir un conjunto importante de documentos que aportamos al proceso, como los expedientes de la Justicia Militar, los legajos de los militares, documentación de inteligencia de la época y un conjunto importante de prueba trasladada, que son testimonios de otras causas que son pertinentes”, explicó el fiscal.
En el alegato inicial, el fiscal Perciballe dijo: “es un día muy importante para la colonia San Javier, pero fundamentalmente para las víctimas (…) porque van a tener su vía ante el tribunal. Van a poder venir aquí a declarar los padecimientos a los que fueron sometidos. Con estos juicios, estamos avanzando en verdad, justicia y en memoria. Esto es un correlato claro con la garantía de no repetición, que es uno de los mandatos de Naciones Unidas desde 1972”, dijo.
“También este es un día muy importante para la Fiscalía porque entendemos que con estos juicios estamos avanzando en verdad, justicia y memoria. Esto es un correlato claro con la garantía de no repetición que es uno de los mandatos de Naciones Unidas desde 1972. Sin duda que esto formará parte de un nunca más de lo ocurrido en nuestro país. (…) Aquí se privó de la libertad ilegítimamente y se torturó a un conjunto de ciudadanos de una colonia muy pequeña por el solo hecho de ensayar o montar una mentira, porque a ellos se los privó de la libertad solo por su condición de rusos, pero no por su actividad política o porque hayan cometido ningún delito”, agregó.
Sobre los hechos, Perciballe sostuvo que “Con el apoyo del servicio de información de defensa local, establecieron una hoja de ruta y montaron esta idea de que en San Javier había gente vinculada a la Unión Soviética y al PCU que es absolutamente falsa. Esta información fue trasladada al jefe de policía de Río Negro y entre ellos y el Batallón de Infantería N°9 es que orquestaron esta persecución a los habitantes de San Javier. Con el hoy acusado Roca a la cabeza.
Mantener viva la memoria
El día jueves declaró en calidad de testigo la viuda de Roslik, Mary Zabalkin. En su testimonio, Mary, visiblemente nerviosa pero con mucha entereza, a partir de las preguntas, dio cuenta de lo que era la vida en San Javier. Una comunidad orgullosa de su cultura, que se reunía a festejar, que hablaba su idioma natal con naturalidad, cuando se iba al almacén. Más bien una “aldea” señaló Mary.
En su testimonio quedó reflejado el antes y el después para la comunidad de San Javier. De pasar de ser una comunidad con fuertes lazos con su origen y cultura, de su centro cultural Máximo Gorky donde se hacían las fiestas con los trajes y música típica, se hablaba el ruso en la vida cotidiana pasó a cerrarse, a no hablar más el idioma. “Recién en los cien años de San Javier se empezó a volver a esas tradiciones” dijo. Así de profundo fue el impacto.
Sobre los detenidos y torturados de San Javier su testimonio dio cuenta de gente sencilla y tranquila, que se juntaba a tomar en el boliche, al trabajo en la chacra, en la colmenera. Lejos de ser parte de una célula de traficantes de armas como señaló la versión oficial.
Casi al final Zbalkin dijo que era la primera vez que podía dar su testimonio a la justicia “a puertas abiertas” después de tantos años de que no se pudiera abrir el caso y también señaló que “lo único positivo que tengo es que durante estos años que no podíamos hacer nada, o yo no podía hacer nada por medio de la ley, creó la fundación Dr Daniel Roslik que es una ONG sin fines de lucro. Hicieron una placita, después hicimos la policlínica, después hicimos el hogar de ancianos y hicimos el CAIF y ahora todo el mundo sabe quién es Roslik. Escribimos un libro, hicimos películas, cosa que quede en la memoria, porque sino se pierde, se pierde y dicen y este quién diablo es”.
Documentación y pruebas
Son muchos los elementos de prueba que la fiscalía presentará a lo largo de las audiencias. Estas dan cuenta del contexto histórico, antecedentes, procedimientos, funcionamiento de la represión y responsables.
Entre la documentación presentada por la fiscalía se encuentra el informe final de la Comisión para la Paz, de abril de 2003, destacando dos párrafos donde señala: «a pesar de las limitaciones que emanan de sus facultades y cometidos, ha formado convicción plena acerca de las graves violaciones de los derechos humanos perpetrado durante el régimen de facto. Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada. Se constata la actuación de agentes estatales que en el ejercicio de su función pública obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales. La comisión se permite subrayar, por último, que nadie esta habilitado o autorizado en ninguna circunstancia a violar o desconocer los derechos humanos fundados en la propia existencia y dignidad de la persona”. (…) Los antecedentes de las personas fallecidas evidencian que la enorme mayoría de ellas no participaban de manera directa en actos de violencia o integraban organizaciones subversivas. Las fechas de su muerte pone de manifiesto por su parte que la mayoría de ellas se verificaron después que la sedición había sido desarticulada y derrotada y cuando sus integrantes se hallaban detenidos en establecimientos de reclusión».
Otro elemento de prueba es la ficha sobre Roslik que se encuentra publicada en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. La investigadora Lic. Fabiana Larrobla que trabajó con el Lic. Alvaro Rico en la investigación sobre presos políticos, dijo que “lo que podemos observar (son) los años de vigilancia sobre la colonia San Javier ya tempranamente, acá está documentado. (También) cómo esa vigilancia inicial después pasa a un operativo que salta en el 80´ y que continúa hasta el cierre, en 1984. En el momento que es asesinado Roslik”.
También destacó que la ficha muestra cómo fue detenido en abril y pasado a la justicia militar en junio lo que da cuenta “que está un mes o más sometido a interrogatorio” lo cual consideró “relevante” ya que “no es que alguien que es pasado a la justicia inmediatamente; por eso nosotros le llamamos secuestro a la primera acción sobre estos detenidos”.
“Fue parte de un operativo, no fue algo individual de voy a buscar al médico para llevárselo y torturarlo, sino que fue parte de un operativo, un procedimiento que en el año 80 está muy ligado al 1 de mayo, el cambio, la vigilancia se da en forma simultánea, ese año en particular, que es un año realmente donde se hacen muchos procedimientos contra la fracción sindical del PCU, pero también contra sindicalistas y muchos procedimientos también en el interior de la república y son extremadamente violentos. Hay extrema violencia. Eso surge de los testimonios, no está escrito, no se da cuenta de la violencia de los operativos en los informes que hacen las agencias de inteligencia. Pero sí está en los testimonios”, aseguró.
Cada prueba y testimonio presentado va construyendo un escenario que da cuenta del horror y la impunidad, también de la humanidad de las personas, hombres, mujeres, jóvenes, sus familias, el derrotero por encontrar justicia y finalmente el presente que comienza a darla. El juicio y las audiencias continuarán e invitamos a seguirlas a través del canal de APU en la plataforma YouTube.
