Tribunal de Cuentas informó que entre 2020 y 2024 observó el 70% del gasto en convenios con el Círculo Católico

Del análisis realizado de la respuesta recibida a partir de un nuevo pedido de informes al Tribunal de Cuentas (TCR), realizado por el diputado del Frente Amplio Federico Preve, respecto a las compras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a los prestadores privados durante el período pasado, se detectaron, de acuerdo a lo informado por la diaria “dos categorías: los gastos intervenidos sin observaciones y los gastos observados e intervenidos por reiteración”.

En dicho período, se agrega, “los montos totales ascienden aproximadamente a 659 millones de pesos en gastos intervenidos sin observaciones y 1.672 millones de pesos en gastos observados e intervenidos por reiteración”.

Se trata, añade el medio de prensa, “de unos 2.331 millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 28% corresponde a gastos sin observaciones, mientras que alrededor del 72% corresponde a gastos observados e intervenidos por reiteración”.

A partir del análisis del gasto intervenido, es posible concluir que el mismo pasó “de 84 millones de pesos en 2020 a 236 millones en 2024, lo que representa un crecimiento de 180%”.

Por su parte, “el gasto observado e intervenido por reiteración” pasó “de 142 millones de pesos en 2020 a 618 millones en 2024, lo que implica un incremento de 340%”.

El informe realizado por Preve a partir de la respuesta del TCR concluye que “a partir del análisis de documentación a la cual se accedió a través de pedidos de informes, realizados a diferentes actores estatales, se justifica la creación de una comisión investigadora”.

Existen, se agrega en dicho informe, “que existen indicios de que se realizaron contrataciones sin respetar los procedimientos competitivos obligatorios”, así como se utilizaron de forma indebida “la contratación directa fuera de los casos habilitados”.

“Hubo observaciones del gasto que fueron reiteradas, lo que podría implicar insistencia en actos potencialmente ilegítimos”, existiendo, además, “actos administrativos carentes de motivación suficiente, congruente o veraz”, afirmó el diputado frenteamplista en su informe.

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