Nueve provincias de Ecuador se encuentran bajo régimen de vigilancia militar y policial, luego que el presidente, Daniel Noboa, decretara un nuevo toque de queda.
La medida, según informó Prensa Latina (PL), entró en vigor desde el domingo y se extenderá hasta el 18 de mayo.
La restricción de movilidad que rige desde las 23:00 hasta las 05:00, afecta al “74% de la población ecuatoriana y busca, según el Ejecutivo, reducir la violencia criminal y desarticular grupos de delincuencia organizada en el país”.
De acuerdo a lo que se establece legalmente, la medida permite que fuerzas policiales y militares ejecuten operativos conjuntos, pudiendo ingresar a “domicilios sin orden judicial previa”.
Ante eventuales incumplimientos de lo dispuesto por el toque de queda, los infractores pueden enfrentar “penas de prisión de uno a tres años”.
Desde el comienzo de su mandato en noviembre de 2023, Noboa ya ha dictado un total de 21 estados de excepción y nueve toques de queda, una medida que, de acuerdo al Gobierno se justifica ya que se afirma “que el 40% de los asesinatos ocurren de madrugada”, algo que contradice los datos del Ministerio del Interior en Guayaquil donde se documenta “que los crímenes se concentran en horarios previos a la restricción”.
Hasta el momento, informó la agencia de prensa, “los operativos han dejado más de 4.300 detenciones, con denuncias de familiares por maltratos en centros de reclusión temporales”.
Las medidas de Noboa, han producido diversas afectaciones económicas que ha despertado la preocupación en los sectores productivos, que estiman pérdidas “entre 20 y 50 millones de dólares diarios”.
Según representantes de la Asociación de Restaurantes de Pichincha, “el miedo” en la población, “paraliza la actividad comercial desde las 18:00 horas”.
Si se continúa con estas medidas, se calcula que se verán comprometidas “entre 100.000 y 150.000 plazas de trabajo, principalmente en el sector nocturno y temporal”, lo que profundizaría “la crisis económica en las zonas bajo control militar”.
