Por Manuel Rodríguez (*)
En la nota que escribí el 29 de agosto, «Del dato a la estrategia: el desafío uruguayo de crecer con equidad y productividad», sostuve que el relato de deterioro que construyeron la oposición y parte de la prensa a partir de casos puntuales —el cierre de Yazaki, el recorte de personal en UKG— no se correspondía con lo que mostraban los datos agregados de empleo, salario e ingresos de los hogares. También advertí que mejorar no es lo mismo que no tener problemas. Los datos de pobreza del primer semestre de 2026 confirman la primera mitad de esa afirmación y nos obligan a tomarnos en serio la segunda.
Lo que dicen los datos
Según el INE, la pobreza en personas bajó de 17,7 % a 14,8 % entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026: 2,9 puntos. La indigencia pasó de 1,8 % a 1,2 %, es decir, cayó un tercio. El gobierno estima que unas 95.000 personas dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza. La mejora fue todavía más marcada entre niños, niñas y adolescentes: unos 48.000 menores de 18 años salieron de la pobreza y, entre los menores de seis años, la incidencia pasó de 32,4 % a 24,9 %, una caída de 7,5 puntos que equivale a unos 17.000 niños y niñas.
Conviene recordar de qué estamos hablando. En junio de 2026, un hogar de tres personas que alquila está por debajo de la línea de pobreza si sus ingresos líquidos mensuales son inferiores a $ 58.893 en Montevideo y a $ 45.364 en el interior. No es una frontera holgada. Y que haya caído también la indigencia indica que la mejora no se limitó a quienes estaban pegados a la línea, sino que fue una mejora generalizada de los hogares de menores ingresos.
Qué explica la baja: primero el trabajo, después las transferencias
El principal factor que explica este desempeño son los ingresos laborales, aunque también incidieron otros tipos de ingresos.
En el mercado de trabajo hubo más empleo: se estima que en los primeros ocho meses del año se crearon unos 10.000 puestos y, como aumentaron los empleos formales y disminuyeron los informales, por tanto, la informalidad bajó levemente. Además, el economista Matías Brum señaló en una entrevista en Desayunos Informales que cambió la composición del empleo: algunas ramas perdieron puestos y otras los ganaron, pero en el neto el ingreso general mejoró, lo que sugiere que las personas pasaron a empleos mejor remunerados. Lo más importante, sin embargo, fue el aumento del ingreso real derivado de los aumentos por consejos de salario y de la baja inflación.
Respecto a los Consejos de Salarios, las pautas del gobierno fijaron aumentos diferenciales por franja, con mayores incrementos para los salarios más bajos. En cuanto a la inflación, cerró 2025 en 3,65 %, por debajo de la meta de 4,5 %, y en marzo de 2026 llegó a 2,94 %, incluso por debajo del piso del rango del Banco Central. Influyeron un dólar débil a nivel global, que abarató los bienes transables, y una política monetaria que acompañó ese movimiento. Como resultado, los precios erosionaron menos los aumentos salariales de lo previsto.
Ese fenómeno se ve con claridad en los sectores de ingresos más bajos. Según Brum, las mejoras de los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico y de los servicios administrativos a empresas (jardinería, seguridad) explican por sí solas alrededor de medio punto de los 2,9 de caída de la pobreza. Es decir: empleadas domésticas, jardineros/as, trabajadores/as de la seguridad movieron la aguja de la pobreza nacional. Eso no ocurrió por azar. Ocurrió porque hubo una decisión política de priorizar los salarios más bajos y porque existe una negociación colectiva en la que los sindicatos lograron acordar sus reivindicaciones. El Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, por ejemplo, no solo consiguió una mejora salarial, sino también nuevas categorías.
Entre los otros ingresos que contribuyeron a reducir la pobreza está el aumento diferencial de las jubilaciones mínimas, una política histórica de los gobiernos del Frente Amplio, y también el aumento del Bono Crianza. Desde enero de 2026 el Bono Crianza aumentó 50 % para los hogares con TUS doble y 25 % para los de TUS simple, y alcanza a unos 31.000 niños y niñas menores de cuatro años y embarazadas. Ese aumento tuvo un rol relevante en la caída de la indigencia, porque llega a los hogares más vulnerables.
Continuidad, contraste y apoyos de largo plazo
El Bono Crianza fue creado en 2022, durante el gobierno anterior, que además mantuvo buena parte de las transferencias. Esto muestra que Uruguay tiene una red de protección que sobrevive a los cambios de gobierno. La diferencia está en otro lugar, y los datos salariales ayudan a verla. Según el Instituto Cuesta Duarte, entre marzo de 2020 y mediados de 2023 el salario real acumuló 40 meses de pérdida. Además, durante el gobierno anterior el aumento extra para las jubilaciones más bajas que se entregaba en junio se descontaba en enero, lo que cortaba con la política de aumento diferencial. En estos puntos se visualizan dos modelos de país, que se traducen, por ejemplo, en los resultados de pobreza.
Hay además instrumentos pensados para un horizonte más largo. El Bono Escolar pasó de cubrir a 114.000 niños y niñas en 2025 a cerca de 180.000 en 2026 y apunta a universalizarse en 2028, con unos 300.000. Las Becas Butiá pasaron de 14.000 a unos 22.000 becarios y becarias, y se proponen llegar a 70.000 en 2029. Todavía no se conoce su impacto sobre la pobreza medida, pero su sentido es otro: sostener las trayectorias educativas hoy para que esos niños/as y adolescentes tengan mañana las oportunidades que a sus madres y padres les faltaron. No hay modelo de desarrollo posible sin personas formadas para sostenerlo.
Lo que los números no dicen
Defender los resultados no es lo mismo que celebrarlos sin matices. Quienes salieron de la pobreza siguen siendo población vulnerable: hacen changas, trabajan en el sector informal y es probable que una parte importante esté apenas por encima de la línea. Una caída de 2,9 puntos es una gran noticia, pero un ingreso mil pesos mayor al umbral no es seguridad.
Por eso importa lo que señalé en la nota anterior: la baja productividad de las MIPYMES, que concentran el 65 % del empleo, y la persistencia de salarios sumergidos y de informalidad son los límites estructurales que tiene hoy la economía uruguaya.
Lo que viene: la Asignación Única y la pregunta por los recursos
La Rendición de Cuentas dio un paso relevante: crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que unifica cuatro transferencias hoy dispersas —Asignaciones Familiares Contributivas y las del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social (TUS) y Bono Crianza— y aumenta los montos para niños y niñas de 0 a 3 años de los primeros cinco deciles. En 2027 ingresarán más de 50.000 niños y niñas, y el aumento promedio será de 82 %. Supone US$ 31 millones adicionales a los 50 ya previstos en el Presupuesto.
Lo más interesante del diseño es que no se limita a quienes están bajo la línea de pobreza: alcanza a la mitad de los hogares con menores ingresos. Funciona como un colchón frente a la volatilidad de los ingresos laborales.
Sin embargo, todavía hay un cuarto de los niños y niñas menores de seis años por debajo de la línea de pobreza, y los aumentos de la nueva Asignación, por ahora, no llegan a todas las edades. Ahí reaparece la pregunta de dónde obtener los recursos. El Congreso del Frente Amplio, reunido entre el 16 y el 18 de octubre, valoró la propuesta del PIT-CNT de una sobretasa de 1 % al patrimonio de quienes superan el millón de dólares. Más allá del instrumento que se elija, es importante que comience una discusión sobre dónde obtener recursos para extender la Asignación al resto de las edades y así acelerar la baja de la pobreza.
Brasil como espejo
Este domingo 25 de octubre Brasil define su balotaje y la comparación resulta inevitable. En julio de 2025, la FAO confirmó que el país había salido nuevamente del Mapa del Hambre; además, el gobierno de Lula logró que 24,4 millones de personas dejaran la inseguridad alimentaria severa. A esto se suma la creación de empleos —con cinco millones de nuevos puestos formales desde enero de 2023— y el liderazgo regional de Brasil en la captación de inversión extranjera directa, con casi 80.000 millones de dólares en 2025, prácticamente el doble de lo registrado por México. Sin embargo, en la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo cerca del 47 % de los votos válidos frente al 45 % de Lula, logrando una ventaja de dos puntos.
No corresponde extraer de allí una explicación cerrada, pero sí un recordatorio: los buenos indicadores no se traducen automáticamente en votos ni garantizan la tranquilidad social. Una cifra que mejora no siempre se experimenta como una vida más segura, en especial cuando en la práctica persisten empleos informales, ingresos inestables o expectativas que aún no se cumplen.
Una esperanza con condiciones
La evidencia de 2026 demuestra que las políticas con rumbo definido dan resultados inmediatos: al priorizar los salarios más bajos, enfocar las transferencias y activar la negociación colectiva, los indicadores responden con rapidez. La Asignación Única, los Consejos de Industria, la Estrategia Nacional de Desarrollo y los acuerdos entre trabajadores/as y empresarios/as en torno a la productividad son piezas de una misma pregunta: cómo lograr que esta mejora deje de depender de un ciclo favorable.
La respuesta no está escrita. Exige empleo de calidad, que la productividad se traduzca en salarios y en mejores condiciones de trabajo, un piso de ingresos para la infancia que no dependa del humor de la economía y una discusión honesta sobre quién financia todo eso. Si lo logramos, los números de este semestre habrán sido el comienzo de algo. Si no, serán apenas una buena noticia que no supimos convertir en futuro.
(*) Economista.
