Este martes el diputado de la 1001 y el Frente Amplio, Bruno Giometti, fue entrevistado en “Legítima Mañana”, para analizar la importancia de la reducción de la pobreza en 100 mil personas entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.
Giometti señaló que es un “dato muy importante” y destacó como causas de esta reducción el crecimiento del empleo, dentro de él del empleo femenino y el crecimiento de la formalidad, de cotizantes al BPS; el crecimiento de los salarios, en particular de los más bajos, con una política de aumentos diferenciados para ellos en la XI Ronda de Consejos de Salarios; el crecimiento de las jubilaciones, en particular de las más bajas, también con una política diferenciada de incrementos; y una batería de politicas públicas: crecimiento de Bono de Inicio de Clases, de las Becas Butiá, del Bono Crianza y la duplicación de la cobertura alimentaria en la Enseñanza Media.
El diputado también se refirió a la importancia del Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros para devolver el derecho a jubilarse a los 60 años, la política tributaria y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
EL POPULAR publica un resumen de la entrevista.
La reducción de la pobreza y sus causas
Preguntado sobre la importancia de la reducción de la pobreza en 2.9 puntos porcentuales en el primer semestre de 2026 indicó: “Creo que es un dato muy importante, una noticia relevante para divulgar y para explicar qué factores están detrás de esta reducción. Es cierto que la pobreza ya venía bajando desde 2025; por eso nosotros hicimos la comparación con 2024. Pero en el dato que sale ahora, el del primer semestre de 2026, se profundiza la baja: son 100.000 personas que salen de la pobreza en un año, comparado con el primer semestre de 2025. Comparado con el primer semestre de 2024, que es la comparación que hizo la 1001 y EL POPULAR, son 118 mil personas.
Eso tiene que ver con un conjunto de acciones y políticas que entraron a regir sobre todo a partir del segundo semestre de 2025 y se consolidaron en el primer semestre de 2026. En primer lugar, en el plano del trabajo: la política salarial, con aumentos diferenciados para los salarios más bajos. Los convenios colectivos de los trabajadores rurales, las trabajadoras domésticas, los trabajadores de supermercados y de la limpieza —sectores donde predominan los salarios bajos— tuvieron un aumento con un plus. Ese es el factor principal para explicar la baja de la pobreza en este último año, porque esos ajustes empezaron a regir en julio de 2025 y tuvieron un nuevo ajuste en enero de 2026.
Hay un crecimiento del empleo que además viene de la mano de la formalización: creció el empleo y creció el empleo registrado en el Banco de Previsión Social (BPS). O sea que hay también una mejora en la calidad del empleo, y sectores que seguramente estaban cerca de la línea de pobreza pudieron salir de esa situación.
Y algo muy relevante para nosotros: la mayor creación de empleo en el último año, año y medio, se dio en las mujeres. De los 26.000 puestos de trabajo que se crearon en 2025 y los 10.000 que van en 2026, la mayoría son de mujeres. La tasa de empleo femenino está en un máximo histórico. Sigue por debajo de la de los hombres, sigue habiendo brechas, pero como la mayor proporción de los hogares pobres en Uruguay son de jefatura femenina, el crecimiento del empleo femenino ayuda a explicar la salida de un conjunto de hogares de la pobreza.
Entonces tenemos crecimiento de los salarios con foco en los más bajos y crecimiento del empleo con foco en el empleo femenino.
A eso se suma el aumento de las jubilaciones mínimas, que tuvieron tres ajustes por encima de la inflación en lo que va del gobierno: julio de 2025, enero de 2026 y julio de 2026. La pobreza entre las personas mayores es más baja, así que ahí el impacto es menor, pero igual se ve: la pobreza bajó en todas las edades.
Además hay una serie de políticas que se implementaron de manera conjunta: Becas Butiá: aumentaron su cobertura y sus montos. Bono escolar: uno puede decir que 2.500 pesos de bono de inicio de cursos es poca plata, pero todo suma. Se dio de inmediato, enseguida que asumió el gobierno, en las vacaciones de julio de 2025, y hubo un nuevo bono con mayor cobertura a inicios de 2026. Bono Crianza: aumentó un 50 %; se votó en el Presupuesto 2025 y entró a regir en 2026. Va a los hogares de menores ingresos con niños. Cobertura de alimentación en Educación Media: la cobertura pasó de 20.000 a 40.000 estudiantes. No es un aumento directo del ingreso, pero libera ingresos de los hogares más pobres, que antes tenían que gastarlos en alimentación y ahora pueden destinarlos a otras cosas.
Se cumple lo que siempre dicen los economistas que más estudian estos temas: para bajar la pobreza se necesitan resultados y políticas en todas las líneas. No alcanza con las transferencias monetarias ni con que el mercado de trabajo funcione bien: tienen que darse todas esas cosas al mismo tiempo.
Eso es lo que pasó en el primer semestre de 2026. El mercado de trabajo estuvo dinámico, hubo creación de empleo, la política salarial apuntó a que crecieran los salarios, en especial los más bajos, y se profundizaron políticas para los hogares más vulnerables.
Obviamente es un muy buen resultado. 100.000 personas pobres menos en un año es un resultado relevante, lo que no quita que haya que seguir trabajando en esta dirección. Todavía quedan cerca de 500.000 personas en situación de pobreza. Hay razones estructurales que quizás no se solucionan de un año para otro: el núcleo duro de la pobreza requiere políticas sostenidas durante muchos años.
Pero esto marca que vamos en una buena dirección, tanto en el trabajo —que es lo más estructural, porque es lo que permite una salida más sostenida de la pobreza— como en algunas políticas que se vienen consolidando y dando resultados.
Consultado sobre qué medidas tienen que implementarse para evitar que estas personas que ahora superaron la línea de la pobreza vuelvan a caer, Giometti respondió:
“Eso requiere políticas de vivienda, de cuidados, de empleo; profundizar las que ya se vienen haciendo. Es lo que se llama la medición multidimensional de la pobreza. Eso no quiere decir que la dimensión monetaria no sea importante, porque la capacidad de consumo de los hogares refleja en buena medida la situación en la que viven. Pero es cierto que es más rápidamente reversible: si el mercado de trabajo se deteriora, si hay una crisis o se dispara la inflación de un mes para otro, el ingreso puede caer rápido, y si las condiciones estructurales no son sólidas, las personas que hoy salieron de la pobreza podrían volver a caer.
Creemos que en algunas de estas dimensiones más estructurales se vienen haciendo cosas importantes. En vivienda, por ejemplo, en el Presupuesto votamos duplicar los recursos para soluciones habitacionales de los sectores de menores recursos: relocalización de asentamientos, etcétera. Se hablaba de que el gobierno anterior había hecho una inversión récord de 350 millones de dólares en este rubro; nosotros la llevamos a 700 millones de dólares. Seguramente es insuficiente, pero es importante para atender una dimensión de la pobreza muy estructural y muy relevante.
En materia de trabajo, lo que siempre decimos: hay que hacer políticas activas de empleo. Está la Ley de Empleo Integral; que todavía está en implementación, pero tenemos expectativas de que genere un salto en la empleabilidad de los sectores con más dificultades para acceder al mercado de trabajo, como las personas jóvenes, las mujeres o las personas afro. Es una batería de políticas que quizás da resultados más lentos, pero más estructurales. También hay políticas de desarrollo productivo e industrial cuyos resultados son difíciles de evaluar en lo inmediato, pero es importante que el gobierno las ponga en marcha para que el ingreso de las personas al mercado de trabajo, con empleos de calidad, se sostenga en el tiempo.
En cuidado de la infancia, este año votamos en la Rendición de Cuentas algo muy importante que todavía no se refleja en los datos de la semana pasada: la Asignación Única para la Infancia. Mejora el diseño de esas transferencias, que hoy están repartidas en cuatro instrumentos distintos y se van a unificar, con un aumento importante del monto, sobre todo para los hogares en peor situación, con niños y en situación de pobreza. Es esperable que en 2027, cuando empiece a regir, tengamos una nueva mejora en los datos de pobreza y una mejor situación para los hogares con niños, sobre todo de 0 a 3 años.
Obviamente hay que continuar y profundizar estas políticas. No hay una bala de plata para resolver la pobreza ni la pobreza infantil. Se necesita que sigan creciendo los salarios, que la política salarial siga priorizando a los más bajos con un plus de aumento, que la jubilación mínima se siga incrementando todos los semestres y que no se descuente en enero, como hacía el gobierno pasado. Y siguen siendo necesarias políticas que refuercen las transferencias monetarias.
Pueden verse como caras, entre comillas, porque requieren un desembolso importante, pero son las que después tienen mayor retorno para el desarrollo. Si hoy invertimos en la infancia, si ayudamos a salir adelante a los hogares en peor situación, donde vive la mayoría de nuestros niños, eso después va a redundar en mayor desarrollo económico y social, seguramente en menos criminalidad a futuro, en menos problemas de salud mental y en trabajadores más calificados. Son resultados que quizás no se ven en lo inmediato, pero a los que tenemos que apuntar”.
El financiamiento y la necesdidad de nuevas medidas tributarias
Sobre el financiamiento de estas medidas y la necesidad de contar con recursos mayores, y, en ese cuadro, la importancia de la iniciativa para gravar al 1% más rico de la población con un 1% adicional, el diputado de la 1001 y el FA respondió: “En realidad, en el Presupuesto 2025, lo que nos permitió desarrollar una serie de iniciativas con recursos, fue que votamos un paquete de tributos orientado a que pague más el que tiene más: el impuesto mínimo global y el impuesto a las ganancias de capital en el exterior. El impuesto mínimo global recién se va a empezar a recaudar el 1 de enero de 2027, pero esas medidas permitieron equilibrar las cuentas en un horizonte de cinco años, que es el del Presupuesto, y empezar a hacer, desde el 1 de enero de 2026, políticas que cuestan recursos: el aumento de las Becas Butiá, el aumento del Bono Crianza y, obviamente, el de las jubilaciones más bajas, que corre por cuenta del Estado.
Para mí, lo que hace es confirmar que fue una buena estrategia decir: tenemos que recaudar más, el ajuste de las cuentas públicas no puede venir por el lado de la motosierra y el recorte del Estado; recaudamos más cobrándoles a las grandes transnacionales y a quienes tienen grandes riquezas atesoradas en el exterior. Eso lo hicimos en 2025, va a regir durante todo el Presupuesto y dio margen para empezar políticas que ya están mostrando resultados.
Eso no quita que haya que tener sobre la mesa, eventualmente para el año que viene o el siguiente, otras iniciativas que vayan en la misma dirección y la profundicen: sea la discusión del 1 %, sea la revisión de exoneraciones fiscales que no redundan en suficiente desarrollo productivo pero generan un gasto tributario, porque son plata que el país deja de recaudar. Hay que ir monitoreando y, si hace falta, implementar alguna de esas iniciativas, que está bien que sigan en debate, y destinar esos recursos a profundizar la reducción de la pobreza, sobre todo en hogares con niños, niñas y adolescentes.
Seguramente dentro de un año, con los datos del primer semestre de 2027, veremos si la pobreza volvió a bajar con la misma intensidad y qué pasó con el mercado de trabajo, las transferencias y las becas. Y si es necesario, habrá que aplicar políticas que permitan recaudar sin afectar el funcionamiento de la economía, con la lógica de que pague más el que tiene más, y que esos recursos vayan bien dirigidos a combatir la pobreza infantil. Eso se tiene que mantener sobre la mesa.
Lo mismo la discusión salarial y del mercado de trabajo: está la reducción de la jornada laboral, que permitiría un aumento del salario por hora, y está cómo va a seguir la negociación colectiva, si continúan los aumentos diferenciales para los salarios más bajos, que yo creo que está muy bien. Son discusiones hacia adelante que el gobierno y el Frente Amplio tendrán que ir monitoreando e implementando en lo que queda del quinquenio”.
Estrategia Nacional de Desarrollo e incentivos fiscales
Consultado en torno a políticas más generales como la Estrategia Nacional de Desarrollo, las compras públicas y las exoneraciones tributarias a inversiones, Giometti indicó: “Es muy bueno que en este período se haya conformado, a nivel del gobierno, ese espacio de discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que sea participativo. Eso le da robustez a lo que salga de ahí. Cuando lo genera solo el gobierno, tiene menos legitimidad social que si surge de un acuerdo más amplio entre gobierno, empresarios, trabajadores, academia, el Congreso de Intendentes, que ahora participa de ese espacio, y el propio Parlamento a través de la Comisión de Futuros.
El gran desafío es que el saldo de esa discusión, o el propio Plan Industrial que presentó el Ministerio de Industria hace algunas semanas, que toma elementos del proyecto País Industrial, elaborado entre el movimiento sindical y la Cámara de Industrias, tenga un correlato en las definiciones presupuestales y de política concreta. Que no quede como lineamientos abstractos, un poco académicos, sino que se ate la planificación estratégica y participativa del Estado con el presupuesto y las acciones concretas.
Ese podría ser un buen saldo de este período: mejorar la institucionalidad de la planificación del desarrollo. Hoy está la OPP, pero quienes terminan ejecutando los recursos son los ministerios, a veces de forma poco coordinada entre sí, y lo que se discute en el ámbito de las políticas de desarrollo no siempre se baja a tierra en el presupuesto.
Las compras públicas, por ejemplo, podrían ser un buen ámbito para concretar esas conversaciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo y del Consejo de Industria. Como tienen mucho que ver, no solo, pero bastante, con la industria manufacturera, se han discutido bastante en el Consejo de Industria; la ministra Fernanda Cardona lo informó. Sería bueno que eso se traduzca en cambios concretos en cómo compran las empresas públicas y los ministerios, para generar encadenamientos productivos con pequeñas y medianas empresas de la industria nacional.
También está la discusión sobre la matriz de incentivos fiscales. El Ministerio de Economía ya hizo un decreto que modificó algunos aspectos del esquema de exoneraciones actual, que es muy horizontal: no distingue demasiado el tipo de empresa, no es progresivo y, desde nuestro punto de vista, no tiene un criterio sectorial lo suficientemente fuerte. Por lo que nos han informado, el Ministerio de Economía está trabajando en un estudio de impacto de ese esquema; el último es de 2016, así que es necesario y urgente actualizarlo para reorientarlo.
No se trata de que empresas que hoy tienen exoneraciones las pierdan de un día para el otro, sino de orientarlas hacia sectores que efectivamente las necesitan para desarrollarse. Los sectores ya maduros, que tienen ganancias todos los años, quizás no necesitan esa exoneración, y eso se puede redirigir a sectores que sí. También tiene que ver con el desarrollo: que el país tenga una estrategia para orientar las inversiones hacia las áreas que considera clave para su presente y su futuro.
La nueva causal jubilatoria a los 60 años
Finalmente, Giometti fue consultado sobre la importancia del proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros y que tiene como centro crear una nueva causal jubilatoria para devolver el derecho a jubilarse a las 60 años y la posibilidad de que cuente con con los votos necesarios para su aprobación en el Parlamento. El diputado respondió: “Creo que es un proyecto al que es muy difícil que se oponga no solo Cabildo, sino cualquier sector de la oposición, más allá de que Álvaro Delgado ya salió a decir que están en contra porque la ciudadanía ya había decidido, etcétera. Es un proyecto que a la derecha la pone muy incómoda, porque es una fórmula que permite recuperar la libertad de decidir. A los que son tan fanáticos de la libertad individual: esto lo que permite es que cada persona decida si se jubila a los 60 o si posterga la jubilación, como de hecho ya hace la mayoría. Hoy la edad jubilatoria efectiva promedio es de 63 años, casi 64.
Lo otro importante es que la fórmula es compatible con el equilibrio financiero del sistema: según los estudios que presentaron el BPS y el Ministerio de Economía, no generaría un desequilibrio de las cuentas.
Y hay una filosofía que es importante destacar, que refleja la visión de izquierda del gobierno: esto no se hace al barrer, como hizo el gobierno pasado con el aumento de la edad a 65, sino de manera diferenciada. A un tercio de los trabajadores se le garantiza que, jubilándose a los 60, va a cobrar lo mismo o más que antes de la reforma de Lacalle Pou, es decir. Los trabajadores de los deciles 1, 2 y 3, el 30 % que está peor, van a estar igual o mejor que antes de esa reforma si se jubilan a los 60. Es una muy buena noticia para ese sector.
Para los trabajadores de ingresos medios y altos, el criterio es progresivo: si se jubilan a los 60 en lugar de postergar hasta los 64, 65 o más, se aplica un descuento según una fórmula que todavía no está clara, porque no conocemos el proyecto de ley. No te podría decir exactamente cuánto sería en comparación con lo que cobraban antes de la Ley 20.130, porque también depende de dónde se ubiquen en la distribución. El criterio es proteger a ese tercio más pobre y afectar al resto en mayor medida cuanto mayor sea su ingreso y su historial de aportes, que de algún modo refleja su ingreso a lo largo de la vida laboral.
Es una fórmula que protege a los trabajadores, protege más a los que más lo necesitan y asegura el equilibrio financiero del sistema. Calculo que los votos van a estar. Cabildo participó en el Diálogo Social, así que es bastante esperable que la vote. Y el resto de la derecha, si no la acompaña, va a tener que explicar por qué: es una medida claramente favorable a los trabajadores que no compromete la estabilidad financiera del sistema”.
