El Congreso de Honduras aprobó el pasado martes una Ley que ha sido considerada por diversos sectores sociales, como una normativa que “traslada el histórico conflicto por la reforma agraria del ámbito social al penal, legalizando desalojos forzados sistemáticos”.
La ley, de acuerdo a lo informado por TeleSur, “declara inafectables los terrenos de grandes productores”, facultando a la policía y militares para que intervengan “directamente ante ocupaciones de tierras productivas”.
Según denunció la dirigente rural Lilian Borjas, “el uso de fuerzas militares busca desatar persecución y asesinatos para amparar el despojo agrario de la oligarquía terrateniente”.
De acuerdo al defensor de derechos humanos Edy Táboya, la nueva legislación “es inconstitucional y racista”, ya que “criminaliza a los sectores vulnerables que luchan por la tierra y el derecho a una vivienda digna”.
En el Parlamento, señaló la agencia de prensa, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramiro Lobo, advirtió “que la ley desatará confrontaciones violentas” entre campesinos y los cuerpos represivos de seguridad estatal.
Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) se alertó que la ley aprobada constituye un “grave retroceso (…) para los derechos de “las comunidades indígenas y afrodescendientes”.
En rechazo a la ley, colectivos campesinos han iniciado “jornadas de movilización popular en las principales regiones agrícolas”, exigiendo derogación inmediata de la normativa.
