Mientras el gobierno salvadoreño presenta la política de Seguridad Pública desarrollada por el presidente Nayib Bukele, como un ejemplo para otros países de América Latina, datos producidos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), revelaron que la tasa de prisionización en el país centroamericano se situó en 1.963 privados de libertad por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025.
De acuerdo al estudio, las prisiones salvadoreñas registran un hacinamiento carcelario de un 261%, existiendo, hasta diciembre de 2025, 118.369 personas privadas de libertad recluidas en sus diferentes prisiones.
El sistema penal del país cuenta con capacidad para 30.864 personas, por lo que, para diciembre del pasado año se reportaron 3,8 prisioneros por cada plaza prevista.
“Del total de personas encarceladas”, consignó la agencia AFP, “103.837 se encuentran en las cárceles comunes del país, mientras que 14.532 personas están recluidas en la megacárcel de alta seguridad Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, considerada el ícono de la lucha contra las pandillas del gobierno del presidente Nayib Bukele.
En el caso específico del Cecot, la capacidad de ocupación es de “un 36% de su capacidad nominal de 40.000 privados de libertad”, lo que sinifica que la misma “está vacía en casi dos tercios”.
En el informe se subraya “que el hacinamiento global estimado (118.369), considerando la capacidad tradicional (30.837), más el uso parcial del Cecot (14.532), alcanzó un porcentaje de un 261%”.
Ello implica, se subraya, «que la población penitenciaria equivalía a 2,6 veces la capacidad efectiva considerada».
Si el Cecot, añade el estudio, “estuviera ocupado en su totalidad, el hacinamiento seguiría siendo de aproximadamente 167%», dato que “muestra que el problema no es coyuntural, ni se resuelve únicamente con infraestructura penitenciaria».
De acuerdo al estudio de la Universidad Centroamericana (UCA), «el hacinamiento funciona como factor multiplicador de vulneraciones a derechos y se vincula con riesgos para habitabilidad, higiene, salud, alimentación, seguridad, trato digno, integridad física y psíquica, así como con muertes por falta de atención médica o condiciones incompatibles con la dignidad humana».
La política desplegada por el gobierno salvadoreño, fundada en cuatro años de vigencia, del régimen de excepción ha dejado a más de 92.300 personas detenidas calificadas como pandilleros o colaboradores de los mismos.
El régimen de excepcionalidad aprobado en marzo de 2022, ha traído como consecuencia que existan unas 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, estimándose, además “que más de 500 personas han muerto bajo custodia del Estado”.
En marzo del pasado año, recuerda la agencia de prensa, organizaciones no gubernamentales alertaron “que El Salvador tenía la tasa de presos más alta del mundo, con 1.824 privados de la libertad por cada 100.000 habitantes, en ese momento”.
