El titular de Agricultura, Pérez Brito señaló que la aprobación de esta ley responde a la necesidad de actualizar las regulaciones sobre la tierra en correspondencia con la Constitución de la República, los compromisos internacionales asumidos por Cuba y las transformaciones económicas y sociales en curso.
La nueva norma da continuidad a los fundamentos de la Ley de Reforma Agraria y no constituye un nuevo proceso de reforma agraria. En ese sentido, mantiene principios como la prohibición de la concentración de tierras, el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios, así como el límite de la propiedad privada sobre la tierra hasta 67,10 hectáreas, equivalente a cinco caballerías, con las excepciones establecidas para los beneficiarios de la primera Ley de Reforma Agraria.
También ratifica el principio de “la tierra para quien la trabaja” y el derecho preferencial del Estado en la transmisión onerosa de tierras.
Construcción participativa
El titular de Agricultura también dio cuenta de que la elaboración del proyecto como el proceso legislativo “más participativo y extenso” realizado por ese organismo.
Detalló que desde 2022 se conformó un grupo de trabajo integrado por 53 especialistas que desarrolló las propuestas de políticas y normas jurídicas. En la construcción del texto participaron productores, cooperativistas, campesinos, dirigentes, instituciones académicas y organizaciones especializadas.
Como parte de las consultas, participaron más de 300 personas de manera presencial y más de 19.000 mediante plataformas digitales. Además, se realizaron intercambios con 6941 personas, de ellas 1890 cooperativistas y campesinos, lo que permitió incorporar 98 modificaciones al proyecto.
Luego de la presentación de la iniciativa legislativa por el Consejo de Ministros, las comisiones parlamentarias realizaron talleres provinciales y consultas con diputados. En esos procesos se recibieron cientos de criterios que derivaron en nuevas modificaciones al texto.
Pérez Brito resaltó igualmente el acompañamiento técnico de organismos internacionales, así como la participación de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Derecho Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Innovaciones
Entre las novedades de la ley se establece el reconocimiento expreso de los derechos de campesinos y otros productores agropecuarios y forestales, así como la actualización de conceptos relacionados con la propiedad, posesión y uso de la tierra.
La legislación reconoce la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas al turismo rural, ecoturismo y agroturismo en tierras agropecuarias y forestales, y establece el acceso a la vía judicial para la solución de conflictos agrarios, una posibilidad que actualmente se tramita fundamentalmente por la vía administrativa.
También actualiza las infracciones relacionadas con el uso y protección de la tierra y fortalece las decisiones colegiadas y la descentralización en los procesos vinculados con la entrega y control de tierras.
Pérez Brito explicó que se establece la inscripción gradual de las tierras en el Registro Central de la Propiedad de Bienes Inmuebles, así como la creación de un registro de tierras destinado al control de su uso, posesión y entrega en usufructo.
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con los mecanismos para la entrega de tierras.
La ley flexibiliza los procedimientos para otorgar tierras en usufructo a personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, siempre que estén vinculadas a proyectos productivos, y permite la entrega a micro, pequeñas y medianas empresas privadas o mixtas cubanas.
Asimismo, autoriza que las cooperativas, sus asambleas generales y las empresas estatales puedan participar en la entrega de tierras bajo su administración, con la responsabilidad de garantizar posteriormente el control y explotación adecuada de esas áreas.
El ministro señaló que el objetivo es incorporar más personas al trabajo agrícola, aprovechar mejor las tierras ociosas y deficientemente explotadas e incrementar la producción de alimentos.
“Lo que hace falta es ir a la tierra a producir”, afirmó.
Pérez Brito recordó que aproximadamente el 80% de las tierras en Cuba son propiedad estatal socialista y son administradas por empresas estatales, mientras que el resto corresponde a productores privados, una realidad que también es contemplada en la nueva legislación.
La Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal constituye, según explicó el ministro, una actualización integral del marco jurídico para favorecer el uso eficiente de la tierra, fortalecer la producción nacional de alimentos y garantizar una gestión sostenible del patrimonio agropecuario y forestal del país.
. Con información de Cubadebate
