“Acá es lo que no se quiere es organización sindical” sostienen los trabajadores que denuncian indiferencia del MTSS.
Pablo Silva Galván
Desde hace 99 días los trabajadores de Acodike Supergas mantienen un conflicto con la empresa en defensa de su organización sindical, de su derecho a sindicalizarse y de los puestos de trabajo. A lo largo de estos más de tres meses han ocupado la planta de Camino Lecoq en reiteradas oportunidades, se han manifestado, movilizado, han sido sancionados incluso con denuncias ante la Justicia penal, y no obstante siguen negociando en el Ministerio de Trabajo en procura de una solución que, sin embargo, aparece como lejana.
Esta semana estuvieron en la Comisión de Legislación del Trabajo donde plantearon su situación “más allá del conflicto, por la manera en que se ha desarrollado”. Entienden que en este tiempo “se ha incurrido en algunas ilegalidades por parte de la empresa”, situación ante la que el Ministerio y la Dirección Nacional de Trabajo “han sido totalmente indiferentes”, dijo a EL POPULAR Andrés Guichón presidente de la Asociación Laboral de Funcionarios del Supergas (Alfas). Sostuvo que, para el sindicato, más allá del conflicto, “ya de por sí gravísimo, vemos que se den estos hechos y no pasa nada”.
Indicó que para Alfas “no se puede sancionar trabajadores por tomar una medida sindical. Prácticamente todos los trabajadores sindicalizados que han tomado medidas ya han sido sancionados y suspendidos”.
Cada vez que el sindicato resuelve un paro con movilización y/o asamblea, “cualquier movida que haga”, la empresa “suplanta a los funcionarios con trabajadores no sindicalizados y con tercerizados. Eso también es una ilegalidad. Para nosotros es gravísimo que se esté negociando, entre comillas, porque en este momento no hay ámbito de negociación, y que se estén dando esas prácticas”.
“Se puede exceder en ilegalidades que nadie va a hacer nada”, sentenció. Y reflexionó que se está ante un tema delicado, “ya no es solo un conflicto laboral o la negociación colectiva, sino que justamente se está cayendo en ilegalidades, que denunciadas ante las autoridades no pasa nada. Que se esté haciendo caso omiso a eso nosotros lo vemos como grave”.
Guichón dejó en claro que el conflicto “viene muy largo” y “obviamente que en el rol que tenemos como movimiento sindical, independientemente de la cantidad de días o de personas implicadas, es de orden pelearla hasta las últimas consecuencias. Más en el contexto en que se ha dado este conflicto”.
Por eso consideró que “no hay ninguna salida a corto plazo”. No obstante “sabemos lo que son las negociaciones y todo puede cambiar de un momento para el otro. También pesa en qué condiciones se da, porque si la empresa tiene las manos libres para hacer lo que quiera más allá de las leyes, y puede recaer en ilegalidades que no pasa nada, va a estar más difícil. Ahora si realmente las cosas se dan dentro de un marco legal estamos en condiciones para negociar”.
Dejó en claro que la situación es compleja para las dos partes, porque “obviamente está complicación a lo que lleva es que esto se profundice y ya deja de ser un problema entre Acodike y el sindicato, sino de todo el movimiento sindical. Y no solo contra las empresas, sino que también contra el gobierno, porque acá se está permitiendo que se castigue por ser trabajador organizado”, sostuvo.
Para el sindicalista “lo que ha dejado en claro todo este conflicto es que se está sancionando trabajadores por su condición de sindicalizados”.
“No hay otra explicación, no es que no haya trabajo, no es que la empresa esté en quiebra, no es nada de eso. Son trabajadores con buenas evaluaciones, con antigüedad en la empresa. Acá lo que no se quiere es organización sindical”, sentenció.
“Es difícil entender que en pleno 2023 no pueda tener acceso al trabajo por estar sindicalizado. Es gravísimo”, subrayó.
Bueno, si el conflicto ha recorrido diferentes caminos, las justificaciones de las empresas ha sido un abanico amplio.
Desde sus orígenes
Recordó que el conflicto se origina tras la firma de los nuevos convenios con Ancap y que ha seguido diversos caminos. “Las justificaciones de la empresa incluyen un abanico amplio”, señaló.
“Una de las justificaciones en su momento fueron los contratos de Ancap. No porque estén en una situación problemática ahora, sino a futuro. Ven que ante nuevas licitaciones necesitan bajar los costos a como dé lugar para que otro no me gane la licitación. Ese es su razonamiento”.
“Esa es la realidad, pero no puede valer todo. Está bien que se puedan tomar diferentes medidas para achicar los costos, nos podemos poner de acuerdo, pero nunca persiguiendo al sindicato o precarizando el trabajo”, precisó. Y dejó en claro que “en esas condiciones nosotros no podemos negociar”.
Ante esta situación el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha tenido una postura ambigua, “rara” al decir de Guichón. “Ha sido un poco rara. Luego uno se va acostumbrando de qué ese es el rol que cumple. Por un lado, demuestra molestia contra la empresa y nos dice a nosotros que están todos muy enojados. Reconocen todo lo bueno que ha hecho el sindicato lo malo que ha hecho la empresa, pero a la hora de tomar decisiones la toma de favor de esta. Hace caso omiso a todo esto que denunciamos y está jugando un rol fundamental a favor de la empresa. Luego, cuando nosotros tomamos una medida sindical, que el Ministerio la desactiva de inmediato y ni siquiera propone ámbitos como para presionar a que se llegue a un acuerdo, así es muy difícil”, precisó ilustrando la conducta que ha mantenido la cartera encabezada por Pablo Mieres.
En consecuencia “hace muchísimo tiempo que no hay un ámbito de negociación”. No obstante, los trabajadores han presentado propuestas, pero “acá no solo es que se está rechazando las propuestas del sindicato, sino que también la empresa rechaza las propuestas del Ministerio de Trabajo, entonces, bastante afín a la empresa ha sido su actitud”.
Sobre el rol de Ancap y su presidente, quienes sostuvieron en su momento que ningún empleado iba a quedar sin trabajo, no vaciló en calificarlo como “una vergüenza”. “La respuesta que dio a los trabajadores fue que en el momento en que se iniciaron los nuevos contratos los funcionarios tenían trabajo, lo que haya pasado un mes después son decisiones de una empresa privada que nada tiene que ver con el rol de Ancap. Esa es la manera de lavarse las manos que tienen”.
Ahora, a 99 días de conflicto los trabajadores mantienen el campamento frente a la entrada de la planta industrial. “Necesitamos que esto vaya a más en el movimiento sindical. Nosotros hemos parado, movilizado, ocupado, nos han sancionado, nos han denunciado penalmente, es momento que esto se profundice”, concluyó Guichón.
Foto de portada
Manifestación del Sindicato de Trabajadores de Acodike en la Planta de Acodike en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
