El gobierno nacional y los gobiernos departamentales alcanzaron un acuerdo sobre el monto y la forma en que las intendencias departamentales recibirán fondos nacionales en este período.
Luego de varios días de negociaciones entre el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), cuando vencía el plazo para llegar a un acuerdo, la intervención personal del presidente de la República, Yamandú Orsi, que tuvo una conversación directa con el presidente del Congreso de Intendentes, el jefe comunal sanducero, Nicolás Olivera y luego concurrió a la reunión del Congreso, destrabó la situación.
Se trata de un acuerdo relevante, con actores políticos importantes; sobre una relación institucional sustantiva, entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales; involucra un monto de recursos significativo y por su alcance tiene repercusiones en el panorama político general.
Antes de profundizar en los detalles del acuerdo es conveniente recordar que la Constitución establece la obligatoriedad para el gobierno nacional de destinar recursos a las intendencias, no establece el monto, el que es negociado en cada período. El otorgamiento de estos fondos tuvo muchas idas y venidas a lo largo del tiempo, fue muy discrecional durante los gobiernos de los partidos Colorado y Blanco, sin demasiados controles, ni contrapartidas y con claro sesgo partidario en la asignación. Con la llegada del Frente Amplio al gobierno, en particular en la primera administración de Tabaré Vázquez, se establecieron criterios, compromisos de transparencia y no se hicieron distinciones partidarias en la asignación de fondos. El gobierno de la coalición de derecha, encabezado por Lacalle Pou, rebajó los controles y volvió a la discrecionalidad política, eliminando, por ejemplo, el Fondo Metropolitano y recortando recursos para Montevideo y Canelones.
El acuerdo alcanzado mantiene en un 3.33% de la recaudación general del Estado el monto a asignar a las intendencias, unos 800 millones de dólares anuales, bastante más que los 500 millones del período anterior. Se establece un nuevo instrumento el Fondo de Inversiones Estratégicas, con 80 millones de dólares, que se podrán ejecutar entre el 2027 y el 2029; 45 millones de dólares serán para Montevideo y Canelones y 35 millones para el resto del país. Se introduce una modificación en la administración de los recursos del Fondo para el Desarrollo del Interior, que era de 60% por el Gobierno Nacional y 40% por las intendencias y pasa a 55% y 45%, lo que habilita 42 millones de dólares más para las intendencias. Se establecen compromisos de gestión sobre los rubros que se reciban, controles de la OPP, exigencias de transparencia y pautas también para los rubros de los municipios.
