Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Chile realizó duros cuestionamientos al Informe “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, firmado por el General Ricardo Martínez Menanteau.
“A casi 49 años del golpe cívico militar, a 31 años de gobiernos post dictadura”, comienzan señalando las Agrupaciones, “el Comandante en Jefe del Ejército, imputado y rebelde ante una citación judicial por fraude; y en un informe de 120 páginas, señala que en Chile hubo un golpe cívico militar”.
El militar, agregan, “justifica la acción militar en el acuerdo de la cámara de diputados de agosto de 1973; señala que miembros del Ejército asesinaron al general René Schneider; que asesinaron al General Carlos Prats y su señora Sofía Cuthbert; que el General Sergio Arellano, delegado de Augusto Pinochet dirigió la Caravana de la Muerte que se desplazó a lo largo de todo el territorio asesinando a civiles detenidos e indefensos, que miles de chilenos fueron torturados por agentes del Estado pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad; que la acción represiva se extendió hasta el gobierno de Patricio Aylwin (primer presidente civil post-dictadura), con el asesinato de Eugenio Berríos que, como la Operación Cóndor extendió su brazo criminal, coordinado con otras fuerzas extranjeras, más allá de las fronteras del territorio nacional; que el ejército que representa tuvo relaciones con la agencia de inteligencia norteamericana “CIA”, para propiciar el golpe cívico militar e impedir la presidencia legítima de Salvador Allende, subordinando la soberanía nacional a los intereses de un potencia extranjera, y a los intereses de una clase social cuyos privilegios se sintieron amenazados por el gobierno de la Unidad Popular”.
Sin embargo, critican las asociaciones de víctimas del terrorismo de Estrado, “no hay ninguna condena, por parte de Martínez al golpe cívico militar”.
En su informe, señalan, “el ex General Ricardo Martínez pretende separar la acción del Ejército en tres funciones, como si se tratara de tres Ejércitos distintos”.
Del mismo modo denuncian que “Ricardo Martínez avala la obediencia debida para justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejercito era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar”.
El informe del militar fue dado a conocer “a dos días de su renuncia y a dos días de asumir la misma conducta, rebelde y no colaborativa con la acción de la justicia, que hicieron los militares responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”, continúan expresando las Agrupaciones de derechos humanos de Chile.
“Ellos tienen el conocimiento del destino final de cada una y uno de los detenidos desaparecidos y no entregan la información, manteniendo el Pacto de silencio al no revelar, donde están nuestros familiares”, enfatizaron, al tiempo que advirtieron “que todos los hechos, que en apariencia son reconocidos, constituyen una verdad que ha sido develada con el esfuerzo y la perseverancia de los familiares de las víctimas y las propias víctimas, con movilización social, y a través de los procesos judiciales y las sentencias de los tribunales, todas condenatorias de los crímenes del General Schneider, del General Carlos Prats y Sofía Cuthbert, de la caravana dirigida por el general Arellano que asesinó cumpliendo órdenes de Pinochet, de Tucapel Jiménez, de Eugenio Berríos, de los miles de prisioneros políticos detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados”.
Para las agrupaciones chilenas, “no tiene ningún mérito el informe del comandante renunciado e imputado por fraude. Ha tenido que esperar las sentencias judiciales para tratar de exculpar sus responsabilidades históricas como cómplice pasivo”.
Ricardo Martínez, según consigna el portal de noticias KaosenlaRed, había declarado a la prensa que era “injusto atribuir al Ejército en su conjunto la responsabilidad por las violaciones de los Derechos Humanos”.
A estas declaraciones, las asociaciones de familiares de las víctimas de la tiranía pinochetista contestaron que, “se equivoca el General imputado: Hubo acciones criminales como parte de una política de Estado ejecutadas por las Fuerzas Armadas que asumieron el mando supremo de la nación el 11 de septiembre de 1973, y que se extendió algunos años después de terminada la dictadura cívico militar. El ethos militar sigue mancillado por la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional en sus filas”.
En este sentido, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos denunciaron, una vez más, que, “el Ejército no ha colaborado para establecer la verdad y hacer justicia, la impunidad está vigente, los archivos de la represión, en manos de la DINE, fueron quemados por funcionarios del Ejército. No ha existido colaboración. Por el contrario, lo que existe es obstrucción a la justicia como parte de los pactos encubiertos y de silencio, avalados por la civilidad, que no son cómplices pasivos, son activos defensores de la impunidad porque con ello eluden su responsabilidad penal, y además guardan silencio frente a este informe. Siguen los procesos abiertos y las víctimas y sus familiares siguen esperando una justicia tan esquiva como mezquina”.
