Esta semana estaremos presentando una nueva ampliación de la denuncia por el acuerdo ilegal firmado entre el gobierno y la empresa Katoen Natie, para el Puerto de Montevideo.
Desde que se presentó la denuncia hasta la fecha, han surgido nuevos elementos que fortalecen la hipótesis que fundó la denuncia: el Poder Ejecutivo actuó por fuera del ordenamiento jurídico, con engaño y simulación, buscando torcer las normas para adaptarlas a los intereses de Katoen Natie.
Los nuevos hechos que se denuncian, vuelven a evidenciar la falta de transparencia con que viene manejándose el gobierno en este asunto. En este sentido, se ponen sobre la mesa una serie de elementos que demuestran que los hechos que —oportunamente— se denunciaron, tenían asidero.
Sin ir más lejos, recordemos que en el año 2021, se solicitó a Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Administración Nacional de Puertos, que informaran si existían informes jurídicos previos que justificaran la suscripción del acuerdo. Luego de idas y vueltas, la respuesta final del Poder Ejecutivo, fue que no existían dichos informes.
Sin embargo, tiempo después, tomamos conocimiento que dentro de la Administración Nacional de Puertos (ANP) existía un informe jurídico de 2019 que refería específicamente al objeto de la controversia. Resulta evidente que la voluntad del gobierno fue ocultar el referido dictamen y así, justificar la ilegalidad adoptada. En este sentido, el dictamen de la jurídica de la ANP, expresaba que era absurda la pretensión de Katoen Natie de tener preferencia o exclusividad en base al decreto de 1994.
Por tanto, violando la Ley de acceso a la información pública, se ocultó —de forma deliberada— un informe jurídico que era adverso a la suscripción del acuerdo.
El ocultamiento fue adrede, ya que el propio presidente de la ANP, Juan Curbelo, lo conocía de primera mano. Curbelo, siendo director vocal conoció el referido dictamen y luego, como presidente, dispuso que se paralizara dicha resolución.
A todo esto, se suma la acción de no haberle dado trámite al expediente relativo al Plan de Inversiones de Katoen Natie, permitiendo que quede aprobado de manera ficta.
Otro aspecto denunciado refiere a la vergonzosa actuación desarrollada por la mayoría de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) ante la solicitud de informe realizada por el Fiscal de la causa. Primero, de manera arbitraria no se permitió incluir en la resolución, la discordia presentada por la vocal frenteamplista Dra. Ana Ferraris. Parece increíble que un órgano colegiado como la JUTEP haya privado a la vocal de su derecho a dejar asentada su opinión, aunque fuese minoritaria. Pero, además, la mayoría del directorio de JUTEP invoca una supuesta resolución del Tribunal de Cuentas (TCR) para afirmar que Juan Curbelo no había cometido irregularidades, cuando, en realidad, el propio TCR afirmó exactamente lo contrario.
Parecería que ni siquiera se tomaron la molestia de analizar el caso y alguien, de forma equivocada y desprolija, lo hubiera hecho por ellos. Pero, más allá de esto, mucho más vergonzoso es el doble rasero que aplica la JUTEP con relación a otros casos vinculados a la administración anterior.
A esta altura, y luego de haber transitado toda esta etapa de la indagatoria fiscal, podemos concluir que se reafirman las irregularidades que oportunamente fueron denunciadas.
Existen reiterados actos de arbitrariedad que se dieron en el marco de la firma de este acuerdo y que hemos denunciado ante la Justicia y a nivel político. No hemos dudado en tildar este acuerdo como la mayor entrega de la soberanía de los últimos 100 años y tampoco hemos dudado en afirmar que, para que eso ocurra, se debe violar el ordenamiento jurídico, como efectivamente ocurrió.
En definitiva, con esta ampliación de denuncia damos un paso más en el camino de revisar esta política nefasta, que antepuso los intereses particulares a los intereses del país.
Dr. Charles Carrera Leal, Senador de la República (MPP/FA)
