APU y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

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Por Fabián Cardozo (*)

Luego de una accidentada discusión parlamentaria, la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados se apresta a votar el texto de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “Ley de Medios”.
Con su aprobación este proyecto derogaría la ley de medios vigente votada en 2014. En base a algunos datos, especialistas consideran a este nuevo texto como “un traje hecho a medida” de los empresarios de la comunicación, restableciéndose una serie de privilegios y desandando la consagración de derechos ciudadanos de participación y consumo de la producción audiovisual.
La sociedad civil organizada en la llamada “Coalición por una comunicación democrática” ha decidido enfrentar esta situación y expresar una serie de planteos y preocupaciones sobre los contenidos del nuevo proyecto.
Trabajadores sindicalizados de los medios, academia y organizaciones no gubernamentales confluyen en una única plataforma, definiendo al texto como de “retroceso en derechos, concentración, transparencia y participación ciudadana”.
En cuanto a la concentración y extranjerización de los medios uno de los asuntos que más controversias ha traído es su artículo 48 que permite a los dueños de televisión por cable vender servicios de internet y banda ancha. Esta disposición avanza sobre el monopolio de suministro de internet de ANTEL, temática que estaba incluida en la Ley de Urgente Consideración y luego fue removida de allí por las críticas y cuestionamientos a los que se enfrentó.
Además, el proyecto plantea derogar casi todas las disposiciones que actualmente ponen límites a la concentración de la propiedad de la televisión para abonados, eliminando limitantes de empresas extranjeras a comprar medios en Uruguay, lo cual podría significar la extranjerización de los medios de comunicación uruguayos incluyendo hasta los derechos sobre la comercialización de internet.
En aspectos como transparencia y participación ciudadana, desaparece en el nuevo proyecto el Consejo de Comunicación Audiovisual, cuyo cometido era el de asegurar que la regulación de los medios audiovisuales esté en manos de una entidad lo más independiente posible de los gobiernos.
También se eliminaría la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), integrada con una gran pluralidad, participando en la misma estructura gobernantes, empresarios y trabajadores y cuyo cometido iba en el mismo sentido.
A distancia del relato oficial sobre que este organismo no funcionó, quienes participamos en él podamos dar cuenta de sus reuniones en forma mensual, con amplia participación de todos los sectores que tomaron decisiones estratégicas sobre políticas de comunicación comerciales y comunitarias.
Con la desaparición de la CHASCA se pierden también las audiencias públicas de participación ciudadana cuando se asigna una frecuencia de radio o televisión, junto con ella, las audiencias públicas y los procesos competitivos y transparentes para la asignación de frecuencias.
Asimismo, desaparece otro organismo, que es la Defensoría del Público, que la Ley Nº 19.307 le asignó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, para mediar en situaciones de conflicto entre las audiencias y los contenidos emitidos por los medios.
También se elimina la existencia de una Comisión Honoraria Asesora integrada por la sociedad civil, la academia y los trabajadores, de los medios de televisión y radios públicas, la cual tenía como cometido el asesoramiento del sistema público de radio y televisión nacional. Cuando estamos en tiempo de discusión sobre el papel y el significado de los medios públicos, afectados además por la inestabilidad laboral producto de contratos a término, parece peligroso que desparezca del texto un grupo de trabajo, que si bien nunca funcionó, parece clave para que exista un verdadero contralor social sobre el rumbo de la inversión hecha por el gobierno en el medio que financia.
Sustituirlo (como ha llegado a manejar la actual dirección) por un grupo de “expertos” o “notables” pero que sean seleccionados por el mismo poder político no parece ser la mejor de las soluciones ni estar alineada al discurso de “transparencia” que dicen pregonar.
En cuanto a la protección a niños, niñas y adolescentes, el capítulo relativo a derechos de la infancia fue eliminado del proyecto de ley, manteniéndose únicamente dos artículos: el 42 que refiere a la programación apta para todo público; y el 56 que hace referencia a la publicidad protagonizada por niños.
Al tiempo se eliminan una serie de artículos de la ley 19.307: la protección al derecho a la privacidad de niños, niñas y adolescentes; la limitación a transmisión de contenidos con extrema violencia, incitación al consumo de drogas, pornografía, entre otras, dentro del horario apto para todo público; las regulaciones de publicidad dirigidas a niños, etc.
Todo esto es más que preocupante.
En cuanto a las personas con discapacidad, se les quita el derecho a recibir contenidos con lengua de señas en distintos programas y se la restringe únicamente a programas informativos.
Por otro lado, y sorpresivamente, sin que quede claro que intereses “empujan” a tal decisión , se elimina el artículo 42 de la Ley Nº 19.307 que garantiza el derecho de los periodistas a negarse a acompañar con su imagen, su voz o su nombre contenidos de su autoría, que hayan sido modificados sin su consentimiento.
La necesidad de defender este artículo es una bandera que hemos defendido con vehemencia y energía desde la Asociación de la Prensa Uruguaya
Son profundos los retrocesos en cuanto a democratización y transparencia. Fuertes desregulaciones, muchos medios en pocas manos y afectaciones a la libertad de expresión, que traerán sin dudas un empobrecimiento de las garantías ciudadanas democráticas.
En estas horas sabremos finalmente si el poder político tomará en cuenta los diversos planteos que se han realizado desde la sociedad civil y que espacio tendrá la oposición para su estrategia de “reducción de daños”.
De esta manera, que no es la mejor, llegamos a la votación de un proyecto de ley que claramente está en la agenda de intereses de las grandes empresas y que es considerado por el gobierno de Luis Lacalle Pou como una de sus tres leyes más importantes.

(*) Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU.